SEMANA (S.): ¿Qué opina de que se le haya abierto la puerta a un disidente como Iván Márquez para negociar nuevamente con el Estado?
CARLOS FERNANDO MOTOA (C.F.M.): Es un desacierto que se abra nuevamente la posibilidad a quien ha defraudado, no solamente a la justicia, sino también al país y que se le presente hoy una alternativa de un acuerdo de paz con el gobierno actual. En los debates, tanto en las comisiones como en la plenaria, advertimos lo inconveniente e inconstitucional de esa propuesta. No tiene ningún principio de razonabilidad ni de proporcionalidad, que es uno de los principios de la Carta Política cuando se trata de establecer esos mecanismos de negociación o paz en el país.
S.: ¿Usted considera que esta posibilidad va en contravía de lo que quedó consignado en el acuerdo de paz con las Farc?
C.F.M.: A todas luces esta posibilidad es violatoria de normas internacionales y explícitamente lo dice el acuerdo de paz: que quien incumpliera lo pactado, tendría que ser tratado como lo que hoy significa Márquez: un terrorista y un delincuente que defraudó al país, al proceso de paz y que está en actividades delincuenciales de terrorismo y que no se identifican en un proceso de paz tan anunciado por el Gobierno nacional.
S.: ¿Qué tratamiento debería tener un disidente como Iván Márquez tomando en cuenta que las autoridades han documentado las acciones ilegales en las que estaría involucrado?
C.F.M.: Ser perseguirlo, doblegarlo y someterlo a la justicia.
S.: ¿Qué impacto puede tener esta posibilidad para Márquez en el propósito de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro?
C.F.M.: Aquí hay un tema curioso. Tratan de establecer un acuerdo con las disidencias de las Farc, con la segunda Marquetalia, que a nosotros nos parece inconveniente y absurdo, pero por otro lado se descuidan los temas de seguridad en el territorio colombiano. Lo que viene pasando con el conflicto en el Cauca y en otras zonas de país se dejó a su suerte, abandonado. No hay una verdadera presencia del Estado ni política de seguridad en esos territorios. Lo que veo es un afán de anuncios improvisados que está generando caos, y en un tema tan sensible como es el proceso de acercamientos y negociación con organizaciones al margen de la ley.
S.: ¿Qué tan exitosa cree que será la política de paz total del gobierno Petro?
C.F.M.: El Gobierno quiso abrir la posibilidad para las bandas criminales. Hay que decirlo clara y sinceramente: para las bandas criminales se pretende establecer un acuerdo de negociación, de diálogo, que es lo que se ha denominado la paz total, pero los disidentes de las Farc ya incumplieron un primer acuerdo, ya generaron una expectativa que no se cumplió, vulneraron la justicia y ahora pretenden que se establezca un proceso de paz que les convenga o que sea muy acomodado a las circunstancias que ellos mismo requieren.
S.: ¿Es decir que, a su juicio, no se debería dialogar con las disidencias de las Farc?
C.F.M.: Esas disidencias de las Farc, y también hay que decirlo, son los que han asesinado a los desmovilizados de esa guerrilla y también a líderes sociales. Los grupos sociales y los desmovilizados de las Farc, que fueron muy activos en el proceso de elección de Gustavo Petro y hoy, por la puerta de atrás, se pretende abrir una negociación con la segunda Marquetalia e Iván Márquez, que ya han asesinado y cometido hechos delictivos contra esta población.
S.: ¿A usted le cabe alguna duda que Iván Márquez está relacionado con el narcotráfico?
C.F.M.: No hay ninguna duda. Por supuesto que Iván Márquez está en el narcotráfico, en el terrorismo, en la tortura, en el secuestro. La Carta Política no permite que se establezca hoy un proceso de paz con quien ha tenido esas conductas delictivas. Creo que el Senado y el Congreso también lo conocen. Mire la triquiñuela para convocar en la madrugada, en la penumbra, para que no se permitiera un debate profundo.
S.: Los defensores de la posibilidad de negociar con Iván Márquez dicen que él se autoproclamó como un “rebelde político” y que podría haber con él una “negociación política” ¿Usted qué opina?
C.F.M.: Es que no es como él se considere que se puede presentar a un proceso de paz ni lo que él mencione, son los hechos delictivos, los antecedentes, la trayectoria terrorista que ha tenido. Y son los delitos que ha cometido, dentro y fuera de Colombia, los que, según la Carta Política, no permiten establecer un proceso de paz.
S.: ¿Qué tipo de mensaje cree que le envía el Gobierno nacional el Eln con este tipo de disposiciones?
C.F.M.: Falta de seriedad, de certeza y seguridad jurídica. Es que eso es lo lamentable: que cuando se abre la puerta a las disidencias, organizaciones como el Eln, por supuesto, no van a respetar un acuerdo, porque no siente una seguridad jurídica por parte del Estado. Ahora, en este tema de las disidencias de las Farc, creo que el Gobierno se ha preocupado más por los victimarios, que por las víctimas. No se habló del derecho de las víctimas en la ley de orden público, no se estableció cuál es el proceso de reparación a las mismas. Tampoco se logró determinar el concepto de esas bandas criminales aquí. En este proyecto, que prontamente va a sancionar el presidente Gustavo Petro, se habla de organizaciones de alto impacto ¿Eso qué es? Es un término demasiado ambiguo, general.
S.: ¿Qué impresión tiene de la teoría del “entrampamiento” del que habrían sido víctimas Jesús Santrich e Iván Márquez?
C.F.M.: Quieren justificar esa negociación con Iván Márquez de forma improvisada y se va a generar un caos en la justicia, pero los hechos son evidentes: el tema del narcotráfico, el homicidio a líderes sociales y desmovilizados de las Farc, que es lo que ha venido ocurriendo.