UN LIO MUY CACAREADO

COLOMBIA ES UN PAIS DE polleros: en Bogotá existen unos 2.000 establecimientos de venta de pollo crudo y asado, la cadena de restaurantes más grande del país es Kokoriko y cada colombiano consume en promedio 15 kilos de pollo al año. En medio de esas cifras ha crecido uno de los negocios más competidos a nivel nacional. Sin embargo, la lucha entre los polleros no se está dando sólo en el campo comercial, sino que es aún más reñida en el campo de las marcas.

Muchas son las batallas legales que se han dado y están en pleno fragor sobre nombres de expendios de pollo o sus productos, pero uno de los combates más duros acaba de fallarse tras una tutela en el Tribunal Superior de Bogotá. Tiene que ver con la marca Mc Pollo, que desde que quiso registrarse hace casi 20 años recibió las primeros enfrentamientos jurídicos.

A mediados de los años 70 una compañía de Bucaramanga, Avidesa Ltda., pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de su marca 'Mc Pollo, su pollo rico'. De inmediato, Maggi -famosa por sus caldos- y Las Colonias -primer restaurante de la cadena Kokoriko- se opusieron a que se registrara ese nombre a favor de Avidesa. Las compañías alegaron que al menos la palabra explicativa "rico" afectaba sus eslogans y que, por tanto, no podía ser susceptible de reconocimiento.

Aunque la solicitud de trámite se inició en 1976, sólo en 1980 se declaró infundada la oposición; pero únicamente en 1983 fueron decididos sucesivos recursos impetrados, especialmente por Maggi, contra las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sólo el 30 de octubre de 1984 la autoridad competente expidió la resolución que otorgó el registro marcario a favor de Avidesa.

Dentro de la forma como funcionaba la Superindustria y Comercio por esos años, esa era la demora normal del trámite de un registro de marca. Hoy puede tardarse no más de tres meses y medio. Por ejemplo, ahora se están concediendo marcas sin observaciones de terceros, presentadas en febrero pasado. Mientras pasó todo ese tiempo, surgió en San Andrés un exitoso negocio de pollos, llamado Rico Mc Pollo, que se convirtió en paso obligado de los turistas de la isla.

Dada la notoriedad que adquirió el restaurante y el sabor especial de su pollo, sus propietarios, Ricardo Caicedo Pulgarín y Gustavo Hernando Ruiz, decidieron registrar la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero se encontraron con el antecedente marcario a favor de Avidesa, por lo cual desistieron y solicitaron modificar la expresión por Rico Míster Pollo. Hasta ese momento las cosas marcharon sin muchos sobresaltos. Sin embargo, los polleros de San Andrés abrieron restaurantes en Bogotá para aprovechar el reconocimiento que había obtenido el sabor especial de su secreta receta. A principios de 1992 se complicó el asunto. Avidesa, especialista en pollos crudos que vende en el oriente colombiano desde 1969, decidió hacer valer sus presuntos derechos. Para acabar con su competencia, revivió su marca al pagar los derechos de publicación del registro y los correspondientes a la titularidad de 'Mc Pollo, su pollo rico'. La Superintendencia de Industria y Comercio le expidió un certificado como propietario de la marca entre febrero de 1992 y febrero de 1997. Segùn la Deciciòn 85 del Acuerdo de Cartagena, hoy derogada, cada registro de marca tiene una vigencia de cinco años a partir de la fecha de expedición de la aprobación por parte de la autoridad competente.

Comenzó entonces una discusión jurídica en torno de la vigencia y la forma como se había otorgado la nominación. Para los recién llegados a Bogotá, la marca de Avidesa había perdido su vigencia, pues sólo podía usarse entre 1984 -cuando se expidió la resolución que le reconoció la marca- y 1989. Por su parte, Avidesa alegó que como la misma resolución decía, sus efectos se cristalizaban cuando pagara los derechos monetarios correspondientes, lo que hizo sólo en 1992.

Comenzó una batalla jurídica que llegó ante tribunales civiles y el Consejo de Estado. No obstante, por la lentitud con que se llevan esos procesos, se desató casi que una guerra. Avidesa acusó a su contraparte de usurparle la marca y acudió con los certificados de la Superintendencia ante un juez civil del circuito, que en febrero pasado embargó el uso que en utensilios, avisos, motos y papelería venía haciendo Rico Mc Pollo en lujosos restaurantes de Bogotá y San Andrés.

Desde entonces los avisos de Rico Mc Pollo debieron ser retirados e incluso hubo un receso después de la espectacular operación emprendida por tres inspectores de Policía. Y como a toda acción le corresponde una reacción, los perjudicados con la medida acudieron a la acción de tutela para dar por terminadas las actuaciones que consideraba indebidas por parte de la Superintendencia. Así, el pasado 5 de mayo el Tribunal Superior de Bogotá suspendió el registro de la marca que ostentaba Avidesa y la vigencia de las certificaciones expedidas con base en ese registro.

El Tribunal encontró que los actos administrativos fueron irregularmente tramitados y halló violaciones al debido proceso. De allí en adelante se ha descubierto una serie de irregularidades cometidas en la Superindustria entre 1976 y 1992, que van desde anulaciones de actos administrativos a mano, registros de marcas con enmendaduras y retoques, expedientes desaparecidos, resoluciones y certificados sin fechas de vigencia, y privilegios especiales a favor de Avidesa, hechos todos que incluso ya pasaron a conocimiento de la justicia penal.
Los asaltos de la pelea han sido muchos, pero los finales están por llegar. Falta una decisión del Consejo de Estado sobre la legalidad de la resolución que otorgó la marca, y un fallo de revisión de la Corte Constitucional sobre la tutela. El debate que viene ahora es si es bueno para el derecho marcario que sus asuntos se diriman bajo la acción de tutela. Lo cierto es que para la Superindustria era imposible echar atrás el acto que suspendió la tutela, pues para ello debía contar con el consentimiento del titular, Avidesa, que no lo otorgaría porque es el último afectado. Pero también están de por medio las crecientes repercusiones económicas que los embargos han tenido sobre el pollo de San Andrés. Las decisiones que vienen definirán de una vez por todas quién tiene la razón en un asunto tan cacareado.