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En 2008 la caída de la sofisticada pirámide creada por David Murcia generó un escándalo nacional. Pero algunos no han aprendido de ese episodio.

FRAUDES

Pirámides ¿vuelve y juega?

El resurgimiento de esquemas de captación ilegal que prometen dinero fácil tiene nuevamente en alerta a las autoridades.

30 de junio de 2019

Las alarmas están encendidas. La identificación de nuevas modalidades de captación ilegal y estafas a través de redes sociales, junto con la llegada al país –esta semana– de David Murcia Guzmán, el creador de DMG, la pirámide financiera que defraudó a miles de colombianos en 2008 y puso en jaque al Gobierno al punto que fue necesario adoptar una emergencia económica, tiene a las autoridades en estado de alerta.

La preocupación no es de poca monta. En lo corrido del primer semestre las autoridades han tenido que atender un creciente número de denuncias y han iniciado investigaciones para determinar si se trata de nuevas modalidades de pirámides, captadoras ilegales o simples estafas.

La Superintendencia Financiera adoptó en mayo y junio tres medidas administrativas contra empresas y personas por captación ilegal, esta semana la Superintendencia de Sociedades ya intervino para lograr su desmonte y en los despachos de los fiscales hacen su curso para determinar si hay delitos penales.

El próximo mes la Supersociedades, que dirige Juan Pablo Liévano, lanzará una nueva campaña para disuadir a quienes creen en el dinero fácil.

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La Superfinanciera identificó dos pirámides: Telares de sueños en Bogotá y Tejedoras de sueños en Villa de Leyva y un proceso de mutuo en la fundación AUG. Las primeras son una modalidad de estafa que le ha dado la vuelta al mundo y provocó sonados escándalos en México y España. Una involucra a más de 255 mujeres de estratos altos que habrían aportado más de 1.173 millones de pesos, mientras que la segunda está conformada por más de 400 personas que aportaron 1.800 millones de pesos. La tercera acción es contra un esquema de captación de mutuos, en el que la fundación AUG habría recogido de unas 38 personas recursos por más de 376 millones en calidad de préstamo.

Los procesos administrativos avanzan a pasos acelerados pero los penales no van al mismo ritmo pues su normatividad es distinta.

Estas actuaciones en el primer semestre preocupan porque en 2016 hubo dos, en 2017 solo una y en 2018 tres en todo el año. Desde 2008 hasta la fecha la Superfinanciera ha tomado 101 medidas contra la captación ilegal, algunas de las cuales involucran a una o más empresas o personas.

Si bien la tendencia de los últimos años es a la baja, los temores no cesan pues todavía muchos colombianos siguen cayendo en fraudes y creen en promesas de dinero fácil, con intereses exponenciales.

A esto se suma el regreso de Murcia Guzmán. En vísperas de su llegada aumentó la publicidad impresa y digital alusiva a la reactivación de DMG, con supuestas compañías que usan las siglas que lo hicieron tristemente célebre.

Las alarmas están activadas frente al fantasma del hombre que en 2008 llevó al Gobierno a expedir un decreto de emergencia económica para evitar el caos social que provocó la intervención de la sofisticada estructura delictiva que había creado y con la cual defraudó a 5.227 personas por unos 613.000 millones de pesos.

El superfinanciero Jorge Castaño, asegura que a pesar de las medidas adoptadas por su entidad, mucha gente está apostando por esquemas piramidales.

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Con las facultades de la emergencia económica se expidieron decretos que han permitido a las autoridades administrativas realizar operativos e investigaciones permanentes. De forma paralela, el Gobierno ha tenido que enfrentar demandas billonarias contra el Estado por parte de quienes invirtieron en estos esquemas y terminaron culpando a las autoridades. Sin embargo, las 208 demandas por 40 billones de pesos le han sido favorables a la Nación en su totalidad. La Justicia ha dicho que no se puede calificar de víctima a quien sabe claramente que es imposible obtener los rendimientos que le prometen.

