A tres meses de que finalice este año, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ya le anunció al país que en 2024 se reducirán considerablemente los contratos de prestación de servicios. Y, al contrario, las personas pasarían a ser contratadas, en algunos casos, bajo otra figura de planta.
“Las órdenes de prestación de servicio en el Estado las vamos a acabar”, anunció tajantemente.
Dijo: “Ya tenemos unos procesos de meritocracia y, desde luego, para el año entrante disminuirán ostensiblemente porque no es justo, es lo que yo llamo los contratos basura, no es justo que las personas trabajen 12 meses y les paguen ocho″, argumentó la ministra.
Esta no es la primera vez que el gobierno de Gustavo Petro habla de acabar los contratos de prestación de servicios. De hecho, desde que el primer mandatario se posesionó en la Presidencia anunció que la medida empezaría a regir desde 2023.
Sin embargo, su orden quedó en veremos porque sobre el terreno no es tan sencillo como parece.
De hecho, la propia ministra Gloria Inés Ramírez le salió al paso en su momento y le aclaró al país que la medida debía ser aplicada en el Estado de forma paulatina, porque deben existir estudios de planta de personal junto con la Función Pública que determinen cuáles son las verdaderas necesidades de las entidades públicas.
Además, argumentó temas financieros. “Sin las apropiaciones presupuestales correspondientes, por cuanto el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades públicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa (…). Sino también imponen una carga imposible de ejecutar”, indicó en una carta que Ramírez le envió a la Función Pública.
“Que un trabajador o una trabajadora sepa que se va hacia allá y que un empleador sepa que cuando va a generar un trabajo, tiene que generarlo con unos mínimos niveles de estabilidad, en vez de poner tres o cuatro, que coloque uno, pero bien. Avanzamos, aumentamos empresas, las consolidamos, pero sin precarización laboral”, explicó en su momento la ministra.
Por ahora, no se conoce qué entidades del Estado empezarán a eliminar paulatinamente los contratos de prestación de servicio, pero se estima que podrían ser algunas entidades del Gobierno nacional.
De momento, el Ministerio de Trabajo no ha impartido oficialmente un lineamiento a alcaldías y gobernaciones para que entren en la misma modalidad. Al fin y al cabo, en octubre de 2023 el país elegirá nuevos alcaldes y gobernadores que deberán examinar las finanzas de cada localidad para tomar una decisión de fondo frente al tema. El Estado, además, ha querido que la medida se extienda también al sector privado.
Sin embargo, distintos sectores han coincidido que sería un golpe financiero para centenares de empresarios pequeños que, además del salario, tendrían que responder, en adelante, por la seguridad seguridad social, primas, vacaciones, liquidaciones y otras prebendas de ley de sus trabajadores.
Uno de los temas que examina con lupa el Ministerio de Trabajo es que no todos los empleados podrían contratarse por carrera administrativa o planta, como se les llama en las entidades del Estado, porque hay trabajos temporalmente en el área de la construcción que tienen un objetivo puntual y se requieren en días o semanas.
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