DONDE LAS AGUILAS SE ATREVEN

Si el primer capítulo del enfrentamiento del gobierno con el Grupo Grancolombiano podría haber llevádo por nombre "La caída de las águilas". El segundo podría bien llamarse "Donde las águilas se atreven" .
Tomado por sorpresa por la forma como se desenvolvieron los acontecimientos de fin de año, Michelsen perdió simultáneamente el control del banco y salió intempestivamente del país, lo que equivalía, en términos boxísticos, a quedar contra las cuerdas. Pero una vez en su esquina tomó la determinación de jugarse el todo por el todo en el próximo round con el gobierno.

HABLA CARRIZOSA
Ello se hizo evidente en el tono de las declaraciones del ex presidente de Granahorrar, Juan Agustín Carrizosa, hombre de confianza de Michelsen, que una vez producida la crisis habría de tomar la vocería de sus intereses. Carrizosa, en entrevista concedida a Caracol el 1° de febrero sorprendió a los radioescuchas con sus declaraciones sobre el arreglo que el Grupo Grancolombiano esperaba formalizar para cubrir sus deudas con el Banco de Colombia. Hablando con gran propiedad, pero en tono desafiante apoyado en argumentos jurídicos expresados con algo de ironía afirmó que el Grupo Grancolombiano sólo acudiría al fondo de democratización en condiciones similares a las que en el año pasado acudieron los bancos de Bogotá y Tequendama. Y que si no se llegaba a respetar el valor intrínseco de las ac ciones del Grupo Grancolombiano éste llegaría a exigir la renuncia de su actual presidente, Ignacio Copete Lizarralde. "Teniendo el Grupo Grancolombiano el control", declaró, "por ser el propietario de la mayoría de las acciones del Banco de Colombia, puede designar una junta directiva que a su buen criterio convenga, y desde luego la junta directiva entrará a analizar la conveniencia o inconveniencia de hacer modificaciones en la administración del Banco". Palabras más, palabras menos, lo que las declaraciones de Carrizosa contenían era la advertencia de que el Grupo actuaría como dueño del Banco en la asamblea, y la de que en calidad de propietario estudiaría sus intereses frente a la perspectiva de acudir al fondo de democratización.
Lo que en el fondo se estaba jugando el Grupo, a través de las declaraciones de Carrizosa, era el precio al cual se comprarían las acciones en caso de que efectivamente se acudiera al fondo de democratización. El quit del asunto radica en que existen tres posibles precios de acciones: el valor intrínseco en libros, que se calcula sobre el diferencial de los activos contra los pasivos, con base en los datos del último balance. El valor intrínseco comercial, calculado con base en este mismo diferencial, pero actualizado a la fecha. O el valor en bolsa, determinado por la interacción de la oferta y la demanda bursátil de acciones.
El antecendente más importante existente en este sentido es el del Banco de Bogotá, que acudió a los mecanismos del fondo a mediados de 1983 Las acciones puestas en venta en ese entonces fueron adquiridas por su valor intrínseco comercial, $ 150 equivalente a su valor en bolsa.
La cifra correspondiente para el Banco de Colombia -reconocida por la Superintendencia Bancaria- es de aproximadamente $ 21. En contraste, el valor en bolsa ha girado alrededor de 7 pesos, o sea tres veces inferior. No obstante que el criterio utilizado en el caso del Banco de Bogotá fue el de un valor intrínseco, en el caso del Banco de Colombia surgió una polémica encabezada por el senador William Jaramillo Gómez y el periódico El Espectador, que sostenían que el precio que debía pagarse por las acciones del Grupo era su valor en bolsa, con el argumento de que sería una "aberrante injusticia" que a los responsables de las maniobras se les recompensara comprándoles a $ 21, mientras los demás accionistas tendrían que vender las acciones en el mercado a 7 pesos, la unidad.
Ante estos argumentos, el gobierno parecía enfrentarse a una disyuntiva: aunque comprando a $ 21 le estaría otorgando al Banco de Colombia un tratamiento equivalente al que le aplicó al Banco de Bogotá, tendría la mala presentación política de ser el mismo precio aceptado por Michelsen. Comprar a 7 pesos, por el contrario, implicaría un tratamiento discriminatorio entre los dos bancos. Pero además, en opinión de algunos, comprar al precio en bolsa equivalía a un procedimiento punitivo y confiscatorio, puesto que el valor de las acciones del Banco de Colombia se había mantenido artificialmente bajo para efectos tributarios, a diferencia de la acción del Banco de Bogotá en su momento, que se había inflado artificialmente para que su valor en bolsa se acercara al valor intrínseco comercial.
Por otro lado, de hacerse la transacción de las acciones por su valor en bolsa, el Banco de Colombia tendría un valor de $ 3.430.000.000 (490.000.000 accíones x 7), contra el del Banco de Bogotá, $12.600.000.000 (84.000.000 acciones x 150), calculado con base en el valor comercial de sus acciones, que fue el aceptado en la negociación. Esto implicaría que el valor de este último sería casi cuatro veces más grande que el del Banco de Colombia, lo que se aparta de la realidad.

