La mala hora de las licoreras colombianas

A pesar de que en Colombia crece el consumo de licor, las licoreras departamentales no tienen razones para hacer fiesta. El año pasado vendieron 89 millones de botellas de aguardiente y ron, lo que equivale a una caída del 20 por ciento frente a 2014. Para los fiscos de los departamentos se trata de una pésima noticia pues la venta de esos productos representa el 35 por ciento de sus ingresos. Desde hace años, la financiación de la salud y la educación en las regiones depende de ese rubro.

Algunos de los gobernadores que asumieron el 1 de enero pusieron el grito en el cielo, porque encontraron que esta importante fuente de ingresos se les está secando. La del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al revisar los resultados de la Industria Licorera del Valle encontró problemas financieros y graves incumplimientos. De 9,8 millones de botellas, que era la meta de ventas para el año pasado, apenas vendieron 2,8 millones, es decir, un 72 por ciento menos. Ante este panorama, Toro lanzó un plan de choque y contrató una auditoría externa para conocer a ciencia cierta el estado de las finanzas de la empresa.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, también encontró sorpresas. En 2014, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) vendió 60,5 millones de botellas de aguardiente y ron, pero en 2015 solo fueron 40,2 millones, es decir, cayeron en 33,5 por ciento. Pero lo más complicado es que la empresa hizo compromisos con los distribuidores para venderles por anticipado la producción de los diez primeros meses de este año, e inundó de productos a sus distribuidores, que hoy están llenos de inventarios. Para Pérez eso es una irresponsabilidad porque se estaban gastando el dinero por adelantado, lo que los dejaría maniatados desde el punto de vista financiero.

Este par de ejemplos ponen de relieve los problemas que desde hace varios años afrontan las industrias licoreras de los departamentos. Un cúmulo de razones explica esta situación. Entre ellas está el auge del contrabando, la adulteración y falsificación de botellas, la falta de mayor competencia, la elevada carga prestacional de las empresas, la politiquería y la corrupción.

Todo ello ha llevado a que el número de licoreras departamentales se haya reducido en las últimas dos décadas. De las 19 licoreras que había a comienzos de los noventa, hoy solo quedan seis grandes (la FLA y las Industria de Licores de Cundinamarca, Caldas, Cauca, Valle y Boyacá), y dos pequeñas, Meta y Tolima. Las demás desaparecieron o tuvieron que contratar a alguna de las grandes para que les fabrique sus productos.

En la costa Atlántica, por ejemplo, ya no opera ninguna licorera departamental. Por eso, bebidas que tuvieron gran demanda, como el Tres Esquinas, de la Licorera de Bolívar, desaparecieron del mercado desde hace años.

Si bien han saltado a la luz pública en los últimos días los problemas de las licoreras de Antioquia y Valle, otras empresas del sector también presentan dificultades. Aunque la Industria de Licores de Cundinamarca, la segunda en el sector, vendió el año pasado 20 millones de botellas –4 por ciento más que en 2014– sus utilidades operacionales apenas llegan a 18.000 millones de pesos, poco si se comparan con las utilidades de la FLA que son 14 veces mayores.

Sin embargo, otras empresas del sector están mostrando un mejor desempeño. Ese es el caso de la Industria Licorera de Caldas, la tercera del país, que hace unos años estaba a punto de cerrar. En 2015 comercializó 18 millones de botellas, 12 por ciento más frente al año inmediatamente anterior.

El golpe del contrabando

Ante el descenso en ventas y la desaparición de varias fábricas regionales, nuevamente está encendido el debate sobre la conveniencia de que los departamentos continúen con su monopolio.

Un estudio de la firma EConcept sobre el mercado de licores en el país reveló algunas falencias de este esquema, que existe virtualmente desde la época de la Colonia. Según el informe, el monopolio ha creado una gran distorsión que favorece el contrabando y la adulteración de licores. Estos dos flagelos representan alrededor del 50 por ciento del mercado en Colombia.

Uno de los principales cuestionamientos es que las licoreras impiden o ponen trabas al ingreso de licores de otros departamentos o a las bebidas alcohólicas importadas. Por ejemplo, en Antioquia solo se consume aguardiente de la Fábrica de Licores de Antioquia, y es prácticamente imposible conseguir algún licor producido en otro departamento. Esta misma situación se repite en Caldas, Valle del Cauca, Huila y Boyacá. En Cundinamarca hay un poco más de apertura. Sin embargo, hasta 2013 el 79 por ciento del aguardiente que se consumía era de la empresa de licores de ese departamento. A ello se suma que la cerrada red de distribución en algunos casos se adjudica a recomendados de dirigentes políticos.

Este cierre de fronteras entre departamentos productores ha llevado a que se presenten hechos tan absurdos como que el ron La Hechicera, fabricado en Barranquilla y objeto de reconocimientos internacionales, se consigue más fácilmente en el extranjero que en Colombia, con excepción de la capital del Atlántico.

