La Red de Veedurías de Medellín radicó una queja ante la Procuraduría General de la Nación en la que se le pide investigar un posible “contubernio” por el nombramiento de una pareja de esposos en la Secretaría de Infraestructura de Medellín, supuestamente, para pagar favores políticos.

“Al realizar una verificación en la planta de cargos nos encontramos que la secretaría de infraestructura, puesto clave en la contratación de Medellín, lugar al que llego Natalia Urrego Arias y el nuevo jefe de movilidad del área metropolitana Julián Estrada Gaviria quien es el esposo de Natalia Urrego. Pero lo más inquietante es la relación familiar entre la señora Urrego Arias como cuñada del polémico exalcalde de Itagüí León Mario Bedoya, y que al parecer se está pagando un favor electoral con el cargo de la nueva secretaria de infraestructura, hecho que sin duda despierta todas las sospechas porque lo que proveemos las veedurías es que en cuerpo ajeno se estaría acomodando la contratación entre una misma familia”, dice el documento que se radicó ante el Ministerio Público.

Por esa razón se pide a la Procuraduría que ponga la lupa en la contratación que se hará con la finalidad de evitar posibles casos de burocracia para beneficiar a sectores políticos de la capital del departamento de Antioquia.

“Por ello enviaremos los requerimientos de ley y así pedir el acompañamiento a todos los organismos de control para que en este momento tan crítico para el país no se amañen los recursos de la ciudad. Cabe aclarar que para las veedurías de la alianza no existen dudas de los reparos éticos y posibles conflictos de interés en los que podría incurrir la pareja de esposos que ocupan altos cargos Directivos al interior de la administración”. El veedor que interpuso la queja es, Juan Carlos Restrepo Salazar, quien aseguró que se hará vigilancia a la pareja de esposos porque han recibido múltiples quejas de las posibilidades de que los recursos públicos puedan ser usados, presuntamente, para entregar cuotas burocráticas. Por ahora nadie de la Secretaría de Infraestructura de Medellín se ha referido a este tema que ahora está en manos del Ministerio Público.