El presidente, Gustavo Petro, está desatado contra el Consejo de Estado. Esto porque el tribunal impidió que los recursos de los fondos privados de pensiones fueran trasladados a Colpensiones, de carácter público, como pretendía el jefe de Estado.
“Pueden cuestionar lo que quieran y están en su derecho. Varios magistrados me han cuestionado incluso groseramente y solo respondo con argumentos, a pesar que soy el jefe del Estado por voto popular. Creen que se pueden burlar del voto popular. Algunos del Consejo de Estado permitieron una investigación inconstitucional del Consejo Electoral contra mi y ya es caso cerrado. y eso fue un delito. Pero no espere nadie en Colombia que el presidente va a permitir un golpe feroz contra los derechos del pueblo solo porque se aumenten ganancias de mega multimillonarios dueños de bancos de Colombia. Se rompió la línea roja de la Constitución y de los derechos fundamentales por simple codicia y ni el presidente ni el pueblo deben permitirlo. Jamás se puede permitir golpes del Estado contra la dignidad del pueblo, provengan de dónde provengan. Lo que hizo el magistrado al violar la ley, que no está en sus funciones, y negar el pago de pensiones, derecho ya adquirido, a trabajadores que cumplieron su edad y requisitos es un delito y punto. El presidente, como todo funcionario público, de acuerdo a la Constitución nacional tiene el deber de denunciarlo, y si los banqueros dueños de administradoras de pensiones se niegan a pagar los ahorros de los trabajadores ya pensionados por Colpensiones, cometen el delito de estafa y hurto, al violar la ley vigente que los obliga a pasar el ahorro logrado por los ya pensionados, deben ser procesados penalmente y sancionados por las instancias respectivas. Es mi obligación constitucional hacerlo”, escribió en X.
Sus declaraciones han encontrado el rechazo del mismo Consejo de Estado y, en general de las altas cortes, que cuestionan cómo Petro ha politizado cuanto debate con fines electorales.
En El Debate, de SEMANA, opinaron sobre esta controversia Wilson Ruíz, exministro de Justicia, y Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Constitucional. Ambos cuestionaron de forma vehemente el accionar del presidente, Gustavo Petro, e instaron a las ramas del poder público en no caer en el juego “político” que les plantea Petro, que es el de la confrontación.
“Él aprovecha todo esto para capitalizarlo en su favor, pero la gente no creo que sea ingenua”, dijo el exmagistrado. A su turno, el exministro de Justicia recordó que cuando Petro fue candidato prometió respetar a los otros poderes, el Legislativo y el Judicial, y ya como jefe de Estado ha hecho todo lo contrario.
Vea aquí El Debate:
El Consejo de Estado emitió este comunicado, en respuesta a los ataques del presidente Petro:
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
12 de mayo de 2026
Las palabras expresadas por el Presidente de la República de Colombia en una red social de amplia difusión requieren y exigen una respuesta institucional oportuna, clara y contundente por parte del Consejo de Estado al que hoy se dirigen los señalamientos.
El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes.
Inquietan las manifestaciones del Presidente de la República y de otras cabezas del sector ejecutivo. La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de Derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar. La libertad de expresión, cuyo ejercicio garantiza nuestro ordenamiento y protegemos los jueces de República, no puede ser invocada para edificar mensajes que privilegian el impacto, y que no solo ponen en peligro la integridad institucional, sino que amenazan la integridad física de las personas que, al tomar decisiones con fundamento en el ordenamiento jurídico, se les pretende judicializar y se les califica como trasgresoras de ese mismo ordenamiento que defienden.
Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos.
El control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías. La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la misma Constitución Política, esto es, provienen, directamente, de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca.
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