Los retos y logros del campesinado colombiano

Trabajar y vivir en el campo colombiano es un reto al que se enfrentan miles de personas. Desde hace varias décadas han emprendido una batalla por la dignificación de su gremio y por hacer valer sus derechos que, a su juicio, han sido vulnerados por factores como la desigualdad y la violencia.

La crisis por la llegada de la covid-19 sumó para ellos una nueva lucha y dejó en evidencia, aún más, las precariedades con las que día a día siembran y cosechan para garantizar la seguridad alimentaria de millones de colombianos. La movilidad y la baja comercialización de sus productos han sido dos de los flagelos que más los ha golpeado durante la pandemia, así lo explica Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC.

”Contra todo pronóstico, afrontando mayores limitaciones de movilidad y de mercados, el campesinado no paró y siguió produciendo los alimentos. Por eso no hubo desabastecimiento. Lo que sí se incrementaron fueron las pérdidas del sector porque, en principio, hubo muchas restricciones de movilidad para llegar a los mercados, debido a la descoordinación entre las decisiones nacionales, las de cada uno de los departamentos y municipios y las de las ciudades donde están las principales centrales de abastos o plazas de mercado”, indicó.A esto, dice Jiménez, se le agregó la pérdida de algunos nichos de mercado como los puntos de venta sobre las vías y los consumos de hoteles y restaurantes que prácticamente desaparecieron en algunas regiones, porque el sector turismo detuvo sus actividades.”Como si lo anterior fuese poco, hubo productos como papa, plátano, yuca, ñame, mora, verduras, peras, duraznos y otros, cuyo precio se derrumbó, en unos casos por sobre oferta, en otros por excesiva importación de productos autorizada por el Gobierno y en algunos por la combinación de los dos fenómenos”, señaló el representante del gremio campesino.

Ahora bien, en términos de rentabilidad, la situación se vio agravada por la especulación en los precios de los insumos que registraron alzas superiores a 35 por ciento y que, según Jiménez, el Gobierno no controló, “pues se limitó al sistema de libertad vigilada de precios, que es completamente ineficiente, pues en últimas son los fabricantes, importadores y distribuidores quienes fijan los precios sin que el Gobierno ejerza alguna regulación”.