Pelea sin fin

Uno de los pleitos más largos en la historia empresarial colombiana acaba de tener un nuevo episodio. La Defensoría del Pueblo ordenó pagar una cuantiosa indemnización en favor de los accionistas minoritarios del antiguo Banco de Colombia. Habían adquirido este derecho en un tribunal de arbitramento que falló en contra de Bancolombia en enero de 2004 y que ratificó el Tribunal Superior de Bogotá en abril del presente año.

Se supone que la resolución de la Defensoría del Pueblo debería poner punto final a esta vieja disputa, pero, por el contrario, encendió la pelea. Mientras los pequeños accionistas (cerca de 8.000) contaban para la indemnización por los daños causados con 55.000 millones de pesos, Bancolombia destinó para el pago 3.300 millones de pesos (para unos 113 accionistas), y así lo depositó en la Defensoría del Pueblo.

¿Por qué la diferencia? En primer lugar, la indemnización se deriva de una acción de grupo que se resolvió en un tribunal de arbitramento hace cuatro años. Los accionistas minoritarios, coordinados por el abogado Maximiliano Echeverri, se sintieron afectados con la fusión del antiguo Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano (BIC) en 1998 y se fueron a los tribunales a reclamar. En un laudo de enero de 2004, el Tribunal les dio la razón y ordenó el pago de 19.213 millones de pesos como indemnización (los afectados estiman que a la fecha la asuma asciende a 55.000 millones de pesos, con intereses incluidos). Pero Bancolombia apeló el laudo ante el Tribunal Superior de Bogotá y pidió su nulidad. Sin embargo, no tuvo suerte. El Tribunal dejó el fallo en firme este año, y confirmó la condena para el banco.

Como se trataba de una acción de grupo, le competía a la Defensoría del Pueblo hacer de pagador y notificarles a los beneficiarios sobre su derecho a cobrar el dinero respectivo. Eso es justamente lo que acaba de hacer la entidad, que además advirtió que "una vez se haga efectivo el valor total de la condena, de conformidad con la decisión adoptada por el Tribunal de Arbitramento, mediante laudo arbitral del 30 de enero de 2004, se procederá a cancelar las solicitudes que se presenten por los accionistas ante el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos para la Indemnización Correspondiente".

Según los demandantes, se entiende que Bancolombia tendrá que consignar el resto de la plata. Pero otra cosa piensa el banco. Su apoderado, Javier Tamayo Jaramillo, asegura que la entidad está actuando conforme a la ley. Argumenta que hay un reglamento para este tipo de reclamaciones, según el cual las personas tenían 20 días a partir del laudo arbitral (enero de 2004) para hace valer sus derechos. Bajo esta disposición, el banco consignó el dinero correspondiente a las 113 personas que se presentaron oportunamente. Pero para Echeverri el Tribunal fue muy claro en señalar que en este caso no opera la norma de los 20 días, porque los accionistas pequeños estaban perfectamente identificados.

La Defensoría del Pueblo terció en este asunto en una carta enviada a Bancolombia el 9 de mayo del presente año, en la cual señala que "los beneficiarios tanto presentes como ausentes fueron identificados en la sentencia, por consiguiente, para la Defensoría del Pueblo todos son beneficiarios del fallo y, a los mismos, se les debe cancelar acorde con lo establecido en el laudo y conforme a la lista presentada ante el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos".

El asunto no podría estar más enredado. Bancolombia afirma que está actuando bajo la ley, y la contraparte advierte que no se quedarán quietos y que acudirán a procesos judiciales para recuperar lo que, afirman, les pertenece. Como van las cosas, este pleito parece condenado a durar hasta el fin de los tiempos. n