¿Resucita Paz del Río?

Acerias Paz del Rio la han desahuciado muchas veces. Desde hace al menos ocho años la declararon en estado terminal y, sin embargo, ha logrado sobrevivir. Y, si sale tan bien como parece, el último tratamiento que le aplicaron la semana pasada la puede mejorar del todo.

El jueves 10 de julio, en una reunión en Belencito a la que asistió el presidente Alvaro Uribe, se presentó una nueva convención colectiva. En ella los trabajadores aceptaron desmontar o congelar buena parte de los beneficios laborales de los que habían gozado durante años, que eran uno de los obstáculos para hacer viable a la siderúrgica boyacense. Pero quizá lo más novedoso del acuerdo al que llegaron los cuatro sindicatos, el gobierno y la nueva administración fue el esquema a través del cual los trabajadores se convierten en los dueños mayoritarios de Paz del Río.

Con este convenio se abre paso la presentación de un plan de reestructuración dentro de la Ley 550, que debe definirse a más tardar el próximo 18 de julio. Ante la perspectiva de que llegue a buen término este proceso, y con los resultados positivos de la empresa en el primer semestre de 2003, todos están muy optimistas. La acción de Paz del Río, por ejemplo, aumentó más de ocho veces su valor en el mes de junio. De todos modos las dificultades por las que ha atravesado la empresa en el pasado crean interrogantes sobre si esta fórmula sí será la salvadora.

Historia traumatica

El día en que Gustavo Rojas Pinilla inauguró el alto horno, en 1954, calificó a Paz del Río como "la más grande aventura industrial en que se ha empeñado el país". En mayo de 1996, la aventura estaba literalmente empeñada. Había entrado en concordato. El Sindicato Antioqueño era su socio mayoritario y sus principales acreedores eran el Instituto de Fomento Industrial (IFI) y los bancos. La deuda con los futuros pensionados era enorme y todas las proyecciones de ese entonces indicaban que el único camino posible era la liquidación.

La competencia a la que se vio expuesta la empresa con la apertura hizo evidente su rezago tecnológico y sus altísimos costos de producción. "Incluso, con protección arancelaria permanente por parte del gobierno, contrariando todas las premisas de internacionalización de la economía, desde una visión estrictamente financiera Acerías Paz del Río no es viable", concluía el informe presentado por la junta directiva a comienzos de 1997.

En diciembre de ese año el Sindicato Antioqueño y el IFI se negaron a meterle más plata a la empresa. Se requerían 35 millones de dólares para modernizar sus equipos. El crédito estaba cerrado y la caja no le alcanzaba ni para pagar nómina. Las noticias anunciaban, otra vez, la inminente desaparición de la compañía.

Para el grupo antioqueño la acería se había convertido en un dolor de cabeza. Seguía acumulando pérdidas y exigiendo recursos que nadie estaba dispuesto a aportar. Por esto, a mediados de 1998, el grupo empresarial encontró la solución para retirarse de Paz del Río: regalar sus acciones a la Gobernación de Boyacá. Los boyacenses aceptaron gustosos y a finales de ese año eran los principales accionistas de Paz del Río.

Aunque las pérdidas continuaban y las deudas seguían creciendo los informes sobre el estado de la compañía comenzaron a mostrar optimismo. El gobernador de Boyacá en ese entonces, Eduardo Vega Lozano, anunció el interés de una empresa española, Intec, y de una norteamericana, Confidential Contractors of Georgia, para adquirir 60 por ciento de las acciones de Paz del Río. Los anuncios nunca se hicieron realidad y otra vez el fantasma de la liquidación comenzó a rondar por la compañía. A septiembre de 1998 las pérdidas redujeron su patrimonio a la mitad, con lo que la sociedad quedaba lista para ser disuelta. En noviembre de ese año la Superintendencia de Sociedades resolvió declarar incumplido el concordato y decretó la apertura de la liquidación obligatoria. Pero el enfermo se resistía a morir. Cerrar la acería implicaba afectar las finanzas de cerca de 400.000 personas y 30 municipios que, de una u otra forma dependían, y siguen dependiendo hoy, de Paz del Río. La junta directiva pidió entonces revisar esa decisión, con lo que Paz del Río quedó en un limbo jurídico del que pocos creían que iba a salir con vida.

Sin embargo salió. En junio de 2000 la Superintendencia dio por terminado el concordato y aceptó que Paz del Río se acogiera a la Ley 550. Durante los últimos años la caja de la compañía no le había permitido pagar oportunamente los impuestos ni hacer aportes al Seguro Social y al Sena. Se debían sueldos a los trabajadores y mesadas a los pensionados. En septiembre de ese año todas las deudas quedaron incluidas en el proceso de reestructuración.

La Ley 550, o de intervención económica, prevé que, después de determinar cuánto se debe a cada uno de los acreedores de una empresa, se celebre un acuerdo en el término de cuatro meses. En el caso de Paz del Río comenzar a promover el acuerdo demoró año y medio. El Seguro Social y Minercol, dos de los principales acreedores, decían que el monto de la deuda con ellos no era el que decía Paz del Río.

El proceso comenzó a desempantanarse después de que el presidente Alvaro Uribe prometiera encontrar conjuntamente una solución definitiva. Se nombró como presidente de la compañía a Edgar Plazas, el sexto en los dos últimos años, y empezó a hablarse de comprar nuevos equipos con recursos propios. Ya no se iba a necesitar la plata de un tercero que, en todo caso, no parecía fácil conseguir sin el aval del gobierno. La devaluación del peso en 2002, los mejores precios internacionales del acero y la reactivación de la construcción permitieron que por primera vez en muchos años los números dejaran de estar en rojo.

Desde septiembre del año pasado el gobierno, los trabajadores y la administración iniciaron una serie de reuniones para encontrar una salida. Se mejoró la relación con los sindicatos, que empezaron a participar más activamente en la gestión de la compañía. En cambio las relaciones con los dos promotores que ha nombrado la Superintendencia de Valores para liderar la negociación no han sido fáciles. El primer promotor, un banquero de larga trayectoria, renunció en marzo de este año y se nombró en su reemplazo al decano de ingeniería metalúrgica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Víctor Hermes Barrera.

La fórmula que se idearon para conseguir los recursos que, según Edgar Plazas, permitirán por fin modernizar a Acerías Paz del Río, es una mezcla de venta de activos, ahorro por menores gastos laborales y la capitalización de deudas. Los protagonistas son los trabajadores. Aceptaron eliminar hasta 2005 una prima extralegal de Navidad, terminar gradualmente una prima de antigüedad y congelar los salarios hasta mediados de 2004.

Adicionalmente, comprarán una deuda de cerca de 50.000 millones de pesos que tiene la compañía con el IFI por 25 por ciento de su valor con el propósito de capitalizarla. Para pagarla ahorrarán 2 por ciento de su salario durante siete años.

Desde ministros, políticos y empresarios hasta académicos y generales retirados han estado a cargo de Acerías Paz del Río, que lleva agonizando varios años. Ahora el turno es de los trabajadores, que muy orgullosos anuncian el nacimiento del primer sindicato empresarial del país.