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Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria en caso Hidroituango
Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria en caso Hidroituango - Foto: SEMANA

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Contraloría imputa cargos a Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y otros implicados por Hidroituango

La entidad de control concluyó la actuación especial que inició el año pasado y procede a asignar responsabilidad en los casos que lo ameritan.

El control excepcional que inició la Contraloría General el año pasado alrededor del proyecto Hidroituango tiene el primer desenlace este jueves.

SEMANA Noticias conoció que la Contraloría determinó imputar cargos a Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, Luis Alfredo Ramos y Juan Esteban Calle, entre otros exdirectivos. En total serán imputados dos exgobernadores, dos exalcaldes, dos exgerentes de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y dos exgerentes de el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango), entre otros funcionarios que fungieron como miembros de la Junta Directiva de estas empresas y también como funcionarios del IDEA.

Así las cosas, la Contraloría General de la República imputará cargos a 28 personas, naturales y jurídicas por Hidroituango. En un principio el listado era de 34 personas, pero en el marco de la investigación llevada a cabo por este ente de control, decidió archivar la investigación de las seis personas restantes.

La actuación especial fue solicitada por la veeduría ciudadana nacional Recursos Sagrados, un año después de la crisis que se presentó en el que es considerado como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que tiene el país.

Los imputados

  • Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones como miembro de la Junta Directiva y omisión al deber de tutela.
  • Luis Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011. Será imputado por la conducta de omisión al deber de tutela.
  • Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín entre 2012 y 2015. Será imputado por la conducta de omisión al deber de tutela.
  • Fabio Alonso Salazar Jaramillo, alcalde de Medellín y miembro de la Junta Directiva de EPM entre 2008 y 2011. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto, acciones y omisiones como miembro de Junta Directiva y omisión al deber de tutela.
  • Federico Restrepo Posada, gerente de EPM y miembro de la Junta Directiva de EPM entre 2008 y 2011. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • Juan Esteban Calle Restrepo, gerente de EPM y miembro de la Junta Directiva de EPM entre 2012 y 2015. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de Hidroituango entre 2008 y 2011. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • John Alberto Maya Salazar, gerente de Hidroituango entre 2012 y 2015. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • Alejandro Antonio Granda Zapata, miembro de la Junta Directiva de EPM y funcionario del IDEA entre 2012 y 2015. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • Álvaro Julián Villegas Moreno, miembro de la Junta Directiva de EPM entre 2008 y 2011. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • Sergio Betancur Palacio, miembro de la Junta Directiva de EPM entre 2008 y 2011. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, miembro de la Junta Directiva de EPM y gerente del IDEA entre 2008 y 2011. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • Ana Cristina Moreno Palacios, miembro de la Junta Directiva de EPM y secretaria de Planeación entre 2008 y 2011. Será imputada por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • Iván Mauricio Pérez Salazar, miembro de la Junta Directiva de EPM y gerente del IDEA (Delegado de Sergio Fajardo Valderrama en la Junta Directiva) entre 2012 y 2015. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • Jesús Arturo Aristizábal Guevara, miembro de la Junta Directiva de EPM y director de Energía de EPM entre 2008 y 2015. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • Jorge Mario Pérez Gallón, miembro de la Junta Directiva y funcionario del IDEA entre 2012 y 2015. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM-Ituango/ vicepresidente Proyectos de Generación Energía de EPM entre 2011 y 2015. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • María Eugenia Ramos Villa, miembro de la Junta Directiva y secretaria de Planeación Departamental entre 2008 y 2011. Será imputada por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • Rafael Andrés Nanclares Ospina, miembro de la Junta Directiva y secretario de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia entre 2015 y 2016. Será imputado por la conducta de acciones y omisiones en torno al proyecto.
  • Consorcio CCCI, constructores de obras principales entre 2012 y 2015. De este consorcio, la Contraloría imputará cargos a tres empresas: Constructores e Comercio Camargo Correa S.A, Constructora Conconcreto S.A y Coninsa Ramon H S.A. Serán imputados por las conductas de sistemáticos atrasos en la construcción de obras, defectos de construcción GAD y aumento de valores del Contrato CT- 2012-00036.
  • Consorcio Túneles Ituango Fs (Ctifs), constructores de los túneles de desviación entre 2012 y 2015. De este consorcio, el ente de control imputará cargos a dos empresas: Ferrovial Agroman Chile S.A y Sainc Ingenieros Constructores S.A. Serán imputados por las conductas de sistemáticos atrasos en la construcción de obras y aumento del valor del contrato.
  • Consorcio Ingetec Sedic, interventor de la megaobra de infraestructura entre 2010 y 2015. Del consorcio, le imputarán cargos a dos empresas: Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A-Ingetec y Sedic S.A. Serán imputados por la conducta de ausencia de seguimiento al contrato de obras principales en relación con la construcción de la GAD y el plan de aceleración como tal.
  • Consorcio Generación Ituango, diseñador y asesor de la obra entre 2008 y 2015. Del consorcio, le imputarán cargos a dos empresas: Integral S.A.S e Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S. Serán imputados por las conductas de deficiente asesoría, precaria modificación en diseños para incorporación GAD y omisiones de las advertencias del BOARD de expertos.

