El presidente Gustavo Petro se refirió al relato que una madre de víctima de falsos positivos hizo ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en el que pidió que se sepa toda la verdad sobre la desaparición de su hijo, William Salamanca.
Petro dijo que se trata de uno de los peores horrores de la historia del país. “Este largo listado de madres que lloran a sus hijos inocentes asesinados por funcionarios públicos y con armas compradas con dineros públicos nos muestran el peor crimen de lesa humanidad cometido en las Américas después de las dictaduras sanguinarias”, aseguró el mandatario.
Además, pidió que haya justicia y que eso no se vuelva a repetir. “Es la peor derrota de una nación. Para rehacernos de esta destrucción profunda de la democracia y la convivencia tenemos que hacer un proceso de reconciliación que no puede basarse más que en la verdad judicial y unas garantías de no repetición que implican una profundización sustancial de la democracia y los derechos de la gente”, afirmó Petro.
En el reclamo, la mujer le pide al sargento (r) del Ejército Nacional Wilfrido Domínguez que se “ponga los pantalones” y diga lo que sucedió con su hijo. Reclamó por la muerte violenta y porque supuestamente lo habrían desmembrado. La mujer contó que su hijo tenía la ilusión de encontrar una oportunidad de salir adelante. “Tener una buena casa, compartir para que viva conmigo y ustedes me lo mataron”, aseguró la mujer en un tono fuerte. Llamó “asesino” al sargento que escuchaba el reclamo.
No se trata de una única víctima que se mostró dolida por lo sucedido. Todo sucedió en una audiencia organizada por la JEP que se llevó a cabo en Yopal, Casanare, en los últimos días, a la que fueron citados 24 comparecientes, entre ellos, 21 uniformados del Ejército, quienes admitieron su responsabilidad en estos casos de falsos positivos.
“Nos quitaron la niñez, nos obligaron a crecer sin el amor de nuestros padres y nos obligaron a salir a la calle a trabajar para llevar un sustento a nuestros hogares”, aseguró Johanna Torres, otra de las víctimas. “Acá estamos las víctimas no para mendigarles la verdad, sino para exigirles la verdad”, agregó la mujer, quien reconoció seguir sintiendo dolor y tener “el pecho frío” por lo ocurrido en 2007.
Entre los comparecientes, además del sargento Domínguez, estaban: el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, quienes estarían involucrados en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca.
También fueron citados: César Augusto Cómbita Eslava, Jorge Edwin Gordillo Benítez, Gildardo Antonio Jiménez Castrillón, Wilson Camargo Tamayo, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Edwin Leonardo Toro Ramírez, John Alexánder Suancha Florián, Gélver Pérez García, Marcolino Puerto Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Miguel Andrés Sierra García, Erwin Eduardo Duarte Rojas, Leandro Eliécer Moná Cano, Alexánder González Almario, Wilson Salvador Burgos Jiménez, Wilson Rodríguez Mimisica, Miguel Fernando Ramírez, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Faiber Alberto Amaya Ruiz y Orlando Rivas Tovar.
A todos ellos, la Sala de Reconocimiento les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. A algunos se les responsabilizó por los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
La JEP sostuvo que la audiencia de reconocimiento de verdad es una oportunidad para contribuir a la satisfacción y dignidad de las víctimas. Y que como parte de la diligencia judicial, los 22 máximos responsables de estos crímenes deberán pasar el reconocimiento escrito que ya entregaron a un magistrado de la JEP en el que reconozcan los hechos que cometieron.