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DOLARES 'GO HOME'

Con las restricciones a la inversión en finca raíz y el endeudamiento privado, el país subraya su rechazo a los dólares ilegales.

26 de septiembre de 1994

SI ALGO HABIA ANUNCIAdo el nuevo gobierno en materia económica, era el freno al lavado de dólares y a los capitales especulativos que se venían dando en el país. Por eso las medidas expedidas por la administración Samper la semana pasada, aunque no sorprendieron, sí generaron cierto malestar en torno del régimen de inversión extranjera. Pero el verdadero impacto de esas decisiones está por verse.

Las autoridades buscan enfrentar los desbalances macroeconómicos -inflación y revaluación del peso-, que están influenciados por el ingreso de capitales externos. Ya solicitaron moderar el crecimiento del crédito financiero a un 38 por ciento anual para controlar la inflación. El gobierno no va a dar liquidez al sistema financiero, pero sí va a intervenir vía operaciones de mercado abierto para restringir la oferta monetaria con lo que se suben las tasas y pone a los bancos a pelear por los pesos disponibles.

También tomó medidas de restricción al ingreso de dólares. La primera es la de dificultar el endeudamiento externo de los privados. La segunda tiene que ver con la restricción a la inversión extranjera en finca raíz. En lo corrido del año el volumen de transacciones del sector supera los tres billones de pesos con un crecimiento del 74 por ciento con relación al mismo período de 1993.

El 90 por ciento de la construcción en Colombia tiene financiación, y de ese porcentaje, el 85 por ciento es a través del sistema Upac. Hasta hoy el sistema financiero ha desembolsado 1.7 billones de pesos en el sector inmobiliario. Y queda una franja del 10 al 15 por ciento que proviene de financiación directa e incluye dineros de dudosa procedencia -unos 300 a 400.000 millones de pesos-. Sobre este último margen opera la medida del gobierno. Pero su impacto es mínimo sobre el sector inmobiliario, por lo menos no en lo que tiene que ver con transacciones destinadas a hacer propietarios.

El impacto puede estar entre los especuladores o en las bolsas de propiedades para arrendamiento. Y es que al comparar el número de transacciones con el volumen, surge una rentabilidad superior al 50 por ciento en pesos, lo que hace atractivo traer dólares. Desde el punto de vista inmobiliario, la medida es más de carácter preventivo que en términos de pasado. Afecta el mercado de titularización inmobiliaria, pero hasta el momento solo existen proyectos aprobados de titularización por 5.000 millones de posos, unos seis millones de dólares, cifra poco significativa.

Lo claro es que al ser tan alta la rentabilidad del negocio se pueden despertar fines especulativos. De todas maneras, la principal razón de la medida es poner un freno al lavado de dólares. Y esto es muy relativo porque los dólares de mala procedencia ya están, y su tendencia es llegar a Colombia, vía construcción, vía contrabando o cualquier otra. De todos modos, la repercusión sobre el consumidor es casi imperceptible. La gente no es sensible a la tasa de interés en materia de vivienda, solo mira la cuota y lo único que le interesa es si la puede cubrir o no.

Para los constructores, una cosa evidente es que todas las firmas del ramo son de origen y capital nacional, luego no hay extranjeros. Y aunque algunos constructores pueden estar trayendo dólares que sacaron hace algún tiempo, es plata colombiana. Además, para el constructor el precio del dinero es casi que indiferente.

En síntesis, las medidas, más que producir un efecto real sobre la actividad edificadora, pueden ser una señal para Estados Unidos en el sentido de que a Colombia ya no le gustan tanto los dólares, sobre todo si son espurios. Esta sería la primera vez que el gobierno declara formalmente que los dólares ya no son parte importante de su menú, con lo cual se estaría más ante un tema de la agenda internacional que del recetario económico.