La Procuraduría General de la Nación revocó la suspensión que le había impuesto al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, por presuntas irregularidades en contratación para atender la crisis derivada de la covid-19. Palacios está siendo investigado por el Ministerio Público por la firma de un contrato con la Fundación Chocó Saludable, por más de 2 mil millones de pesos. No obstante, pese a este hecho, el organismo de control argumentó la decisión se tomó ante la crítica situación por la que atraviesa el departamento que registra 1.268 casos de covid-19 y 1.351 en espera de resultados y ante la ocupación del 100 por ciento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos. "Lo que conllevaria a una dificil situacion administrativa ante la necesidad de designar un nuevo gobernador encargado”, señaló la Procuraduría. El otro motivo argüido por la Procuraduría era que el gobernador encargado, Jefferson Mena, estaba en el aislamiento preventivo a la espera de un diagnóstico por covid-19, el cual ya se conoce y dio negativo. Así lo confirmó este mismo lunes la Gobernación a través de su cuenta de Twitter. Tanto Mena como su familia se sometieron a la prueba y ninguno resultó contagiado. No obstante, con la confluencia de estos hechos, añadió la comunicación de dicha entidad, el departamento quedaría en un estado de inconveniencia, y se hace necesario y urgente darle continuidad a la función administrativa del departamento. Por eso, resulta “imperioso optar por la garantía de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la población habitante en la entidad territorial”. Sin embargo, mientras se adelantan las investigaciones contra Palacios, la Procuraduría estableció una estrategia para vigilar la inversión de los recursos para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19. El seguimiento al uso de esos recursos estarán a cargo de la Regional Chocó y las delegadas para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente y para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.