MEJORES VIENTOS?

Ellunes 8 de julio las aerolíneas colombianas escucharon de labios del presidente Ernesto Samper unas palabras que habían esperado por largo tiempo. El primer mandatario se comprometió a denunciar el tratado de tráfico aéreo entre Colombia y Estados Unidos, si en la tercera ronda de negociaciones no se llegaba a un acuerdo satisfactorio para los intereses nacionales. Hacer uso de ese mecanismo había sido propuesto por las empresas desde que se iniciaron las reuniones de consulta con el propósito de regular la oferta Aérea entre los dos países, pero no la habían puesto en práctica por considerarla una medida demasiado dura. Sin embargo ante los hechos sucedidos en los últimos meses, la idea de denunciar el tratado fue ganando adeptos. Las reuniones de consulta habían resultado insuficientes para armonizar los intereses de los estadounidenses, que propugnan por un mercado de cielos abiertos, y los de las líneas colombianas, que esperan sobrevivir a la competencia de los pulpos de la aviación mundial. A esa diferencia se habían sumado otros dos hechos que polarizaron aún más las posiciones: sobre las empresas nacionales pesan las sanciones inherentes a estar en la categoría dos en materia de seguridad aérea, que restringen la posibilidad de ampliar operaciones o cambiar de naves a las compañías locales. Por otra parte, el Departamento de Transporte anunció que sancionaría a las líneas colombianas si la Aeronáutica Civil no autorizaba a American Airlines a volar la ruta entre Bogotá y Nueva York. A pesar de ser una medida fuerte, Colombia no sería el único país que ha pensado en denunciar su convenio aéreo con Estados Unidos para defender sus aerolíneas. Actualmente, tanto Francia como Japón están negociando un nuevo acuerdo que les permita lograr unas mejores condiciones frente a las compañías norteamericanas. Por otra parte, como lo resalta Manuel Leal, director de la Asociación de Transportadores Aéreos Colombianos _Atac_ "la suscripción de un nuevo convenio le permitiría a Colombia evitarse en el futuro las fricciones que se han presentado por la interpretación de algunos artículos del tratado actual". La mayor queja que las aerolíneas tienen sobre el convenio firmado en 1956 tiene que ver con la falta de mecanismos para regular las diferencias entre las capacidades de los aviones, pues no es lo mismo volar un Mac Donald Douglas que un Boeing 757. Con estos antecedentes, las aerolíneas colombianas llegaron a Washington con la esperanza de mejorar su situación, gracias a los mecanismos previstos por los tratados en caso de que haya una denuncia. En efecto, en el caso de que se denuncie el tratado se mantendría congelada la situación actual por un año. Si cumplido el período no hay acuerdo entre las partes, tanto el convenio bilateral como el Acuerdo de Chicago prevén que la aviación comercial se regule con base en notas diplomáticas y cumpliendo una estricta reciprocidad. Pero en el marco de las negociaciones, la Aerocivil dijo que el gobierno colombiano sólo estaba dispuesto a denunciar si no llegaba a un entendimiento. Esta posición ha sido criticada por algunos por pasiva pero la entidad está convencida de que era necesario agotar la vía de la concertación antes de entrar a denunciar. En su concepto, si en la vía del diálogo había pocas probabilidades de éxito, la confrontación tampoco estaba libre de problemas. Las dificultades de la negociación residen en que mientras para las compañías colombianas Estados Unidos es el mercado internacional más importante, para las norteamericanas sus operaciones en Colombia sólo le representan el 1 por ciento de sus ingresos. No obstante algunos países latinoamericanos, como Chile, han logrado avances importantes por la vía del entendimiento: a principios de esta década, ante la amenaza del gobierno austral de denunciar su convenio aéreo, Estados Unidos accedió a que se regulara el número de frecuencias diarias que American Airlines y United Airlines podían volar a Chile. Pero aun si la Aerocivil optara por la denuncia, cabría todavía la posibilidad de que el gobierno estadounidense escoja de forma arbitraria a determinadas compañías para cubrir ciertas rutas. Además, una estricta regulación de la oferta podría significar una disminución en la competencia y un aumento en las tarifas. Al ser interrogados sobre esta posibilidad, tanto la Aeronáutica como Atac aseguraron que en ningún caso se afectarían los intereses de los usuarios. Como si esto fuera poco, la aplicación del mecanismo no acaba con la posibilidad de que el Departamento de Transporte aplique sanciones a las aerolíneas colombianas por el episodio de American Airlines. Aunque es muy temprano para cantar victoria, todas las fuentes consultadas por SEMANA coinciden en afirmar que hay un cambio de actitud por parte del gobierno de Estados Unidos. El hecho más significativo en esa nueva conducta es que el secretario de Transporte, Federico Peña, manifestó su deseo de conocer personalmente el caso de Colombia. Las conversaciones quedaron congeladas a raíz del suceso del avión de la TWA y podrían reanudarse esta semana. Pero sobre las perspectivas de las mismas hay diferentes proyecciones: mientras que un directivo de una aerolínea dice que "aunque las conversaciones han sido cordiales, no hay entendimiento en nada y no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo", el analista estadounidense sobre temas aéreos latinoamericanos, Robert Booth, señala que "Estados Unidos no quiere que Colombia denuncie el acuerdo porque no desea otro escenario de conflicto en un año electoral". También resulta importante que el Departamento de Transporte quiera que la Federal Administration Aviation FAA agilice el proceso de reclasificación de la aviación colombiana a la categoría uno, para así poder levantar las restricciones sobre las compañías aéreas. Una visita de la FAA para evaluar los avances de la Aerocivil en este tema, fue anunciada para los próximos días. Ante estos acercamientos, el director de la Aerocivil, Abel Enrique Jiménez, le dijo a SEMANA que "la posibilidad de denunciar el tratado hoy está más lejos que hace 15 días, pero aún no la hemos descartado". De llegarse finalmente a un entendimiento entre las partes, éstas podrían entrar a negociar los puntos del tratado que hacen referencia a las desigualdades en la capacidad de oferta o decidir congelar la situación, manteniendo las frecuencias como están. La segunda posibilidad no parece convencer del todo a las empresas colombianas pues seguirían en una condición de desventaja ver cuadro. La otra duda que asalta a los operadores colombianos es qué pueda pasar en materia de sanciones comerciales, porque a pesar de que las conversaciones entre los delegados de los dos países se desarrollan en las oficinas del Departamento de Estado, ese tema parece estar a kilómetros de distancia. "Los funcionarios estadounidenses han tenido un especial cuidado en no mezclar los dos asuntos", le dijo a SEMANA una fuente que conoce de cerca el proceso de negociación. De todas maneras, Estados Unidos sigue guardando bajo la manga los ases de la certificación aérea y los castigos contemplados en el marco de la descertificación en la lucha antinarcóticos, manteniendo en vilo tanto a las aerolíneas nacionales como a buena parte de los colombianos.