Nulidad de traslado para regresar a Colpensiones: urge regulación

En principio, esa decisión no tiene nada de extraño porque es claro que, al solicitar la pensión, esos afiliados consolidaron su situación de retiro y aceptaron sus condiciones, sin embargo, lo exótico y peligroso es que la Corte Suprema de Justicia, sugiere que esas mismas personas podrían demandar a los fondos privados para que “indemnicen” los eventuales perjuicios que pudieron sufrir, por acceder a una pensión menor a la que habrían disfrutado en Colpensiones.Para tratar de entender el problema es preciso remontarnos a la expedición de la Ley 100 de 1993, que contrario a todos los estándares técnicos, permitió la coexistencia de dos sistemas pensionales que son radicalmente distintos. Mientras en el régimen de prima media (Colpensiones) los afiliados se pensionan por acumulación de tiempo de cotización y el cumplimiento de cierta edad; en el régimen de ahorro individual (fondos privados) los cotizantes se pensionan por acumulación de capitales.En otras palabras, en Colpensiones se premia la permanencia y la resistencia, mientras en los fondos se prioriza el ahorro y los capitales, sin embargo, en idénticas condiciones de cotización y de tiempo, existen diferencias financieras evidentes y que no resisten mayor discusión.Hoy es claro que en el sistema público (Colpensiones), los afiliados accederán a una mejor pensión, entre otras razones, porque el Estado, contra el bolsillo de todos, subsidiará esas prestaciones. En el régimen de ahorro individual, el afiliado se enfrenta a una dura realidad: se pensionará con lo que logró ahorrar, sin que nadie lo subsidie. Es decir, en la inmensa mayoría de los casos, el pensionado de Colpensiones recibirá una mesada mejor que el pensionado en un fondo privado, así de sencillo.Puede que estar en un fondo privado ofrezca algunas ventajas, pero es sensato reconocer que esas prerrogativas no alcanzan para superar el sistema público, que indefectiblemente pagará una mejor pensión, aun cuando ese sistema sea financieramente insostenible y claramente ponga en riesgo las finanzas públicas.El problema es que los cotizantes no comprenden esa triste realidad sino hasta el momento en que se empiezan a preocupar por el monto de su pensión, momento en el cual puede que los haya dejado el tren y deban soportar las condiciones que literalmente les “toque”, a la de Dios, porque las normas impiden cambiar de régimen cuando se está en la recta final de la construcción de la pensión de vejez.Ahora bien, debido a decisiones judiciales que se han venido produciendo desde hace varios años, los afiliados que estuvieron en Colpensiones y que se trasladaron a los fondos privados, aún en los periodos de inamovilidad, pueden alegar judicialmente que no recibieron información -o por lo menos no la suficiente- de los fondos privados, sobre su futuro pensional y solicitan la ineficacia del traslado, invocando que su decisión es inexistente por cuanto se tomó fundada en el error y la expectativa de recibir una pensión mayor, sin que ese escenario fuera probable. En otras palabras, se alega que los fondos privados engañaron a los afiliados y por eso su decisión de trasladarse debe ser anulada para retornar al sistema público que administra Colpensiones.Hasta ahí el tema luce justo, sin embargo, es claro que ese procedimiento pone en riesgo a Colpensiones y de paso a todos los colombianos que respaldamos con nuestros impuestos a esa entidad, porque la “diferencia” de la pensión ineludiblemente la pagamos todos. A hoy, se estima que existen más de 30 mil demandas en los juzgados laborales de todo el país pendientes de decidir sobre esos reclamos.Lo novedoso de la más reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es que se abre un nuevo escenario en el cual, los pensionados podrían permanecer en los fondos privados, pensionarse y demandar a esas entidades para que “cubran” la diferencia a título de indemnización, por los perjuicios que pudieron haberle causado al afiliado al no informarle de esa situación al momento del traslado.Si esa batalla jurídica llegare a rendir frutos para los pensionados de los fondos privados, es probable que esas entidades se vean avocadas a pagar contra su propio patrimonio los daños que pudieron causar con consecuencias económicas insospechadas, entre otras razones, porque la inmensa mayoría de los pensionados de los fondos, son personas que en algún momento fueron afiliados a Colpensiones.No debemos olvidar que el artículo 4° del Decreto 656 de 1994 indica que las administradoras de fondos privados “se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de los perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados”. Bajo esa premisa puede que la posición de la Corte Suprema de Justicia sea peligrosa e inesperada, pero tiene suficiente sentido y sustento legal para hacer carrera en un país en el que a nadie se le niega una demanda.No soy el llamado a determinar si esas eventuales indemnizaciones son justas o procedentes, sin embargo, sí creo que es sensato levantar la mano para pedir mesura porque muchos se verán tentados por los cantos de sirena que suenan desde las aventuras judiciales, pero esos “llamados” pueden terminar hundiendo el barco pensional de todos.Creo que es momento de pedirle al Gobierno nacional que tome medidas urgentes en este asunto y regule esos procedimientos de traslado por ineficacia, quizás no para impedirlos, pero sí para ponerles orden. Este es un punto fundamental de una reforma pensional. Arreglando este gran problema, detendríamos una bomba de tiempo y solucionaríamos parte del hueco fiscal que le estamos creando a Colpensiones.@ccuervodiaz