Crece escándalo por contratos en Islas del Rosario: “Hay comportamientos que limitan con el código penal”, asegura director de la Agencia Nacional de Tierras

Tras la revelación de la demanda contra otros 32 contratos llenos de aparentes irregularidades, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) confirmó que el manejo que se le dio en el pasado a la entidad para entregar predios con arriendos irrisorios a personalidades del mundo político y empresarial, no pudo ocurrir sin que hubiera complicidad interna.

“Eso es un muy mal mensaje que eso esté allí presente en la sociedad colombiana; eso, de hecho, demuestra, pone en público ampliamente, cómo se han manejado los bienes del Estado: a élites o a personas privilegiadas. Ese tipo de contratación, esos precios en los contratos, la forma en que lo han hecho, que los puedan heredar, que no cumplan los requisitos. Es que realmente es fastidioso frente a la sociedad, además de que conllevan comportamientos que limitan con el código penal”, aseguró Gerardo Vega.

El funcionario reveló que un acta del Consejo Directivo de la ANT en 2019 abrió la puerta para una serie de escandalosas irregularidades que van más allá de las prebendas conocidas en costos de los arriendos y prórrogas ventajosas de los contratos. Una de ellas llama poderosamente la atención.

“Se habilita como una especie de derecho a heredar, cosa que no es posible. Allí se argumenta en este Acuerdo que las personas que venían ocupando y hayan fallecido y les quedan sus hijos y familiares, entonces que se les haga un contrato a los hijos de quienes fallecieron y venían ocupando. Eso no es posible hacerlo, no es viable jurídicamente hacerlo, pero está en un Acuerdo y sobre ese Acuerdo se han soportado los contratos de arrendamiento”.

Uno de los contratos heredados más controvertidos es el de la fallecida actriz y directora de teatro, Fanny Mikey, quien logró que le garantizaran por escrito que el predio en su poder pasará a manos de sus herederos tan pronto muriera. Eso permitió que su hijo, Daniel Álvarez, se quedara con uno de los terrenos más apetecidos del archipiélago, el cual hoy todavía conserva, en llave con una de sus mejores amigas.

En ese sentido, Vega asegura que nada de eso pudo suceder sin que hubiera “una conjunción de voluntades de funcionarios de la Agencia con particulares para poderlo hacer”.

¿Carrusel de abogados?

Por otro lado, y tras la revelación que hizo SEMANA sobre el predio que estuvo en poder de Leonor Serrano de Camargo, la exgobernadora de Cundinamarca, quien dejó de pagar el arriendo, no aportó a tiempo la póliza de seguro y mantuvo el terreno en abandono, pero no fue sancionada por la ANT, la entidad hizo un cruce de información que le permitió establecer que hay un grupo de abogados que, según dice su director, estaría trabajando en beneficio propio.

“Lo principal que veo aquí es que quienes vinieron a representar a muchos de esos depositarios u ocupantes de las islas es que tienen interés personal, pero a la vez son socios de una entidad sin ánimo de lucro que también tiene depósitos en la isla. Y luego a esa misma entidad le ceden un contrato en el caso de la señora Serrano, y buscan tener la representación por el depósito de otros contratos. Eso sí es lo que me parece, mucho más, que va configurando un concierto para delinquir, porque se van apropiando de los bienes de las islas”, sostiene Vega.

De hecho, el director va más allá y hace hincapié en que, tras conversar con ese grupo de abogados, no dará su brazo a torcer para que las islas queden en manos de las comunidades que las habitan porque “en la reunión que tuvimos con ellos, eso fue lo que vimos: tienen interés a través de diferentes camisetas”.

¿Qué pasará con los predios que no están demandados?

Si bien ya hay 32 contratos demandados, la ANT analiza con lupa cerca de 50 más, entre ellos los que involucran hoteles y operadores turísticos que construyeron verdaderos palacetes y ya le expresaron a la entidad su intención de que el Estado les pague esas mejoras. Sin embargo, el director descarta de plano esa posibilidad.