Para persuadir a los colombianos de no caer en trampas, en 2014 la Superfinanciera inició unas jornadas de prevención frente a la captación o recaudo masivo de recursos del público sin la debida autorización estatal. Hasta el momento ya ha realizado 43 jornadas y en los próximos días tiene programadas dos más, en Quibdó y Facatativa. También ha efectuado 1.160 visitas para verificar e investigar reportes en el sitio. El objetivo es advertirles a los colombianos que rendimientos del 50, 100 y hasta 200 por ciento que prometen estos esquemas no existen en negocios lícitos.

Jorge Castaño, superintendente financiero, lamenta que “después de todo lo negativo que significaron para el país y para nuestra sociedad las pirámides, de las medidas y advertencias que las autoridades hemos realizado permanentemente a lo largo de estos años, de los fallos de la Justicia en los que señalan que la responsabilidad es de quienes promueven y participan en esta clase de esquemas, es increíble que haya personas que crean en el dinero fácil y terminan comprometiendo su patrimonio y el de su familia, sin pensar en las consecuencias penales que esto les puede implicar”.

La Supersociedades, por su parte, lanzará el próximo mes una campaña de prevención que insistirá en que “no hay almuerzo gratis” y que si algo no cuadra por el tamaño de las promesas, “hay que ponerse pilas porque con seguridad lo quieren tumbar”.

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¿Están de vuelta?

Las dos entidades administrativas tienen desde 2008 herramientas más ágiles para intervenir a las captadoras ilegales cuando se trata de esquemas que afilian a 20 personas o más, que aportan dinero en forma piramidal con la promesa de devolvérselo con rendimientos excesivamente generosos, pero en los que no hay un negocio o servicio que genere ese valor. Si prueban estos hechos objetivos y notorios, procede la intervención.

Juan Pablo Liévano, el superintendente de Sociedades, asegura que “los esquemas piramidales de captación masiva de dinero son ilegales en Colombia y constituyen un delito y una infracción administrativa, situaciones que no serán toleradas”. En la cruzada contra la captación ilegal cuentan con la colaboración de otras autoridades que quedaron facultadas para actuar: las alcaldías y gobernaciones, la Policía y la Fiscalía, encargada de intervenir para probar delitos penales.

En la víspera del regreso de David Murcia han proliferado los volantes que anuncian millonarios retornos para los incautos.

Pero, aunque se han intervenido en más de 100 esquemas de captación ilegal en la última década, no todos los procesos administrativos han puesto a sus protagonistas tras las rejas. Esto provoca inconformidad en los afectados y hay quienes consideran que por eso siguen tan campantes.

El fiscal delegado para las finanzas criminales, Andrés Jiménez, se defiende y explica que aunque las autoridades administrativas trasladan los procesos para investigar en lo penal, la norma es muy estricta y exige pruebas contundentes, que convenzan a los jueces.

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Lo cierto es que aunque hubo modernización en el proceso administrativo en 2008, en materia penal están vigentes normas que rigen desde 1988 que por involucrar la libertad de las personas, tiene mayores exigencias.

A esto se suma que tras la caída de DMG y otros esquemas piramidales, los nuevos promotores se cuidan más de no dejar rastros y le han hecho esguince a la ley. Por un lado, hacen convocatorias por Facebook o WhatsApp que no generan aglomeraciones y usan esquemas de menos de 20 personas –como en los ‘telares’– cuyo fraude involucra a 15 personas.

En el Telar de los sueños y Tejedoras de sueños, a los participantes les hacen firmar una carta en la que declaran que se trata de un ‘regalo’ durante reuniones en las que las participantes deben dejar sus celulares fuera y cargan el dinero en sobres cerrados. Esto no deja huellas, lo que se convierte en un gran desafío para los fiscales que tendrán que probar los delitos penales.

Las transformaciones que han tenido las captadoras ilegales plantean grandes desafíos. Por un lado, urge cambiar la cultura del dinero fácil, que ha llevado a miles de colombianos a caer en fraudes a pesar de las advertencias. Para Castaño, de la Superfinanciera, “como sociedad debemos hacer una profunda reflexión sobre la creencia y la atracción por el dinero fácil”.

Y por el otro, es evidente que ya es hora de reformar y modernizar las herramientas penales, para judicializar y adelantar procesos más rápido. Con más condenas ejemplarizantes, menos defraudadores estarán dispuestos a tomar el riesgo. 

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