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Con licencia para delinquir | Contratos en el Huila: por juegos y kiosco, condenados dos gobernadores

Un gobernador fue sentenciado por fraccionar contratos y otro, por firmar un contrato sin requisitos legales. Por Alberto Donadio.

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Foto: Juan Pablo Gómez

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Jaime Bravo Motta, gobernador del Huila 1998-2000, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2009 a seis años y once meses de prisión por fraccionamiento de seis contratos para evitar la licitación. Los contratos no superaban los 500 millones de pesos. Dos contratos por 156 millones de pesos se firmaron para comprar un tobogán, un rodadero, un dinosaurio púrpura y otros juegos para el centro recreacional Manila en Garzón. El defensor de Bravo anotó que el funcionario fue acusado por solo seis de 800 contratos.

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Agregó que el gobernador “debía atender la emergencia social que implicaba el accionar despiadado y permanente de las fuerzas insurgentes”, pues, cuando se firmaron los contratos, el Huila padecía las siguientes acciones realizadas por la guerrilla en 2000: “El tres de junio se tomaron a Oporapa, el 27 de junio a Algeciras, el 11 de julio a Santa María, el 12 de julio al municipio de Colombia y a la Inspección de Vega Larga en Neiva, amén de secuestrar ciudadanos y quemar fundos, dieron muerte el 10 de julio al general de la policía Saulo Gil Ramírez, el 23 de julio al coronel Óscar Trujillo, comandante del Batallón de Infantería n.º 47, el 30 de julio al coronel Armando Ramírez Román, y asesinaron el 31 de agosto a 4 miembros de la oficina de peaje de Rivera”. El general Saulo Gil Ramírez Sendoya fue director de la Policía entre 1958 y 1965. Tenía 85 años cuando fue asesinado por la columna móvil Teófilo Forero de las Farc antes de llegar a su finca en Garzón. Venía de conocer a su primera nieta.

El abogado Jaime Bravo Motta nació en Garzón en 1957.

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“Con licencia para delinquir: El Huila avanza, pese a algún gobernador corrupto y otros mediocres

En el mapa cafetero de Colombia, el Huila sobresale como primer productor y líder en cafés especiales. Es también pionero en producción de tilapia. El balance de la elección de gobernadores no es tan positivo. Opinan un dirigente gremial, un exrector, dos periodistas, un economista, un exgobernador y el actual gobernador. Por Alberto Donadío.

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Juan de Jesús Cárdenas Chávez, gobernador del Huila 2001-2003, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2021 a 50 meses de prisión por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por firmar un contrato de 30 millones de pesos para la construcción de un kiosco cultural en guadua y teja de barro en la plaza del municipio de Tello. El techo se cayó en dos ocasiones y la obra quedó derruida. El contrato se revisó, se adjudicó y se firmó el mismo día. “Lo que en este asunto se evidencia es una total falta de planeación, en el expediente no existen los diseños ni los planos”, indicó la sentencia. El exgobernador es ingeniero civil. En su defensa alegó que con el proyecto se suplió una necesidad de la comunidad de Tello, “golpeada por la violencia imperante para la época de los hechos”, y que la falla del kiosco se debió a falta de mantenimiento. La sentencia de primera instancia se dictó 20 años después de la firma del contrato.

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El ingeniero civil Juan de Jesús Cárdenas Chávez nació en Acevedo, Huila, en 1955.

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“Con licencia para delinquir”: un recorrido por grandes casos de corrupción en el país

Alberto Donadio presenta en SEMANA “Con Licencia para Delinquir” un recorrido por importantes casos de corrupción en el país, protagonizados por Gobernadores electos en los últimos 30 años.

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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

A prisión domiciliaria fue condenado un exgobernador por contrato sin licitación. Fernando Osorio Cuenca, gobernador del Tolima 2005-2007, fue condenado en 2022 por la Corte Suprema de Justicia a 146 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

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Osorio Cuenca firmó un convenio con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello para compra de sillas universitarias, equipo de cómputo, videocámaras y otros por 2.291 millones de pesos. No se hizo licitación y por parte del Convenio Andrés Bello firmó una persona que no tenía la representación legal. “Ni siquiera se consignó con exactitud cuáles eran los bienes a adquirir, su cantidad, condiciones técnicas y demás aspectos que permitieran individualizar la forma en que se invertirían los recursos del departamento del Tolima”, según la Corte Suprema de Justicia. “Se disfrazó como convenio lo que en realidad correspondía a un contrato”. El economista Fernando Osorio Cuenca nació en Chaparral en 1946.

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