Para Cifuentes la creación de dichas zonas no cumple con la constitución colombiana en la medida en que otorga funciones de policía judicial a las Fuerzas Armadas."Las atribuciones que este decreto le otorga a la fuerza pública en materia de captura, registro de comunicaciones y allanamiento invaden la órbita judicial y la convierten en titular de poderes de Policía judicial, lo que resulta abiertamente inconstitucional", indicó.Según el Defensor del pueblo, facultades como la consecución de pruebas podría conducir a arbitrariedades y a que los órganos judiciales pierdan legitimidad.El sábado pasado fueron anunciadas por el Gobierno, la conformación de dos 'zonas de rehabilitación' que serán conformadas, la primera por municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre, y la segunda por poblaciones de Arauca.