“Son inversiones que hicieron sobre mejoras que hicieron de mala fe porque eso tenían que hacerlo con autorización del Estado. Mal podríamos nosotros decir que vamos a pagar cuando hay una inversión de mala fe que el Estado no reconoce”, sostiene Vega, quien agrega la única posibilidad de es “una terminación bilateral consensuada del contrato, porque harto tiempo ya han explotado esos bienes, harto tiempo han disfrutado esos bienes. No tiene ninguna presentación para el país que el Estado les vaya a pagar por unas inversiones que por largo tiempo han explotado, han obtenido recursos, han subarrendado en muchos casos, y han obtenido unas ganancias económicas importantes”.

Una de las infraestructuras más consolidadas en materia turística en las Islas del Rosario es la del Hotel Cocoliso, cuyos arrendatarios pese a pagar cifras irrisorias, según la ANT, ostentan el poco honroso récord de haberse convertido en la verdadera isla de los morosos. En un momento, y tal como lo confirman documentos en poder de SEMANA, alcanzaron a adeudar cerca de $290 millones en obligaciones con la entidad, entre cánones de arrendamiento e intereses, y en los estados financieros de 2021 esas acreencias fueron declaradas como de difícil recaudo.

Pero lo que resulta increíble es que tienen una facturación que les permitiría cumplir cabalmente con sus obligaciones con la ANT por la posesión del predio. De hecho, una cotización que solicitó SEMANA, indica que el costo por noche para el alojamiento de tres personas durante la temporada de fin de año costaba $1.100.000.

Por casos elocuentes como este, la entidad considera que la única opción es recuperar esa infraestructura para que las comunidades negras del archipiélago, que en 2014 recibieron títulos de baldíos, se encarguen de prestar los servicios turísticos en un esquema en el que se beneficien de las ganancias a la par con quienes puedan garantizar la operación de las instalaciones y su sostenibilidad financiera.

“Nosotros lo que queremos es que esos bienes pasen a manos de las comunidades para que los aprovechen bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? En conjunto con entidades que tengan experiencia, tengan conocimiento, tengan capacidad económica para adelantar la operación turística que allá se requiere. Hemos hablado de las cajas de compensación, estamos en esos trámites. Estamos trabajando la figura, pero hay disposición de las cajas de compensación”, confirma Gerardo Vega.

Recuperación por vía administrativa

Otro de los escenarios sobre los que la ANT ya tomó una decisión radical es el de quienes ocupan predios sin ningún tipo de soporte legal que demuestre que accedieron a ellos apegados a la ley

Hay especial inquietud por la presencia de quienes llevan décadas enteras sin formalizar el vínculo que los une con esos terrenos, y que, desde la perspectiva de la Agencia, le están arrebatando a las comunidades raizales la oportunidad de acceder a una oportunidad de desarrollo.

Entre ellos hay, inclusive, personas y empresas que durante largo tiempo han ejercido la posesión del bien sin preocupaciones pues, entre otras cosas, tampoco han recibido ninguna clase de requerimiento oficial.

“En los que no hay contrato, en los que no hay ningún tipo de documento que acredite la posesión legal por parte de esas personas, vamos a hacer la recuperación administrativa. Hay otros que no tienen contrato ni tienen nada absolutamente, ni hay documento de registro, ni de depósito ni nada. Ya es un procedimiento más administrativo, más desde el punto de vista policial, la recuperación de esos predios”, explica el director.

En ese sentido, ya tiene listo un plan de intervención transversal con la presencia de la Defensoría y la Procuraduría como garantes de los derechos y de la fuerza pública para ejecutar el paso de los terrenos a custodia oficial.

Ante la posibilidad de que quienes se encuentran en ese escenario recurran a recursos como alegar que se trata de una expropiación, la entidad tiene preparado un arsenal jurídico que respalda su decisión.

“Mal puede decirse que vamos a expropiar porque expropiar es cuando algo es suyo: le expropian la casa porque usted tiene la escritura, tiene el registro de que eso es suyo, aquí no. Aquí lo que hay es una ocupación de unas personas sobre unos bienes que son de la nación”, insiste Vega.