El lío de las consultas previas pone en jaque la infraestructura

El 26 y 28 de febrero se llevarán a cabo dos subastas clave para el futuro energético en el país. Una es la de energías renovables no convencionales y, la otra, la de cargos por confiabilidad, con las cuales se busca cubrir el déficit que en materia de energía podría registrar el país a partir de 2022, como consecuencia del retraso en la entrada en operación de Hidroituango.

Se estima que la inversión de generación como resultado del proceso de subasta en cargos por confiabilidad pueda sumar $4 billones y la proyección del Ministerio de Minas y Energía en lo relacionado con renovables no convencionales es de $1,8 billones, para un total de $5,8 billones.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), precisa que con la subasta de cargos por confiabilidad se busca incrementar en 8% anual la capacidad de generación; sin embargo, la pregunta y el temor de las empresas es cuánto van a tardar las consultas previas para obtener la licencia ambiental. Hay un total de 36 proyectos entre generación térmica e hidráulica.

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La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó recientemente que en la cartera que lidera hay 10.300 consultas, que corresponden a 1.177 proyectos. Esto significa, dice César Lorduy, representante a la Cámara por Cambio Radical, que hay este mismo número de iniciativas de diferentes actividades económicas que no se pueden llevar a cabo hasta que no se realice el mencionado trámite; frenando, en la mayoría de las ocasiones, el desarrollo del país. Solo en transmisión de energía, por ejemplo, hay 39 proyectos en ejecución de los cuales 13 presentan retrasos por diferentes razones, pero la mayoría tienen que ver con temas sociales, manifiesta Castañeda.

En proyectos 4G, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), dice que si bien a la fecha no tienen consultas previas por surtir, o que estén desarrollándose, en el segundo semestre de 2018, a partir de fallos judiciales se afectaron dos proyectos.

Uno de ellos fue Pasto–Rumichaca, en el que el Consejo de Estado ordenó, el 12 de julio, realizar consulta previa con la Comunidad Indígena de Tangua, dentro de esta orden se determinó que la duración de la misma no podría ser superior a tres meses. En este caso, las obras constructivas avanzaron de acuerdo con el cronograma y la misma se protocolizó en septiembre de 2018.

El otro fue Conexión Norte, en donde por orden del Tribunal Superior de Antioquia, el 9 de julio se suspendió la ejecución de las obras en la zona de paso de Puerto Triana (UF 2), correspondiente al territorio de la comunidad étnica Puerto Triana, con la que se ordenó realizar consulta previa. La misma se protocolizó en noviembre y se reactivaron las obras.

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Por ahora, la ANI señala que 100% de las 36 consultas requeridas en proyectos de 4G y que corresponden a igual número de comunidades étnicas, se han realizado oportunamente.

La preocupación no es menor, pues esta es una situación transversal a diferentes actividades económicas del país y, por ello, los gremios insisten en la necesidad de reglar el tema y poner límites a los tiempos.

Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), señala que uno de los principales impactos negativos para el sector es la suspensión de obras por órdenes judiciales, como consecuencia de la falta de reglas claras. “Estas suspensiones generan retraso en las obras o incumplimiento en los plazos de entrega, así como costos no previstos por la entidad contratante o el ejecutor del proyecto, lo cual afecta la competitividad del país”.

Otro inconveniente, a su juicio, es la ausencia de seguridad jurídica debido a que no existe un censo de comunidades que permita identificar y ubicar, con certeza, a los grupos étnicos en el territorio nacional.

Para Caicedo es preocupante que la certificación de presencia de comunidades étnicas expedida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, único documento requerido para determinar si debe o no realizarse una consulta, no resulte suficiente para validar los procesos consultivos que se surten.

Y aún más complejo es que luego de agotada una consulta previa, y pese al cumplimiento de los requisitos legales para realizarla, las decisiones judiciales desconozcan la presunción de legalidad que envuelve a tal certificación y ordenen adelantar una consulta con comunidades étnicas no registradas o inexistentes al momento de la expedición de ese certificado.

Ángela Montoya, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), dice que el país no puede frenar su desarrollo por no reglar un tema que está mencionado en la Constitución.

“Colombia tiene que mapear de una manera estratégica en qué lugares del territorio están las comunidades, cuáles y cuántas son, cuántas personas involucran, esto con el fin de que los sectores que requieren hacer consulta previa tengan claro si pueden adelantar allí los proyectos o no”, indica, al ratificar que es determinante brindarles seguridad jurídica a los inversionistas.

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), considera que es determinante dar una solución de fondo a la problemática. En su opinión, la decisión reciente de la Corte Constitucional en torno al tema desconoce varios aspectos que habían sido analizados entre el gobierno nacional, las minorías étnicas y las empresas. En ese sentido, la única y urgente solución es la aprobación de una Ley Estatutaria que reglamente y aclare aspectos relacionados con definiciones básicas, proyecto, área de influencia, responsabilidades, impacto y compensación del mismo, pero sobre todo que limite la consulta a un proceso al inicio del proyecto o la obra y no contenga elementos de veto.

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Frente a esta realidad, los empresarios esperan que el Gobierno apoye el proyecto de Ley 134, presentado por Cambio Radical, con el cual se busca una reglamentación para facilitar y hacer más expeditos los procesos de consulta previa. Una apuesta para evitar frenos en el desarrollo del país.

Proyecto de ley

Con el fin de poner reglas claras al tema de consultas previas, en septiembre del año pasado, el partido Cambio Radical presentó ante la Secretaría del Senado un proyecto de ley estatutaria. El representante a la Cámara, César Lorduy resaltó que con la iniciativa se pretende que una consulta no dure más de un año y que estas sean aplicadas a comunidades que pueden verse impactadas de forma directa con determinado proyecto. Otro aspecto, explicó, es que el desarrollo de una iniciativa de cualquier actividad económica no debe quedar bloqueada, sino hasta cuando efectivamente se compruebe que hay comunidades a las que la Corte Constitucional les ha extendido este beneficio. Propone tres etapas: una de certificación de presencia de comunidades; otra de preconsulta y una última de protocolización de resultados, procesos que se deben surtir dentro del mismo año.