Ante la oposición de municipios de Boyacá y Cundinamarca a concesiones mineras, la ANM responde

Esta semana estuvo marcada por la oposición de comunidades, autoridades y hasta entes de control a la realización de audiencias públicas con terceros, programadas por la Agencia Nacional de Minería (ANM), en nueve municipios de Boyacá y Cundinamarca.

Las manifestaciones obligaron a la suspensión de este trámite en Chita, Floresta, Sogamoso y Tota, en Boyacá, así como en Tibirita, Gachetá, Gachalá, Gama y Junín, en Cundinamarca. Las audiencias estaban programadas para avanzar en el trámite de la entrega de nuevos contratos de concesión para proyectos mineros de carbón, esmeraldas, metales y otros minerales.

Frente a lo sucedido en estas poblaciones, la ANM dijo que con esas acciones se está impidiendo la realización de espacios de diálogo que tienen por fin dar a conocer a la comunidad los posibles proyectos que se pueden llegar a realizar en su territorio, escuchar sus observaciones y plantear soluciones a las mismas.

Asegura que las audiencias públicas no tienen como propósito imponer la realización de proyectos mineros en un territorio, sino conocer la opinión de la comunidad respecto a las propuestas de contrato de concesión que pueden convertirse en títulos mineros, a fin de entablar un diálogo abierto y participativo con la comunidad.

Para la entidad, “es de suma importancia la realización de estos espacios, no solo porque con ellos se culmina el proceso precontractual, sino porque es a través de ellos que se realiza un ejercicio social y de diálogo que tiene por fin conocer de parte de la comunidad misma, las observaciones y comentarios que se tienen sobre las futuras actividades mineras que se socializan durante la audiencia”.

¿Qué pasa con las concertaciones?

En el marco de este proceso, los alcaldes de diferentes municipios se han manifestado en el sentido de que no ha habido concertaciones en torno a las zonas en las que podrían adelantarse proyectos mineros.

En Floresta, Boyacá, por ejemplo, el alcalde Julián Rincón se negó a firmar un “acta de coordinación y concurrencia” con la Agencia, en la que se informan las zonas en las que serían viables los proyectos mineros, mientras que la alcaldesa de Gachetá, en Cundinamarca, Mónica Romero Parra, pidió la suspensión de la audiencia y aseguró que no ha efectuado ninguna concertación con la Agencia para definir las áreas en las que se podría desarrollar minería.

Frente a estos planteamientos, la Agencia dijo que las áreas en las que se pueden solicitar propuestas de contrato de concesión y en consecuencia otorgar títulos mineros, se encuentran establecidas en el Sistema Integral de Gestión Minera Anna Minería, como áreas compatibles para ejercer esta actividad.

“Anna Minería cuenta con capas de áreas de exclusión minera, las cuales tienen como fuente oficial para páramos y humedales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con base en cartografía del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, y para las demás áreas protegidas del sistema nacional de áreas protegidas, el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP- administrado por Parques Nacionales”.

Argumentó que esta información se actualiza los cinco primeros días de cada mes, con el fin de incorporar las nuevas áreas que pudieran declararse o delimitarse. “En este sentido, se permite la radicación por parte del solicitante de propuestas únicamente en aquellas áreas compatibles con la minería, por lo cual cualquier propuesta que se pretenda radicar en un área diferente, es inmediatamente rechazada por el sistema”.

Preocupación frente a las convocatoria

Las comunidades y autoridades también han expresado preocupación en torno a las convocatorias de las audiencias, pues indican que los medios utilizados no han permitido que la información llegue a la mayoría de población de los municipios tanto en zonas rurales como urbanas, un tema que es determinante para que los habitantes puedan participar de forma activa en el proceso y expresarse.

Ante estos planteamientos, la ANM expresó que las convocatorias para las audiencias públicas de Boyacá y Cundinamarca, fueron realizadas con 21 días hábiles de antelación a la celebración de las mismas, contados desde el día de la notificación por estado del acto administrativo que convoca. También argumentó, que envió invitación tanto para la reunión previa como para la audiencia pública, a las alcaldías municipales, a fin de que éstas pudieran apoyar con la convocatoria de la comunidad en el ámbito de su jurisdicción.

De igual forma, sostuvo que con el propósito de contar con una amplia participación de la comunidad determinó un espacio que denomina reunión previa, el cual está dirigido a los líderes sociales de la zona, para lo cual les solicita a las alcaldías municipales el listado de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y datos de contacto de las autoridades locales.

Concluyó que ante las situaciones presentadas en estos municipios, continuarán reforzando acciones de acercamiento con el fin de otorgar información más clara, completa y actualizada para de esta forma despejar las dudas existentes alrededor del proceso mismo y las manifestadas por los alcaldes y las comunidades.