Las preguntas sobre la vacunación privada

El reto para el Gobierno no es regulatorio, sino de justicia social porque interpreta la vacuna en manos privadas como un posible escenario de inequidad, pues colocaría en condición de desventaja a la población no vinculada a las empresas compradoras, al menos en el corto plazo. Y técnicamente hablando, a ojos del Gobierno, el interés privado podría romper la integralidad del Plan Nacional de Vacunación.

El clamor de los empresarios se sustenta en una necesidad legítima: impulsar la reactivación económica mediante la protección y habilitación de la población laboralmente activa para potenciar así la competitividad. Han entendido que la vacunación no solamente es la principal estrategia sanitaria sino también la principal estrategia económica del 2021 y 2022. Para ello exigen un marco regulatorio célere y claro que brinde las condiciones para que el sector privado pueda comprar de manera directa las vacunas con laboratorios internacionales. La exigencia de los grandes empresarios se funda disipadamente en la lenta reactivación económica, en la supuesta disponibilidad de vacunas en el mercado y en la disposición de las farmacéuticas de negociar y vender a privados. No cabe duda de que el sector privado ha avanzado en conversaciones exploratorias con los productores de vacunas, pero es extraño que haya inventario para el sector privado mientras el gobierno sigue sufriendo para asegurar volúmenes.

El Gobierno Nacional por su parte ha venido debatiendo esta posibilidad, sin que haya sido una prioridad regulatoria, -como es natural- porque por razones de salud pública ha tenido que privilegiar el acceso público a la vacuna. El tema ha estado siempre en la agenda del regulador, pero es entendible que no se han dado las condiciones primarias para avanzar con decisión. Condiciones como la materialización de los acuerdos bilaterales del Gobierno con las principales farmacéuticas, producción y suministro ciertos tanto a nivel nacional como internacional, así como cobertura prioritaria a la población más vulnerable.

A estas condiciones se suman las problemáticas previsibles que son propias de nuestro sistema socio económico como son la especulación, la falsificación y el contrabando. De ahí, en suma, que el Gobierno haya optado por ahora por la centralización de las actividades de importación y aplicación de las vacunas. Adicionalmente ha estado sobre la mesa el problema de las reacciones adversas de la vacuna en manos privadas. El Ministerio de Salud y Protección Social, particularmente, consideró en el proyecto de Decreto del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid 19, que las personas de derecho privado que importen y apliquen vacunas asumirían la responsabilidad de los posibles efectos adversos. ¡Tremenda papa caliente que el sector privado debe analizar con cuidado!

Pero hacen bien los empresarios al incentivar la discusión pública sobre el acceso privado a la vacuna. La democratización de este debate es sana. Necesitamos escuchar a todos los sectores incluyendo, no solamente a los gremios empresariales y al Gobierno Nacional, sino también a los sindicatos, aseguradores y prestadores, para que la regulación sea la más idónea para las circunstancias socioeconómicas y sanitarias que vivimos.

Los grandes empresarios podrían ayudarle al Gobierno a acelerar el proceso regulatorio aportando elementos a varias preguntas que están sin responder. ¿Cómo garantizar que el sector privado no va a competir con el Gobierno en el acceso a las vacunas disponibles?, ¿A quiénes van a estar dirigidas las vacunas privadas?, ¿Cómo se va a realizar la vacunación privada?, ¿Cómo mitigar el riesgo técnico-sanitario que existe por la aplicación de vacunas por parte de privados que no han aplicado vacunas en el pasado?, y ¿Cómo se gestionarán las reacciones adversas que se presenten en empresas que vacunen?

Todo parece indicar que el Gobierno quiere facilitar la participación del sector privado, pero no sin antes resolver los principales riesgos sanitarios como también políticos que se podrían derivar de la percepción pública de inequidad y descontrol. En este sentido, las grandes empresas deben entender este temor del Gobierno y proponer un plan de acción que aborde los riesgos, pero también los beneficios de la vacunación privada para el sistema de salud. Con el plan, la disposición a regular por parte del Gobierno fluirá más rápidamente.

Adicionalmente es fundamental que los empresarios no solamente alerten sobre la necesidad de una regulación que impulse la vacunación privada sino que también hagan pedagogía pública que posicione al sector empresarial como aliado estratégico de la universalidad de la vacuna, porque si -de lo contrario- las empresas resultan asociadas al concepto de “inequidad”, el costo reputacional podría ser alto para un sector que solamente está buscando acelerar la reactivación económica. ¡No olvidemos que desafortunadamente somos una sociedad que suele tener dificultad para valorar a las empresas!