La asociación Colombia Fintech anunció su respaldo formal a los artículos del proyecto de ley del estatuto antiterrorista que buscan limitar el uso del dinero en efectivo en transacciones de alto valor, lo que confirma que acompañará su trámite en el Congreso de la República.
La propuesta del Gobierno nacional busca restringir o prohibir los pagos en efectivo para la compraventa de activos de gran valor, más específicamente inmuebles como apartamentos, viviendas y lotes y vehículos de alta gama, exigiendo que estos giros se hagan obligatoriamente a través del sistema financiero.
El propósito fundamental de la medida es establecer un mecanismo efectivo de trazabilidad financiera que genere un registro formal sobre el origen y destino de los fondos entre comprador y vendedor. Al obligar a tramitar estas transacciones por canales bancarios institucionales, las autoridades buscan eliminar el anonimato que requieren el lavado de activos y la financiación del terrorismo, sofocando de forma directa la estructura operativa de las economías ilícitas.
Al respecto, Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, enfatizó la urgencia de cercar los recursos ilegales. “Es importante tomar ejemplos regionales como el de México, donde se están limitando escenarios de alto uso del efectivo para prohibir a estas economías ilícitas que hagan uso de medios más eficientes para cometer delitos”, señaló.
Santos agregó que desincentivar el dinero físico representa también un importante beneficio social, ya que genera historial transaccional para que la población en condición de vulnerabilidad acceda a servicios bancarios formales.
El gremio destacó que la infraestructura digital de Colombia ya está totalmente lista para asumir esta transición del efectivo a los pagos digitales, impulsada por el auge de las billeteras digitales, que en 2025 alcanzaron un uso del 69,5 % entre los adultos, y el despliegue del sistema de pagos inmediatos Bre-B.
Las cifras del sector financiero citadas por Colombia Fintech confirman este avance. La adopción de Bre-B redujo la demanda transaccional de efectivo del 23 % en el segundo trimestre de 2025 a cerca del 17 % en el cuarto trimestre del mismo año. Asimismo, la proporción de operaciones en billeteras digitales destinadas a retirar efectivo cayó del 46,3 % en 2020 al 18,9 % en 2025, mientras que el uso general del efectivo descendió del 89 % en 2014 al 66 % en 2025.
La restricción al dinero en efectivo no actúa de forma aislada, sino que se integra a un marco más amplio de herramientas contempladas en el borrador del Estatuto Antiterrorista. Entre ellas destacan la creación de un registro obligatorio de terroristas con la facultad de congelar sus activos en 24 horas, el establecimiento del Sistema Nacional de Trazabilidad de Minerales Estratégicos con comprobantes digitales y la regulación de proveedores de activos virtuales mediante licencias y reportes obligatorios ante la UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero.