Elecciones
En cuidados intensivos
La reelección del Presidente de Estados Unidos dependerá de la suerte que corra su ambiciosa reforma a la salud en su paso por la Corte Suprema. El POS de Obama, en peligro.
25 de abril de 2012
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Aunque la salud del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no está en juego, la de su reelección en la Casa Blanca sí. En los primeros días de junio la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dará su veredicto sobre una de las reformas clave de su administración: la que transforma el sistema de salud e intenta volverlo sostenible.
Esta iniciativa, conocida como Patient Protection and Affordable Care Act, se ha convertido en uno de los temas determinantes para las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
Aunque la reforma fue firmada por Obama el 23 de marzo pasado, fue demandada casi de inmediato por los abogados de 26 estados, así como por la Federación Nacional de Negocios Independientes, quienes argumentan, entre otras cosas, que la obligación que trae la reforma para que todos los estadounidenses adquieran un seguro médico a partir de 2014 en adelante, so pena de ser multados, viola las normas que garantizan las libertades individuales.
Los detractores de la reforma aseguran que esta cambiaría la relación entre el gobierno y los individuos de forma fundamental, pues el Ejecutivo no puede forzar a los ciudadanos a afiliarse a un gimnasio para tener un mejor estado de salud, dijeron algunos de los magistrados de la Corte durante las primeras audiencias sobre el tema. Algunos de ellos temen que si se le permite al gobierno imponer un seguro de salud –que tendría un espíritu similar al del Plan Obligatorio de Salud (POS) de Colombia– no habría razón para no permitirle después cualquier otra cosa.
Quienes apoyan la reforma, que coloquialmente se conocen como los Obamacare –para hacer una alusión al término health care (cuidado de la salud)–, sostienen que el seguro obligatorio, que sería subsidiado para los más pobres, es la única forma de conseguir cobertura universal y sostenibilidad financiera.
Los magistrados que están de ese lado dijeron en las audiencias que el gobierno sí puede actuar en asuntos protegidos por la Constitución, como imponer límites de velocidad o contar con un banco central, y que es mejor que las personas estén aseguradas previamente, pues no es posible adquirir una cobertura cuando se está muy enfermo y eso agrava las finanzas del sistema, cuyo presupuesto es de US$2.600 millones.
Mientras la Corte toma su decisión, republicanos y demócratas se preparan ante la posibilidad de que se caiga la reforma, considerada la más ambiciosa en 52 años. El partido opositor, que muy probablemente designará a Mitt Romney para disputar la presidencia con Obama, tendría lista su contrarreforma el 28 de mayo, según Reuters. En el gobierno confían en que la ley pasará. Sin embargo, las referencias a ‘un plan’ han comenzado a surgir en los recientes comentarios del Ejecutivo.
La suerte está echada y los nueve jueces de la Corte Suprema serán fundamentales para definir quien será el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
Esta iniciativa, conocida como Patient Protection and Affordable Care Act, se ha convertido en uno de los temas determinantes para las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
Aunque la reforma fue firmada por Obama el 23 de marzo pasado, fue demandada casi de inmediato por los abogados de 26 estados, así como por la Federación Nacional de Negocios Independientes, quienes argumentan, entre otras cosas, que la obligación que trae la reforma para que todos los estadounidenses adquieran un seguro médico a partir de 2014 en adelante, so pena de ser multados, viola las normas que garantizan las libertades individuales.
Los detractores de la reforma aseguran que esta cambiaría la relación entre el gobierno y los individuos de forma fundamental, pues el Ejecutivo no puede forzar a los ciudadanos a afiliarse a un gimnasio para tener un mejor estado de salud, dijeron algunos de los magistrados de la Corte durante las primeras audiencias sobre el tema. Algunos de ellos temen que si se le permite al gobierno imponer un seguro de salud –que tendría un espíritu similar al del Plan Obligatorio de Salud (POS) de Colombia– no habría razón para no permitirle después cualquier otra cosa.
Quienes apoyan la reforma, que coloquialmente se conocen como los Obamacare –para hacer una alusión al término health care (cuidado de la salud)–, sostienen que el seguro obligatorio, que sería subsidiado para los más pobres, es la única forma de conseguir cobertura universal y sostenibilidad financiera.
Los magistrados que están de ese lado dijeron en las audiencias que el gobierno sí puede actuar en asuntos protegidos por la Constitución, como imponer límites de velocidad o contar con un banco central, y que es mejor que las personas estén aseguradas previamente, pues no es posible adquirir una cobertura cuando se está muy enfermo y eso agrava las finanzas del sistema, cuyo presupuesto es de US$2.600 millones.
Mientras la Corte toma su decisión, republicanos y demócratas se preparan ante la posibilidad de que se caiga la reforma, considerada la más ambiciosa en 52 años. El partido opositor, que muy probablemente designará a Mitt Romney para disputar la presidencia con Obama, tendría lista su contrarreforma el 28 de mayo, según Reuters. En el gobierno confían en que la ley pasará. Sin embargo, las referencias a ‘un plan’ han comenzado a surgir en los recientes comentarios del Ejecutivo.
La suerte está echada y los nueve jueces de la Corte Suprema serán fundamentales para definir quien será el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
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