PUNTO FINAL

Tenía que suceder. Dos años después de que el gobierno interviniera de manera "informal" a las empresas del Grupo Grancolombiano, la historia llegó a su fin el viernes pasado, cuando el Ministerio de Hacienda emitió las resoluciones 02, 03 y 04, según las cuales se nacionalizan las firmas Granfinanciera, Pronta, Comercial Grancolombiana y el Banco de Colombia, cuyos activos globales se acercan a los 400 mil millones de pesos. Con la firma de las medidas, el Estado colombiano queda facultado para decidir sobre la suerte de unas cien compañías, que hace apenas unos años conformaban uno de los grupos privados más importantes del país.
Si bien la noticia no dejó de producir cierto revuelo, la verdad es que la suerte del grupo estaba pronosticada desde hace meses. Los problemas financieros de las empresas nacionalizadas eran conocidos en el medio, y a pesar de que, según el gobierno, se hicieron todos los esfuerzos para su saneamiento, "no nos quedaba otro camino", en opinión de uno de los inspiradores de la decisión. Inclusive, se sabe que las medidas iban a ser adoptadas en noviembre, pero debido a las tragedias del Palacio de Justicia y de Armero, se aplazó la firma de las resoluciones hasta enero, una vez que el Congreso aprobó la creación del Fondo Nacional de Garantías del sector financiero.
Pese a estar prácticamente "telegrafiada", la nacionalización de las cuatro empresas financieras, que eran los pilares del Grupo Grancolombiano, se constituye en la más importante en la historia del país. Tal como sostiene el comunicado del Ministerio de Hacienda que explicó el alcance de las resoluciones, las cuatro entidades "emplean 6.371 personas cuyos salarios anuales ascienden a 16.856 millones, disponen de 336 oficinas en el país a través de las cuales manejan 344.347 cuentas corrientes, 1.570.817 cuentas de ahorro y 131.400 certificados de depósito a término, para un monto consolidado de ahorro público de $126.425 millones, lo que representa aproximadamente 15% del ahorro que manejan instituciones del mismo tipo".
La suma que cita el gobierno seria mucho mayor si en ésta se incluyen las compañías que controlaban las empresas nacionalizadas, tales como Granahorrar, Aseguradora Grancolombiana, Diners, Inversiones Bogotá y decenas de entidades más. Es por esa razón que la semana pasada un observador se apresuró a afirmar que "el grupo Grancolombiano ha desaparecido".
Sin embargo, la polémica en torno al grupo todavía no se acaba. Desde ya se sabe que se va a hacer un debate en el Congreso sobre los motivos que alegó el gobierno para tomar sus decisiones y que los abogados y representantes de Jaime Michelsen Uribe van a presentar una serie de demandas impugnando las resoluciones.
Por ahora, el gobierno justifica su actitud con base en las cifras de las entidades nacionalizadas. Según el Ministerio de Hacienda, éstas habian acumulado pérdidas que en septiembre de 1985 llegaron a 19 mil 921 millones de pesos, cuyas causas "son variadas y se remontan a operaciones que tuvieron lugar antes de 1983".
En opinión de los especialistas, la mayoría de los problemas se concentró en dos entidades: el Banco de Colombia y la Corporación Financiera Grancolombiana, Granfinanciera, cuyas pérdidas conjuntas se acercaron en 1985 a los 17 mil millones de pesos. La estrategia inicial del gobierno se basó en recapitalizar las entidades y clarificar los vínculos que existian entre las diferentes empresas del grupo. Aunque en un comienzo se obtuvo algún éxito, ya para 1985 quedó en claro que a menos que se tuviera un golpe de suerte, no habría un camino diferente al de la nacionalización. El Banco y la Corporación tenían muchas dificultades: la deuda del Banco en Panamá pasaba de 500 millones de dólares y no había como atenderla y las deudas de las empresas del grupo ascendían a unos 60 mil millones de pesos de los cuales más del 70% no estaban vencidas sostuvo un técnico del gobierno.