Este modelo anticuado y poco competitivo ha hecho proliferar el contrabando de licores. Estudios de diversas entidades han tratado de calcular a cuánto asciende este flagelo. La Dian, por ejemplo, dice que puede llegar a 600 millones de dólares al año mientras que otros lo calculan en 465 millones. Pero si se incluye la adulteración y la falsificación de bebidas el monto del mercado ilegal colombiano asciende a 1.041 millones de dólares, según un reporte de Euromonitor.

Estos datos explicarían por qué las ventas legales están descendiendo en el país. Mientras hace 20 años se vendían cerca de 220 millones de botellas nacionales y extranjeras, hoy la cifra apenas llega a la mitad. El licor ilegal está llenando la diferencia.

El proyecto de la discordia

Precisamente, con el fin de combatir el contrabando y la adulteración, hacer más transparente el mercado, permitir una mayor competencia y unificar los impuestos entre licores nacionales e importados, el gobierno nacional presentó ante el Congreso un proyecto que está levantando mucha ampolla.

La iniciativa de los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Comercio, Cecilia Álvarez, no elimina el monopolio rentístico de los departamentos pero sí fija unas reglas de juego más claras. Señala que si los departamentos permiten a un tercero producir bebidas deberán abrir una licitación pública para facilitar la competencia. Es decir, no podrán adjudicarlo a dedo. Además, cambia la tarifa actual del impuesto al consumo por un sistema mixto conformado por un tributo de 200 pesos por grado de alcohol y un ad valorem del 25 por ciento sobre el precio final del producto.

Hay que recordar que si bien la Constitución de 1991 permite los monopolios con fines rentísticos, también señaló que estos podían operar cuando existiera una ley para regularlos. Pero después de casi 25 años ha sido imposible introducir algún cambio en la materia. Ello solo ahora podría lograrse si sale adelante esta iniciativa, que de no ser aprobada le podría acarrear graves sanciones económicas al país. La razón es que Colombia podría incumplir los tratados de libre comercio que firmó con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, por trato discriminatorio contra sus productos.

“Este es un punto de honor para los países europeos porque sus licores son un símbolo mundial y no entienden las restricciones que hay en el país para comercializarlos”, dice Luis Guillermo Vélez, abogado de la Asociación Colombiana de Importadores de Vinos y Licores (Acodil). Reconoce que con la situación actual los grandes ganadores son la adulteración y el contrabando, que en el caso del whisky llega al 70 por ciento.

El tema ha escalado tan alto que a comienzos del año la Unión Europea solicitó consultas con Colombia para que elimine la discriminación de sus productos. Para ello inició gestiones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), máximo organismo encargado de resolver estas disputas. Si no hay un acuerdo el país se vería expuesto a sanciones comerciales.

Pero, adicionalmente, la situación actual sería un obstáculo a la hora de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), club de buenas prácticas de naciones desarrolladas al que Colombia aspira a ingresar.

El debate en el Congreso se espera muy candente. El presidente de la Federación Colombiana de Departamentos, Amylkar Acosta, ha señalado que las rentas que reciben las regiones no se pueden afectar por los compromisos internacionales. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, afirma estar de acuerdo en que se reglamenten los impuestos para eliminar privilegios, pero rechaza que les quiten el monopolio al permitirles a los privados producir y comercializar toda clase de licores.

Las licoreras departamentales aseguran estar haciendo grandes esfuerzos para ser más competitivas, internacionalizarse y sacar al mercado mejores productos. Como prueba mencionan los premios internacionales que han ganado varios licores nacionales como el Ron Medellín Añejo, el Aguardiente Antioqueño, el Aguardiente Néctar y el Ron SantaFe, entre otros. La FLA, por ejemplo, exporta directamente a 18 países y acaba de hacerlo por primera vez a China. La Industria Licorera de Caldas tiene previsto exportar el Ron Viejo de Caldas.

En el otro lado de la balanza, los importadores esperan que el proyecto salga adelante lo más pronto posible. Representantes de Acodil manifiestan que esta iniciativa no solo eliminaría las distorsiones en el mercado sino que, además, beneficiaría a los consumidores con la mayor competencia y a las regiones porque se les aumentarían sus ingresos por el incremento en la venta de licores legales y los desincentivos al contrabando.

Beatriz Elena Jaramillo, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (Caba), gremio que reúne a productores privados, comparte la esencia del proyecto pero pide revisar muy bien las tarifas para evitar que los productores nacionales de vinos y aperitivos terminen en desventaja frente a los importados.

Lo cierto es que la coyuntura de la industria licorera colombiana es la más propicia para hacer los ajustes que por años se han pedido en el mercado. En este escenario las licoreras departamentales pueden salir ganando si innovan más, conquistan mercados y no ponen obstáculos a sus competidores. Es hora de entender que los mayores enemigos son el contrabando y la adulteración, que les están haciendo pasar tragos muy amargos a toda la industria, nacional y extranjera.