SE ACUERDA LA FORMULA
En medio de este ambiente se reunieron en el Banco de Colombia su presidente, Ignacio Copete Lizarralde, y los reperesentantes de Jaime Michelsen, Armando Carbonel Ospino, hombre clave del Grupo, y Rómulo González, miembro de la Junta de Granfinanciera, con el objeto de llegar a un acuerdo para la asamblea que se efectuaría 24 horas más tarde. La fórmula acordada fue un poco diferente a la que días antes se daba por hecha. En lugar de dos fideicomisos uno para las acciones del Banco y otro para las empresas del Grupo, solamente se haría uno, y no se recurriría al fondo de democratización, por lo cual se hizo innecesario definir el precio sobre el cual se negociaría cada acción.
En virtud de este acuerdo el Banco de Colombia recibe en fideicomiso las 64 compañías del Grupo Grancolombiano -encabezadas por la holding, Cingra-, con todos sus bienes y activos que incluyen el 51% de las acciones del mismo banco, para que éste las administre, se pague las deudas contraídas por él con el Grupo, cubra las obligaciones con terceros y devuelva el remanente a los propietarios del Grupo. Para la administración de este fideicomiso -con vigencia de 20 años- se constituyó unA junta asesora compuesta por 5 miembros, dos del Banco, Ignacio Copete y Humberto Patrón Ortíz; y tres de Michelsen, Gustavo Piquero, Pablo Michelsen y Juan Agustín Carrizosa.
Simultáneamente se acordó que e Grupo votaría en la asamblea por una lista oficial integrada por Joaquín Vallejo, Ramón Eduardo Madriñán de la Torre, Sergio Rodríguez Azuero, Benjamín Martínez Moriones y José María de Guzmán. En ella el único representante directo de Michelsen sería de Guzmán, presidente de Cine Colombia, hombre de confianza de Michelsen que no se había visto involucrado en los incidentes que provocaron el remezón del Grupo Grancolombiano.
A pesar de que en la asamblea, celebrada el 3 de febrero en el salón XX de Unicentro, surgieron otras dos listas discidentes, el Grupo impuso su mayoría accionaria, y en medio de un ambiente tormentoso sacó adelante la elección de la junta acordada.
La asamblea se caracterizó por las furiosas recriminaciones que los pequeños accionistas lanzaron contra la anterior administración del Banco y contra el mismo gobierno, al que acusaron de no haber realizado ningún cambio sustancial en la situación de la institución. Al fin y al cabo el Grupo siguió ejerciendo su mayoría accionaria, imponiendo a través de ella su lista para la Junta Directiva, de manera que lo único que realmente había cambiado, alegaron, era la presencia de Michelsen en la dirección del Banco. También se cuestionaron los balances por incompletos, con el argumento de que en ellos no contaba la cifra exacta a la que ascendía la deuda del Grupo con el Banco, pero pese a ello fueron aprobados.
En general, el resultado de la Asamblea fue considerado satisfactorio tanto por las partes interesadas como por amplios sectores de la opinión, particularmente círculos financieros, que estaban a la expectativa del manejo que el gobierno le diera a este impasse. Al final de la asamblea quedó despejada la versión de un posible ánimo revanchista del gobierno en contra de los "ricos", que había llevado a algunos a pensar que el del Grupo Grancolombiano sería el primero de una serie de "golpes" contra las reglas tradicionales del juego capitalista. Pero además, en opinión de muchos, quedó claro que no se habría podido llegar a una solución tan satisfactoria de esta crisis de no haber sido por el acertado manejo del nuevo presidente del Banco. Ignacio Copete Lizarralde.