Los retos y propuestas del nuevo superintendente de Industria y Comercio

Hoy por hoy, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es percibida como una de las entidades más efectivas del Estado. Su trabajo se ha venido reflejando, en especial, en las investigaciones contra las prácticas restrictivas de la competencia que llevaron a sanciones icónicas a varios carteles empresariales.

Pero no es el único frente. También tiene incorporadas otras responsabilidades, como la protección a los consumidores, a los datos y propiedad intelectual, entre otras.

Andrés Barreto ha sido designado como nuevo superintendente, en reemplazo de Pablo Felipe Robledo, y ya tiene una hoja de ruta clara. Por un lado, quiere depurar mejor el presupuesto y darles más capacidad a los estudios económicos.

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Pero, por otro, en competencia tiene tres puntos clave en su agenda: reforma a las sanciones que deberían estar relacionadas con porcentajes de utilidades o ingresos e, incluso, definir si hay espacio para debatir cárcel para quienes lideran los carteles, como sucede en otros países; crear una nueva área en la SIC en materia de cumplimiento (compliance) y definir el futuro de la delación ante tensiones internacionales.

Las propuestas

La primera iniciativa de Barreto es cómo darle a la entidad más dientes en materia sancionatoria y no casarse con cifras fijas o por salarios mínimos, pues hoy la multa más alta es de $78.000 millones, un monto que debe ponerse en contexto frente al tamaño de las empresas sancionadas: para una Pyme sería un golpe gigantesco, pero para una gran compañía podría representar muy poco en materia de ingresos o utilidades.

En ese sentido, se podría pensar en porcentajes derivados de diferentes variables, como las utilidades de la empresa o sobre el lucro percibido por la mala práctica. “Sería más complejo, pero tendría que robustecerse la capacidad de la jefatura de estudios económicos”, dice Barreto.

Otro problema, según el Superintendente, es que este es un mercado no tan grande y concentrado en pocas empresas, pero con alta informalidad. La pregunta es cómo perseguir activos si no están registrados o no dicen la verdad. Y otra opción es medir la afectación de mercados, determinar cuánto fue distorsionado al realizar esa práctica.

Hacer este ajuste significaría modificar la ley 1340, que regula el régimen de competencia.

Pero los trámites y propuestas legislativas están generando un trancón. “Estamos pensando en cómo lo vamos a sacar o mirar si el Plan de Desarrollo lo permite”, agrega Barreto.

A esta discusión legislativa se podría sumar un ingrediente adicional que ya está contemplado en otros países: cárcel para quienes realizan prácticas restrictivas de la competencia, como está incorporado en impuestos.

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“Es una discusión que viene ambientándose. Lo que pasa es que en un régimen jurídico como el colombiano, se debe tener cuidado al mover un engranaje, por ejemplo, en sancionar penalmente conductas con cárcel, pues también hay que mirar el tipo de sistema penal y cómo lo organizamos en un país con alta percepción de impunidad, hacinamiento carcelario y congestión del sistema judicial. Para algunos, la sanción punitiva carcelaria disuadiría mucho más las conductas, pero es una discusión que merece más análisis porque involucraría más autoridades. Pero ese es un tema que en Colombia va haciendo tracción”, dice el Superintendente.

Otro de los ajustes que tiene Barreto en su agenda es incorporar una facultad preventiva en la SIC, una vez posicionado el tema de competencia. “Estoy pensando –señala Barreto– si debemos tener una delegatura de cumplimiento –de compliance– o adscribírsela a la de competencia”.

Cuál es el reto para la SIC: que como autoridad no puede dejar que cada uno haga su programa como quiera sino que tendría que dar las pautas. Y, según Barreto, eso vendría acompañado de que, si se atiende este estándar de cumplimiento eventualmente –si llegara a ser investigado o sancionado por alguna práctica restrictiva de la competencia– podría utilizar eso a su favor en el proceso como un atenuante de la sanción.

La delación

La delación ha sido un instrumento importante para desvertebrar carteles y se usa con éxito. Sin embargo, a juicio de Barreto, debe haber un régimen un poco más garantista así como en el proceso penal. La garantía hoy es que después de surtirse el proceso en la SIC, vaya al Consejo de Estado. Pero también apareció una tercera instancia que dependerá del derecho internacional.

Colombia hace parte de la CAN y en los últimos meses en este órgano regional apareció el interés de atender temas de derecho a la competencia, como sucedió con el caso de papeles suaves, que ya había sido fallado en Colombia y allí tuvo una nueva instancia, con una ampliación de las multas –superiores a las de Colombia– y donde la delación perdió su efecto, que era precisamente no ser sancionado.

Y han empezado los roces de interpretación de los Estados donde se pudieron haber presentado esas conductas.

“Eso impone un gran reto, pues se debe mirar cuáles son las competencias de derecho comunitario vs. la jurisdicción y la competencia de un Estado. Somos respetuosos del derecho comunitario andino pero la supranacionalidad no puede suponer que las decisiones que se toman en el marco del derecho interno en Colombia le abran un boquete al sancionado o al afectado o al delator por fuera y se le viola una garantía procesal. El investigado podría ser juzgado dos veces por la misma conducta o la decisión tomada en derecho en un Estado, así sea administrativo y que incluso pase por el Consejo de Estado, podría terminar siendo revisada por una tercera”, explica Barreto.

Una nueva etapa se abre para la SIC y los ojos del mercado y del país estarán muy atentos a dicha gestión.

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El equipo

Los nombres para ocupar las delegaturas en la SIC ya están sobre la mesa. Fue ratificado Pedro Malaver como delegado de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal; en Competencia el interés es nombrar a Juan Pablo Herrera, quien es el jefe de Estudios Económicos de la SIC; en Protección al Consumidor, María Carolina Corcione; Protección de Datos Personales, Nelson Remolina –estos dos últimos participaron en la convocatoria para escoger Superintendente–; Asuntos Jurisdiccionales, Carolina Estrella y Propiedad Industrial, Iván Pinzón.