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Colombia, gracias a este desarrollo, recibiría recursos fiscales por cerca de 103 billones de pesos en los próximos 25 años. Con ello se aumentaría entre 10 y 15 por ciento la inversión total del Gobierno central por este periodo.
Colombia, gracias a este desarrollo, recibiría recursos fiscales por cerca de 103 billones de pesos en los próximos 25 años. Con ello se aumentaría entre 10 y 15 por ciento la inversión total del Gobierno central por este periodo. - Foto: istock

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Fracking: vuelve y juega la discusión sobre su implementación

El otorgamiento de la licencia ambiental para el primer piloto de fracking en Colombia reactivó la discusión en torno a esta controversial técnica para extraer hidrocarburos. La decisión llega no solo en plena época electoral, sino también cuando las tensiones globales hacen que los países busquen autosuficiencia.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) sacudió la tensa calma que había en el país alrededor de uno de los temas más polémicos y controversiales en el sector de los hidrocarburos: el desarrollo de la exploración y explotación mediante métodos no convencionales, conocidos popularmente como fracking.

El pasado fin de semana, la Anla le otorgó a Ecopetrol la licencia ambiental para el desarrollo del piloto de fracking en el pozo Kalé, ubicado en Puerto Wilches, en el Magdalena Medio.

Enseguida se reactivaron las protestas y los argumentos en torno al proceso y a la posibilidad de que en Colombia se ejecute esta técnica. Por ejemplo, en Puerto Wilches se registró un plantón, y lo cierto es que el debate está candente.

La exploración se realiza mediante la técnica de inyección de agua y aditivos a alta presión, con los cuales se estimula la producción de petróleo y gas. Sin embargo, según ambientalistas y líderes sociales, estos procesos pueden afectar los cuerpos de agua, la salud de las personas de la zona y generar sismos, entre otros perjuicios.

Y se la están jugando por suspender los pilotos. Al cierre de esta edición, organizaciones de derechos humanos y la Alianza Colombia Libre de Fracking radicaron una acción de tutela contra el Ministerio del Interior, la Anla y Ecopetrol “por la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada de la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches-Afrowilches”. Esto se suma a los procesos que están en el Consejo de Estado a la espera de pronunciamiento.

Por su parte, para los defensores de la técnica, el fracking se convierte en uno de los principales instrumentos en el mediano plazo a fin de incorporar nuevas provisiones y asegurar el autoabastecimiento de petróleo y gas, así como elevar en el tiempo y en volumen las reservas, hoy en cerca de seis años para petróleo y unos ocho años para gas. Además, el sector seguiría dándole al país recursos –vía impuestos, regalías y dividendos– que le permitan sostener su estrategia fiscal, en especial ahora que los precios internacionales están disparados por cuenta de una demanda creciente y por la invasión de Rusia a Ucrania, mientras se avanza en la transición energética. De hecho, los cálculos establecen que al país le entrarían cerca de 100 millones de dólares por cada dólar que suba en promedio al año el valor del crudo. El precio en el plan financiero se ubicó en 70 dólares, pero ya el barril ha tocado techos de 120 dólares.

La decisión de la Anla llega en un momento muy particular. Por una parte, en plena época electoral, cuando el fracking se ha convertido en un caballo de batalla; y, por otra parte, con lo que está pasando en el mundo, donde los consumos de petróleo, gas y carbón han venido en aumento y las tensiones geopolíticas dispararon los precios y su dependencia, a pesar de las tendencias de descarbonización y el auge de energías renovables. Estos commodities tendrán una vida útil más amplia, y lo que piensan los mercados es desarrollar tecnologías e instrumentos que permitan reducir las emisiones que producen para mantener su vigencia.

El debate

Para los opositores a la técnica, la licencia se otorgó en un proceso inédito, en menos de cinco meses, dice Carlos Santiago, de la Asociación Colombia Libre de Fracking: “La Anla saltó procedimientos. El 12 de noviembre ya estaba en campo sin leer el estudio de impacto ambiental”.

Agrega que el Concejo Municipal de Puerto Wilches envió una carta en la que los 13 concejales, en pleno, pedían suspender el trámite del licenciamiento y la audiencia pública. Y, según él, la Anla obvió eso al igual que las amenazas a algunos de sus compañeros en territorio.

Frente al desarrollo de los pilotos, Santiago considera que no permiten medir los impactos del fracking. Primero, por la escala, pues no es lo mismo dos pozos frente a los más de 19.600 que tiene planeados realizar en 20 años en la etapa comercial. Y, segundo, porque la evidencia demuestra que, si bien los problemas de agua y afectación a la salud se desarrollan durante el proceso de fracturamiento, los resultados se ven posteriormente.

