PELEA GASEOSA

Hacía rato que el interior y la costa no peleaban, por lo menos abiertamente. Sin embargo, bastó el anuncio sobre la intención del gobierno de conducir el gas de la Guajira hasta Bogotá, para que los sentimientos regionalistas que se habían mantenido en calma comenzaran a calentarse. Esa fue, por lo menos, la reacción más destacada de una serie de personalidades y gremios costeños que la semana pasada continuaron oponiéndose a la noticia dada por el ministro de Minas, Guillermo Perry, referente a los planes que se tienen sobre el gas guajiro.

La estrategia, en realidad, puede llegar a ser una de las realizaciones bandera de la administración Barco. La idea consiste en promover la sustitución de combustibles y electricidad por gas natural, tanto a nivel industrial como doméstico y abarcando actividades que incluyen el transporte urbano. Según los técnicos del gobierno, el mineral es muchísimo más barato que las alternativas existentes y su uso está plenamente justificado.

Semejante apreciación es especialmente llamativa en el caso del consumo doméstico. Las cifras actuales indican que Colombia es uno de los países del mundo donde la electricidad--considerada como uno de los energéticos más costosos--se utiliza con más intensidad en los hogares, tanto para la cocción de los alimentos como para el calentamiento de agua. Según el Ministerio de Minas, en casi un 50% de las casas se utiliza la energía eléctrica con ese fin (la cifra más alta de Latinoamérica), mientras que en los países desarrollados esta proporción no pasa del 30%. Como es de suponer, eso tiene su incidencia sobre el presupuesto familiar, más aún teniendo en cuenta que las tarifas de electricidad en Colombia también se ubican entre las más altas del mundo. Si se utiliza el gas natural, el gobierno sostiene que su costo será de entre un 30% y un 50% del que se incurre con la utilización de la electricidad. Incluso, la relación sería favorable también en el caso del cocinol, el combustible que utilizan los estratos de menores recursos, y cuyo uso ha generado problemas de acaparamiento y seguridad para el usuario.

Algo similar se ha hecho en el terreno del transporte público. Algunos planes piloto ensayados en Barranquilla y Neiva, han revelado que utilizando el gas natural comprimido como combustible, los buses urbanos dan más kilometraje por tanqueada, contaminan menos, encienden con más facilidad y el combustible les vale apenas un 60% de lo que les cuesta la gasolina.

Con semejantes cifras es indudable que la idea es interesante. El problema radica en que aunque el país tiene gas, los grandes yacimientos quedan lejos de los mayores centros de demanda. Desde mediados de la década pasada cuando se descubrieron los campos submarinos de Chuchupa y Ballena, cerca a Manaure, el país ha contado con reservas considerables de gas, estimadas en 3.200 billones de pies cúbicos.

En un comienzo se pensó que todo el gas guajiro se iba a destinar para consumo en la costa. Sin embargo, los planes de uso del mineral únicamente se cumplieron parcialmente, y en la actualidad, la costa utiliza solamente cerca de la mitad del potencial de producción de los yacimientos guajiros. La cosa se vuelve más grave si se tiene en cuenta que para aumentar la producción, es necesario construir otra plataforma con un costo cercano a los 100 millones de dólares y el consumo de la región no justifica el ensanche. Por tanto, el gobierno sostiene que la solución consiste en construir un gasoducto hasta Barrancabermeja--en donde hay demanda para el producto--, con posibilidades de extenderlo hasta Bogotá.

Hasta ahí, la idea parecía tener aceptación universal. Sin embargo, un artículo del ex ministro Carlos Rodado Noriega, aparecido en el diario El Espectador, puso el dedo en la llaga. Según Rodado, el plan es descabellado casi que de comienzo a fin y su justificación económica es nula. "El gobierno no está diciendo la verdad", sostuvo el ex funcionario, quien negó los cálculos preliminares hechos por la administración respecto al costo del proyecto. Según Rodado, traer el gas hasta el interior es una operación supremamente costosa, que no se justifica. "Se puede probar que el gas sale más caro que el cocinol y que otros combustibles", afirmó.

Como si lo anterior fuera poco, la polémica se acentuó con un comunicado de las Cámaras de Comercio de algunos departamentos costeños, las cuales dijeron que la región se iba a quedar sin el combustible. De los reparos técnicos de Rodado se pasó rápidamente a los regionales y a las consabidas críticas al interior, el cual, supuestamente, estaría aplicando una vez más la famosa ley del embudo.

Por su parte, el gobierno se apresuró a negar la versión. Respecto a las observaciones de Rodado, se contestó que la última palabra la daría un estudio de factibilidad contratado por una serie de empresas, que están interesadas en el gasoducto. Será el estudio el que demuestre si vale la pena llevar el gas hasta Bogotá, hasta Barranca o simplemente dejarlo enterrado en la Guajira.

A su vez, las críticas al centralismo las contestaron los mismos costeños. Dirigentes de los departamentos que se verían beneficiados por el gasoducto (Guajira y Cesar, principalmente), apoyaron la idea. Amílcar Acosta, jefe del Departamento de Planeación de la Guajira, anotó que "es injusto que Barranquilla y Cartagena le pidan a la Guajira que aplace su desarrollo", haciendo referencia a las mayores regalías que recibirían tanto el departamento como la ciudad de Manaure, de salir adelante la iniciativa. Igualmente, Acosta señaló los beneficios derivados de la extensión de las redes de gas para el consumo doméstico en un buen número de poblaciones de la región.

En opinión de algunos observadores, las críticas se presentaron simplemente porque se han pisado ciertos callos en Barranquilla y Cartagena. Aunque en esas ciudades se han adelantado planes de gasificación para consumo doméstico, estos se han dirigido a los estratos medios y altos y por tanto, la idea de popularizar el consumo tiene claras implicaciones políticas. Adicionalmente, hay quienes afirman que dentro de la región costeña existe cierta discriminación frente a los departamentos "atrasados" y esto explicaría que no se vea con buenos ojos un proyecto que no beneficia directamente a las dos principales cabeceras.

Pero aparte de la polémica, lo que si quedo en firme la semana pasada fue la intención del gobierno de salirse adelante con su plan de masificar el consumo de gas. Independientemente del resultado de los estudios sobre la posibilidad de traer el gas guajiro a Bogotá, ya hay planes para extender el uso de este para fines domésticos e industriales en Villavicencio, Bucaramanga y las ciudades de la costa. El gobierno sostiene que los resultados iniciales han sido tan buenos, que no duda sobre la conveniencia del plan. Lo cierto es que la semana pasada no faltó quien se preguntara por qué si a los países europeos les resultó favorable construir un gasoducto para traer el gas de Siberia, a los colombianos no les serviría hacer uno para reemplazar energía cara por energía barata.