La Universidad Nacional de Colombia pidió a la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) una auditoría a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), por el bajo recaudo de la Estampilla Pro Universidad.

Según la institución de educación superior, esta estampilla creada en el año 2013, mediante la Ley 1697, debe entregar recursos a las universidades para la construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria, la modernización tecnológica, el apoyo a la investigación, el apoyo a programas de bienestar estudiantil, incluyendo la disminución de la matrícula para las poblaciones de estudiantes vulnerables.

El recaudo que comenzó en 2015 logró una cifra de $35.000 millones y en 2019 de $60.000 millones, cifra que la dirección considera baja y que refleja una mala gestión.

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“La entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, en cabeza de la abogada Diana Patricia Richardson, adelanta una inspección a la Dian para que esta entidad lleve a cabo el cobro coactivo de los recursos no captados en los últimos años, correspondientes a la Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales”, se dijo en un comunicado.

La Universidad Nacional precisa que, desde el año 2014, se ha dejado de percibir una alta proporción de recursos, “dado que no se ha ejercido efectivamente el cobro del impuesto a varias empresas del Estado”, que suscriben contratos de obra pública.

La investigación, que está concentrada en la Dian, podría extenderse a Coljuegos y a la UGPP, con el fin de conocer el detalle de las acciones de recaudo que beneficiarían a la institución.

La Agencia ITCR, según la Universidad, tiene también la facultad de auditar los procesos operativos, tecnológicos y administrativos de estas entidades recaudadoras, por lo que su intervención se constituye “en un apoyo para las universidades públicas y es un llamado de urgencia para que puedan contar con los recursos indispensables que fueron otorgados por ley”.

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Los recursos están constituidos por todo contrato de obra que suscriban las entidades del orden nacional y los contratos conexos al de obra, suscritos por las empresas industriales y comerciales del Estado y de empresas de economía mixta, cuya ejecución sea con recursos del Presupuesto General de la Nación.

A esta solicitud y ejecución de la auditoría se llegó tras varias mesas de trabajo entre la Universidad Nacional y otros actores, que buscan garantizar respuestas a las necesidades de financiación de la institución.