Además, critica la forma de evaluación. “Se hace a través de un comité evaluador donde cuatro de los siete son integrantes del Gobierno, y el reglamento interno establece que las decisiones se toman por mayoría simple. Por ejemplo, no hay un ejercicio de participación activa de la academia en el proceso”, puntualiza Santiago.

Por su parte, para los defensores del fracking, la pregunta que se hacen es por qué no esperar los resultados de los pilotos. “Si ellos (los opositores) tienen razón, los proyectos de investigación deben respaldar sus tesis. Creo que en el fondo tienen el temor de que la técnica se puede hacer bien y puedan ser desmentidos”, dice uno de los voceros del sector.

Los opositores al fracking radicaron una acción de tutela para suspender los pilotos, argumentando “la vulneración al derecho a la consulta previa”.
Los opositores al fracking radicaron una acción de tutela para suspender los pilotos, argumentando “la vulneración al derecho a la consulta previa”. - Foto: león darío peláez-semana

De acuerdo con un documento de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), con el fracking en 25 años se calculan 2.800 millones de barriles de nuevas reservas de petróleo y 7 terapiés cúbicos de gas, lo cual extendería y aseguraría el autoabastecimiento energético del país. Esto significaría unos 450.000 barriles diarios adicionales de petróleo que se sumarían a la producción actual.

Colombia, gracias a este desarrollo, recibiría recursos fiscales por cerca de 103 billones de pesos en los próximos cinco lustros. Con ello se aumentaría entre 10 y 15 por ciento la inversión total del Gobierno, lo que equivale a unos 4 billones de pesos al año, en ese periodo. Y se calcula un incremento del 40 por ciento de la inversión extranjera directa con respecto a 2017.

Solo en el desarrollo de los yacimientos no convencionales se estima invertir 2.400 millones de dólares en programas sociales y ambientales obligatorios, y se generarían unos 68.000 nuevos empleos.

El momento

Este debate alrededor del fracking aparece en un momento muy particular: el país vive uno de los procesos electorales más tensos, y el desarrollo de la industria petrolera ha sido protagonista.

Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico y quien lidera las encuestas, ha señalado que en caso de llegar a la presidencia se dejaría de explorar, y básicamente la producción de petróleo y gas entraría en un proceso de marchitamiento para dar paso a energías renovables.

Colombia es un país con petróleo, pero no es un país petrolero. Su producción apenas ronda los 750.000 barriles y las reservas probadas son muy limitadas en crudo y en gas, de seis y ocho años, respectivamente. Pero su importancia es estratégica.

De hecho, esta semana uno de los temas que agitó las redes sociales fue la decisión de la asamblea de Ecopetrol de aumentar de dos a cuatro años los periodos de la junta, con lo cual la actual se quedaría unos años más frente al nuevo Gobierno. La reacción de Petro no se hizo esperar: “Esto es inaceptable. el uribismo no puede quedarse con las empresas públicas si, el voto popular no se lo permite. Van a arruinar y robarse Ecopetrol (sic)”, dijo en un trino.

Más allá de esta discusión, una de las preocupaciones es que, si a la industria le prohíben que se explore, a la vuelta de pocos años no habrá petróleo ni gas y se tendrían que importar, con costos que sumarían unos 30 billones de pesos anuales. Las empresas se empezarán a marchar y Ecopetrol perderá valor, por ejemplo, con su red de oleoductos, que quedarían sin operación a la espera de definir su nuevo rol. Y obviamente el país tendrá un impacto económico y fiscal en los próximos años. Pero el discurso está cambiando. Se esperaba que el petróleo y el carbón perdieran terreno, aunque, hoy por hoy y hacia el futuro cercano, estarán recobrando protagonismo y ahora toman un nuevo aire.

Tras la invasión de Rusia a Ucrania, la autosuficiencia para efectos de seguridad estratégica y energética de los países adquiere un nuevo valor. Hoy en día, Europa depende en un 30 por ciento del petróleo de Rusia y en un 40 por ciento del gas ruso, y su vulnerabilidad quedó manifiesta. “Si un país tiene cómo conservar su autosuficiencia, es imperdonable que no la busque”, asevera un analista.

Hay distintos escenarios para Colombia. En el largo plazo, tiene apuestas importantes en los desarrollos costa afuera, pero esos no se verán antes de siete o diez años. En el corto plazo, no hay nuevos hallazgos en convencionales y se están exprimiendo los mismos campos maduros de siempre, especialmente en los Llanos. Por eso, la posibilidad más importante en el mediano plazo es el desarrollo del fracking. La pregunta hoy es si será viable.