La última joya

El próximo 13 de julio el Consejo de Ministros dará la largada al negocio del año en Colombia: la venta del 57,66 por ciento de las acciones que el gobierno tiene en Isagén, la tercera generadora de energía del país, por la que se espera recibir mínimo tres billones de pesos (unos 1.500 millones de dólares).

Se trata prácticamente de la venta de la última joya de la corona que tiene el Estado en sus activos, no sólo por lo que representa actualmente, sino por lo que promete en el competido mundo energético.

Actualmente Isagén cuenta con cinco generadoras, entre térmicas e hídricas, que representan el 18,7 por ciento de la generación de energía en el país. Además están en caminos inversiones por más de 1.300 millones de dólares para construir las hidroeléctricas de Sogamoso, en Santander, y Amoyá, en Tolima.

Por eso muchos ya han puesto sus ojos en el negocio. Dentro de las firmas interesadas están, obviamente, las grandes que ya operan en Colombia, como EPM (de propiedad del municipio de Medellín) y Emgesa (ahora de mayoría de capital italiano). Pero además, están en el partidor Colinversiones, compañía de inversiones colombiana que tiene participación en Termoflores; AES, firma norteamericana que hoy posee Chivor; Suez, de Francia; Brookfield, que opera centrales eléctricas en Estados Unidos y Brasil, y Ashmore Energy, uno de los más importantes fondos de inversión de Inglaterra.

El interés de los grandes del mercado muestra que Isagén es una ficha clave en el ajedrez del sector y definitiva en la integración energética de América Latina.

Por eso hay quienes consideran que la venta de la generadora es un buen negocio para las finanzas públicas, pero podría ser una desafortunada decisión política. La venta a un inversionista privado, prácticamente le quita al Estado el control del 20 por ciento de la generación de electricidad en Colombia. El tema no es de menor cuantía, pues actualmente el país es protagonista de los procesos de integración energética entre Centro América y Sur América.

Quienes desde el gobierno defienden la decisión explican que lo estratégico es mantener el control sobre la transmisión y no sobre la generación de energía. Eso justifica la decisión indeclinable de la administración Uribe de quedarse con ISA, que es la compañía que cuenta con la red energética más importante; es la que realmente maneja el switch de la luz en Colombia y ya en otros países como Brasil.

Por el momento, el gobierno está definiendo las condiciones del negocio. Está a punto de abrir la oferta al sector solidario y allí va a encontrar unos obstáculos importantes para sacar los rendimientos que espera. Por ejemplo, es claro que los fondos de pensiones y sus ocho millones de trabajadores afiliados podrían adelantarse en esta carrera, pues tienen una de las posibilidades más claras para hacerse al control accionario de la compañía. Los fondos tienen actualmente 15,30 por ciento de la participación accionaria en Isagén, adquirido durante las etapas de democratización que ha adelantado la compañía. Si los fondos quisieran hacerse a la mayoría, podrían hacerlo simplemente comprando durante la etapa de oferta al sector solidario el 35 por ciento de las acciones, a un 'módico precio' de 1,8 billones de pesos. Las AFP son el único inversionistas que podría darse ese lujo de comprar sin pujar y pagando sólo por una parte del paquete accionario. Tienen el camino despejado.

Los ingresos de esta privatización ya están programados en el plan financiero del gobierno. Definir las reglas sobre quiénes participarán en el negocio y quiénes se van a quedar con uno de los más importantes generadores de energía del país será un asunto de precisión milimétrica, tanto para las finanzas públicas, como para la estrategia de Colombia en el negocio energético latinoamericano.