Casos archivados

En el marco de la investigación, la Contraloría General de la República no pudo comprobar responsabilidades de las otras seis personas que, en principio, fueron vinculadas al proceso, por lo que fueron archivados sus casos.

  • Jorge Alberto Londoño De La Cuesta, gerente de EPM entre 2016 y 2019. La Contraloría comprobó que no obró con culpa grave.
  • Jesús Alfonso Jaramillo Zuluaga, secretario privado del Departamento de Antioquia y suplente de Sergio Fajardo. Para el ente de control, actuó sin culpa grave.
  • Gestión y Auditoría Especializada, auditor de costos. No obró con culpa grave.
  • Sebastian Álvarez Díaz, gerente de proyectos del Departamento de Antioquia, suplente de Sergio Fajardo. Según la Contraloría, si bien figuró en los cargos mencionados, “nunca actuó como principal en virtud de la delegación”.
  • Wilson Chinchilla, funcionario de EPM, miembro de la Junta Directiva. Para el ente de control, “siempre se declaró en conflicto de interés, por lo que no participó en la toma de decisiones”.
  • Hugo Mora Tamayo, miembro de la Junta Directiva. Asegura la Contraloría que “casi siempre fue suplente y no actuó con culpa grave”.

La revisión de la Contraloría buscó establecer un presunto detrimento patrimonial, teniendo en cuenta que en abril de 2018 se presentó un derrumbe en el túnel de desviación de la obra, por lo que el proyecto Hidroituango tuvo que entrar en contingencia por los factores de riesgos que presentaba.

La actualización del presupuesto en julio de este año ya iba en 16,2 billones de pesos, lo que incluye ya sobrecostos como consecuencia de los efectos del desastre que obligó a la evacuación de 50 familias en Valdivia, al norte de Antioquia, en cercanías de la zona donde se construye la megaobra.

Durante este largo año, la Contraloría puso la lupa para hallar presuntas irregularidades tanto en el proceso de planeación para la construcción de la represa como para otros trámites que ha tenido el proyecto a lo largo de varias décadas.

No en vano, el primer paso para el ambicioso proyecto se dio en 1962, cuando la entonces Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos presentó a la EPM el anteproyecto, en el que se planteaba la idea de construir una central de 4.000 megavatios y una presa con una altura de 350 metros.

Investigación al poder político de Antioquia

El presunto detrimento patrimonial que devela la Contraloría está relacionado con recursos públicos de la Gobernación de Antioquia, de las Empresas Públicas de Medellín y del Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA), que son los financiadores. El costo de la obra también cuenta con recursos de deuda tomada con la banca multilateral.

Para el desenlace de la actuación especial, la Contraloría General anunció el año pasado que habría al menos 34 personas (entre naturales y jurídicas) en la mira, como presuntos responsables, incluidos mandatarios locales y exdirectivos de Hidroituango. En el resultado que entregará este jueves la Contraloría oficializará quiénes serán imputados y a quiénes se les archiva.

En la primera parte del proceso de actuación especial en Hidroituango, adelantado por la Contraloría General, se establecieron 6 hallazgos, cuatro de carácter administrativo y dos con incidencia fiscal. El primero de estos dos últimos fue con relación al lucro cesante, por la no entrada en operación del proyecto, lo que involucra un valor de 1,1 billones de pesos, mientras que el segundo tenía que ver con la ineficiencia e ineficacia en la gestión fiscal, por una cuantía de 2,9 billones de pesos.

Ola de acusaciones

En 2020, en plena pandemia, se conoció un informe técnico de expertos en geología, en el que se evidenciaron las razones de las fallas que llevaron a Hidroituango a la crisis que provocó una emergencia en 2018.

Empezó así una ola de acusaciones que, incluso, provocaron una crisis institucional en la junta de EPM. El actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló que el dictamen de la reaseguradora, en el que se mencionaban los errores de diseño y construcción en Hidroituango, había sido conocido desde agosto de 2019 y fue ocultado para evitar demandas a los contratistas.

En consecuencia, las imputaciones que establezca la Contraloría podrían estar enfocadas en resolver todo ese escabroso camino que ha rodeado el proyecto hidroeléctrico que busca incrementar en un 70 % la capacidad instalada de EPM.