Para la mayoria de los conocedores, el salvamento del Banco fracasó, cuando fue imposible colocar la emisión por 10 mil millones de pesos, de bonos convertibles en acciones de la institución. Aunque las condiciones de financiamiento otorgadas por el Banco de la República eran muy favorables, el papel no recibió la confianza de los inversionistas y apenas se logró colocar una pequeña parte de todo el paquete.
Ante ello, se decidió utilizar la estrategia del Fondo de Garantías, que fue aprobado por el Congreso a finales de diciembre y el cual le otorga una serie de facultades al Estado para intervenir en el salvamento de entidades financieras en problemas. Aunque en un comienzo se pensó que con el Fondo de Garantías ya no habria necesidad de llegar al extremo de la nacionalización, se acabó concluyendo que ésta era indispensable para permitir un manejo más independiente de las entidades y castigar a los accionistas originales. Adicionalmente el ingreso de las compañías nacionalizadas al Fondo, le va a permitir al gobierno inyectarle a éstas 26 mil 400 millones de pesos (15 mil al Banco, 7 mil a la Corporación y el saldo a Pronta y Comercial Grancolombiana), con lo cual éstas cancelarán créditos que ya tienen por 19 mil 400 millones y utilizarán los 7 mil millones restantes para recuperarse.
Por otra parte, el gobierno planea un sistema para reducir el valor nominal de las acciones de las entidades nacionalizadas, con lo cual se asegura que el esfuerzo del Estado no beneficiará a quienes tuvieron responsabilidades en su debilitamiento. Igualmente el Fondo contemplará la creación de un esquema especial para favorecer a los accionistas medianos y pequeños del Banco de Colombia que ningún vínculo tuvieron con los problemas del Banco ".
LAS REACCIONES
La drástica decisión del gobierno se discutirá durante los próximos meses.
En opinión de Pablo Michelsen Niño, hijo del banquero Jaime Michelsen lo sucedido es la consumación del atropello que se viene adelantando hace dos años y medio". Al comentar las justificaciones del gobierno, Michelsen Niño sostuvo que es falso que lodas las pérdidas se deban a la pasada administración del grupo. Todas se deben a la actual. El hijo del banquero insistió en que cuando el gobierno tomó el control éste era un grupo sólido cuyos activos superaban a las acreencias en más de 11 mil millones de pesos .
Una visión diferente es la que tienen varios observadores económicos. En opinión de un ex funcionario del Banco de Colombia, "el grupo estaba muerto en 1983 y sigue muerto ahora. No había posibilidad matemática de que saliera adelante. Esta decisión es la más acertada aunque tal vez un poco demorada sostuvo alguien allegado al Fondo de Garantías.
Aunque al final de la semama pasada en medios financieros la acción del gobierno fue aceptada, éste no dejó de ser criricado. Para muchos, la gestión de Fideicomiso que controló el grupo fue ineficiente, costosa y sólo contribuyó a agrandar los problemas originales. " En el caso del Banco, se le dió un pésimo tratamiento a la deuda sobre Panamá y las obligaciones sobre el Idema", dijo enfáticamente un especialista en el tema.
Una aparente aceptación de ese fracaso relativo es el cambio de cuadros directivos dentro de las empresas que componían el grupo. Por ahora, se sabe del retiro de Ignacio Copete, quien sería reemplazado nor Guillermo Villaveces, actual presidente del banco Sudameris.
La nueva administración tendrá a su cargo el reordenamiento de las entidades nacionalizadas y la posible venta de compañías que algún día fueron consideradas banderas del Grupo Grancolombiano. Pese a que la expericacia del Banco del Estado ha sido exitosa y sirvió como modelo en ciertos aspectos, los analistas previenen que la tarea en este caso es mucho más dispendiosa y un error podría costar cientos de millones de pesos. Con todo, la gran diferencia ahora radica en que con el experimento actual, el gobierno se ha comprometido a devolverle las entidades nazionalizadas a los particulares, siguiendo los parámetros que fija el Fondo de Garantías. Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo que puede pasar antes de que éstas se saneen, son muchos los observadores que se muestran escépticos ante la posibilidad de que el Banco de Colombia y las demás empresas intervenidas vuelvan a manos del sector privado. --

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