La lucha de ambientalistas, autoridades locales y diferentes organizaciones del norte del Tolima parece haber terminado con un final feliz. Luego de varios años de protestas y requerimientos, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) emitió la Resolución 1042 del 23 de julio de 2020 que revocó íntegramente la Resolución 3720 del 24 de octubre 2019, por medio de la cual se le otorgó la licencia ambiental a la sociedad Hidrogeneradora Pijao S.A.S para la construcción de la pequeña central hidroeléctrica denominada Hidrototare. Le sugerimos: Hidroeléctricas: la delgada línea entre el desarrollo y el conflicto El proyecto de generación de energía eléctrica, que estaría ubicado en las veredas Santa Bárbara y Buenos Aires de los municipios de Anzoátegui y Venadillo, sobre el río Totare, fue, desde el inicio, objeto de fuertes críticas por los impactos medioambientales, sociales y culturales que generaría en la región. La iniciativa implicaba, además de la excavación de un túnel a través de una montaña, la intervención de más de siete kilómetros en la mitad de la cuenca del río, antes de los acueductos municipales y las concesiones arroceras, en una zona altamente productiva de arroz, caña de azúcar, aguacate, café y plátano.
Los habitantes de los municipios de Anzoátegui, Santa Isabel, Alvarado y Venadillo temen por impactos que pueda llegar a generar la hidroélctrica en el río Totare. Foto: Alcaldía de Venadillo. De igual forma, el proyecto ocasionaría, según las comunidades, la tala de bosques, situación que terminaría por afectar la regulación hidrológica de la cuenca del río. Esto produciría, a su vez, que las aguas llegaran más rápido a la fuente principal, pudiendo ocasionar inundaciones. Pero, aún más preocupante para las comunidades, es que el agua no estaría disponible para la temporada de sequía y que el fenómeno de erosión incremente, dando pie a deslizamientos de tierra. También advertían que la zona de influencia directa de Hidrototare estaba conformada por una red hidrológica de 40 quebradas principales, las cuales se encargaban de sostener 83 nacimientos de agua que son utilizadas por los pobladores de la zona para el consumo diario y el desarrollo de procesos productivos. Adicionalmente, alertaban porque aguas abajo de esa zona de influencia, se ubicaba la bocatoma del acueducto del municipio de Venadillo. Le recomendamos: La Esmeralda: lo que el embalse dejó Debido a tantos riegos y posibles impactos, fueron interpuestos varios recursos de reposición contra el acto administrativo que otorgó la licencia ambiental por parte de distintos ciudadanos e intervinientes, entre quienes se encontraban el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios para el departamento del Tolima, los concejales del municipio de Venadillo, los cabildantes y la personería de Anzoátegui, las asociaciones de usuarios de los ríos Totare y La China, y la organización Pro Consulta Alvarado, entre otros.
Un estudio de la Universidad McGill, World Wildlife Fund (WWF) y otras instituciones estableció que las represas, embalses y diques son los principales contribuyentes a la pérdida de conectividad de los ríos. Foto: archivo/Semana. Olga Lucía Alfonso Lannini, directora general de Cortolima, señaló que cuando asumió la dirección de la corporación en enero de este año encontróvarios recursos de reposición frente al acto administrativo que había sido aprobado por el anterior director, el abogado Jorge Enrique Cardoso Rodríguez, al término de su periodo. "Lo que procedía en este caso era resolver esos recursos. Nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis jurídico y técnico de los mismos, ya que esta es una posibilidad que la ley le otorga a los funcionarios que emiten actos administrativos para enmendar o corregir errores o posibles irregularidades o inconsistencias que hayan podido presentarse dentro del trámite", indicó Alfonso. Le puede interesar: Represas y embalses: grandes amenazas para los ríos La funcionaria informó que una vez analizados los tres conceptos técnicos hechos por los funcionarios de la corporación en la anterior administración para resolver las inquietudes de las comunidades, se evidenció la falta de documentos dentro del proceso y la no presencia de los estudios requeridos con posterioridad por los profesionales evaluadores. "Esta situación produce incertidumbre frente a que, en un futuro, el otorgamiento de esta pueda causar daños e impactos ambientales irreversibles y lleguen a afectar los recursos naturales, los cuales no fueron contemplados dentro del estudio de impacto ambiental", sostuvo. Según la Comisión Internacional de Grandes Presas, en el mundo hay 59.071 embalses, que han generado cerca de 2.700 conflictos medioambientales. La directora señaló que, por ejemplo, en el primer concepto técnico emitido por los técnicos se dejaron 16 requerimientos que no fueron subsanados de fondo y carecían de soporte relevantes. Así las cosas, la autoridad ambiental procedió a expedir la resolución, a través de la cual se resolvieron los recursos de reposición y se decidió archivar estas actuaciones. Alfonso señaló que sobre esa resolución no procedía ningún recurso, aunque aclaró que sobre los actos administrativos sí era posible acudir a otras instancias y autoridades. Explicó que los interesados en adelantar el proyecto podían volver a gestionar el trámite si lo consideraban pertinente.