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Fitch Ratings dice que la política podría debilitar el entorno regulatorio de las empresas de servicios públicos. - Foto: Getty Images/Image Source

macroeconomía

Fitch Ratings hace duras advertencias al gobierno Petro por intervenir tarifas de energía

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció varias medidas para bajar las altas tarifas de energía que están afectando las finanzas de los colombianos.

Las altas tarifas de energía que están pagando los colombianos prendieron las alarmas en el país y llevaron a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a anunciar medidas al respecto, que se centran en la intervención de la tarifa eléctrica en el corto plazo, y la creación de un indexador específico para el sector en el mediano plazo.

Sin embargo, estos anuncios no fueron bien vistos por la calificadora Fitch Ratings, que lanzó varias advertencias y alertó de consecuencias que tendría Colombia si se avanza en este plan. Asegura que el procedimiento de fijación de tarifas para las empresas de transmisión y distribución históricamente ha sido “transparente e inclusivo”.

“La incertidumbre política y los resultados regulatorios desfavorables, como la falta de procesos regulatorios transparentes o independientes, son riesgos clave para el perfil crediticio de las empresas de servicios públicos reguladas”, aseguró.

Además, la calificadora afirmó que las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la presión inflacionaria en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al evitar aumentos de precios para compensar los crecientes costos de producción.

Así mismo, advirtió que un cambio estructural en el entorno regulatorio de la electricidad, debido a la interferencia política, podría influir directamente en los perfiles crediticios de las empresas de generación, distribución y transmisión de electricidad, e indirectamente en los servicios de agua y distribución de gas natural.

“La mayor interferencia del gobierno en las regulaciones de los servicios públicos, un marco regulatorio sesgado hacia las necesidades de los usuarios finales a expensas de los participantes del sector y/o un retraso significativo para recuperar el capital y los costos de operación, son factores que se consideran inconsistentes con los entornos regulatorios de grado de inversión”, aseguró Fitch Ratings.

De acuerdo con datos revelados por el Dane, en el mes de agosto los precios de la energía eléctrica se incrementaron en 25,9 % (dato anual) en el total nacional y en ocho departamentos del país las cifras son astronómicas, la mayoría de ellos están ubicados en la región Caribe.

Actualmente, las tarifas de energía en el país se calculan teniendo en cuenta seis componentes que representan los segmentos de la cadena de valor: generación (36,3 %), transmisión (6 %), distribución (32,7 %), comercialización (13,1 %), pérdidas (8,2 %) y restricciones (3,6 %).

Para las empresas de generación, por ejemplo, los acuerdos de compra de energía generalmente están indexados al Índice de Precios al Productor (IPP), mientras que la actividad de transmisión a menudo se indexa utilizando el PPI local o incluso el de Estados Unidos, dependiendo de los activos.

Por su parte, la actividad de distribución se indexa utilizando tanto el IPP como la inflación para los gastos de administración, operación y mantenimiento. En agosto, el IPP aumentó 30 %, mientras que la inflación fue de 10,84 %, la más alta desde abril de 1999.

Es por esto que la ministra Irene Vélez anunció que la solución a corto plazo para bajar las altas tarifas de energía es elegir un indicador económico más favorable que reduzca el impacto negativo en la tarifa, mientras que en el mediano plazo se busca construir un indicador específico para el sector eléctrico.

Además, el presidente Gustavo Petro anunció que se estudia la posibilidad de intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), teniendo en cuenta una habilitación que hizo el gobierno del expresidente Iván Duque a través del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Fitch Ratings aseguró que monitoreará y evaluará cualquier cambio estructural en el marco regulatorio antes de tomar cualquier acción sobre las calificaciones de las empresas de servicios públicos, pues considera que la “sólida estructura regulatoria” ha sido un beneficio para los perfiles crediticios.