Tras el fallo del Tribunal de Arbitramento conocido el pasado mes de abril, frente al litigio que vinculaba al concesionario CGR Doña Juana y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP; varios temas son los que están sobre la mesa.
Es por esto, que la Veeduría Distrital advierte sobre importantes hallazgos, específicamente en relación con el cumplimiento de la Optimización del Sistema de Tratamiento de Lixiviados, y aprovecha para hacer un llamado a la UAESP.
De acuerdo a los hallazgos del ente de control, hay procesos importantes que parecen no avanzar, entre ellos:
1. Los ajustes estructurales y operacionales asociados a la tecnología existente, para la integración de un tren de tratamiento que garantice el control de sustancias de difícil remoción, favorezca las condiciones sanitarias del entorno y cumpla con los objetivos de calidad del vertimiento Tramo 2 al Río Tunjuelo.
2. La propuesta para la ampliación con la respectiva ingeniería básica y de detalle, que permita la evaluación y aprobación por parte de la interventoría y de la UAESP.
Dado lo anterior, la Veeduría señaló que es muy importante entender que se necesita adelantar varias actividades especializadas, que podrían tomar por lo menos 24 meses (2 años) en ejecutarse.
Sin embargo, según información reciente de la Interventoría del Contrato enviada por la UAESP a la Veeduría Distrital se tiene que:
“(...) Teniendo en cuenta el informe mensual de la Interventoría del Contrato de Concesión 344 de 2010, correspondiente a marzo de 2023, se estima que la capacidad de llenado de Fase II, finalizará en mayo de 2025 (...)”.
Esto implica, de acuerdo con la Veeduría, que el concesionario CGR Doña Juana, deberá adelantar la optimización de la planta de tratamiento de lixiviados incluida la etapa final de estabilización y pruebas de cumplimiento de la norma de vertimiento por tarde en esta fecha, y a hoy CGR no tiene los diseños definitivos de la infraestructura, tal como lo expresó la Interventoría.
Finalmente, la veedora Distrital, Viviana Barberena, sobre este tema hace énfasis en señalar que: “la Optimización del Sistema de Tratamiento de Lixiviados implica la formulación de un plan de atención inmediata o plan de choque para garantizar el cumplimiento de la obligación”; recordándole a la UAESP, además, “que esta optimización debe tener una evaluación socioeconómica y con base en los resultados elegir aquella de mayor beneficio al menor costo aprovechando la infraestructura existente”.
La UAESP fue condenada a pagarle más de $64.500 millones al concesionario de Doña Juana
Tras una larga espera de varios meses, el pasado 11 de abril, un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá dio a conocer el fallo en el que condenó al Distrito a pagarle al operador de Doña Juana más de 64.500 millones de pesos.
La decisión del tribunal de arbitramento se dio al considerar que las tarifas establecidas inicialmente en el contrato de concesión no eran suficientes para cumplir con las obligaciones contractuales. En todo cado, la indemnización está lejos de la pretensión económica que tenía CGR.
En la lectura del fallo, también se dio a conocer que CGR deberá pagarle a la UAESP la suma de 4.200 millones de pesos por incumplimiento en condiciones específicas del contrato.
De otro lado, los árbitros también decidieron que el contrato de concesión tiene que terminar cuando culmine la actual licencia ambiental del relleno sanitario de Doña Juana, la cual culmina en 2024. De esta manera, se abre paso a uno de los principales objetivos de esta administración, que fue la modernización del relleno.
La decisión del tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá se trata de un largo litigio de 12 años entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), operador del relleno sanitario Doña Juana.