Especiales Semana

¿EL TERCER CARTEL?

Una investigación de SEMANA sobre la vinculación del grupo guerrillero a la producción y tráfico de coca.

13 de marzo de 1989

Corrían los primeros días de abril de 1984. En aquellos tiempos, las palabras de moda eran autopréstamos, dineros calientes, y diálogo y paz. Pero el descubrimiento en los llanos del Yarí en el Caquetá del gigantesco complejo coquero de "Tranquilandia" y las versiones de que era custodiado por guerrilleros, habrían de agregar a la lista otra expresión: narcoguerrilla. El primero en hablar del asunto fue el locuaz embajador norteamericano de entonces, Lewis Tambs, quien en declaraciones a los periodistas a la salida de la Casa de Nariño tras una entrevista con el presidente Belisario Betancur, aseguró que Colombia enfrentaba un grave problema como resultado de la alianza de la guerrilla con los narcotraficantes. Pero el primero en acuñar el término fue el ministro de Defensa de la época, el hoy fallecido general Gustavo Matamoros, quien dijo a una cadena radial durante una entrevista sobre los hallazgos del Yari, que "la narcoguerrilla es la nueva amenaza que debe afrontar la democracia".
La historia había comenzado en la tarde del sábado 10 de marzo de ese año, cuando dos helicópteros artillados de la Policía Nacional con los 16 mejores agentes del Grupo de Operaciones Especiales, GOES, aterrizaron en los llanos del Yarí y tomaron posesión de numerosas pistas y laboratorios de procesamiento de coca, de propiedad del cartel de Medellín. Los agentes casi no encontraron resistencia y al caer la noche, temieron que se estuviera preparando un contraataque del enemigo. Por esta razón, el comandante del grupo se comunicó por radio con una unidad del Ejercito que se encontraba cerca y la única manera de convencerla de que viniera a prestarle apoyo al GOES, en una época en que el Ejército no se mezclaba en la lucha contra el narcotráfico y le dejaba esa tarea a la Policía, fue diciéndole al comandante de la unidad que había guerrilleros de las FARC custodiando "Tranquilandia". De ahí, la versión saltó a la prensa pocos dias después y para muchos colombianos no quedaron dudas de que los carteles de la coca y los grupos guerrilleros habían pactado una alianza, en la que los primeros recibían protección para sus laboratorios y pistas en las selvas de distintas regiones del país, y los segundos obtenían armas a cambio.
Año y medio después, a raíz de la sangrienta toma del Palacio de Justicia por parte de un comando del M-19, el asunto volvió a ponerse de moda. El ministro de Justicia Enrique Parejo González aseguró en una rueda de prensa que los guerrilleros habian sido financiados por el narcotráfico, interesado en que se quemaran importantes expedientes sobre algunos de los principales capos del país. Esta información nunca pudo ser demostrada y por el contrario, tanto la investigación adelantada por la Procuraduría como la que llevó a cabo el Tribunal Especial creado para el caso, concluyeron que no existía evidencia alguna sobre la financiación con dineros calientes de la toma, ni tampoco sobre la quema selectiva de expedientes de narcotráfico por parte del comando del M-19.
Y hace unas pocas semanas, cuando las autoridades jamaiquinas capturaron un gigantesco cargamento de armas para las FARC, los titulares de prensa llovieron sobre mojado al asegurar que las armas habían sido pagadas por el cartel de Medellín. Una vez más, las pruebas quedaron pendientes de entrega y lo que se pudo concluir es que uno de los colombianos detenidos en Jamaica en relación con el caso, dijo en un interrogatorio que el armamento había sido pagado con cocaína enviada a Europa.
A lo largo de estos cinco años, en más de una oportunidad el asunto de la narcoguerrilla ha reaparecido en las primeras planas como un tema recurrente. Y a pesar de que nunca se ha podido comprobar a cabalidad una conexión directa entre los carteles colombianos y la guerrilla, las especulaciones alrededor de esta supuesta alianza han servido para desprestigiar a guerrilleros y narcotraficantes por igual.
Pero no solo han sobrado las versiones y escaseado las pruebas sobre esta conexión entre narcos y alzados en armas, sino que lo que se ha demostrado repetidamente es que unos y otros están cada vez más enfrentados. Cuando surgieron las primeras informaciones sobre la narcoguerrilla, Pablo Escobar declaró a un periodista:"Que me acusen de ser narcotraficante, vaya y venga. Pero que pretendan presentarme como socio de la guerrilla, eso si no lo acepto, pues lesiona mi dignidad personal. Además yo soy un hombre de inversiones y por ello no puedo estar de acuerdo con los guerrilleros que luchan contra la propiedad privada". Menos declaraciones y más acciones que su socio, ha tenido en este asunto Gonzalo Rodríguez Gacha, "El mexicano". Según las autoridades, su mano estuvo detrás del asesinato del presidente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, asi como de numerosas acciones como la masacre de 12 funcionarios de la rama judicial en La Rochela, Santander, hace pocas semanas. Según algunas fuentes consultadas por SEMANA, "El mexicano" habría organizado un ejército de 800 hombres, a quienes les pagaría puntualmente una costosa nómina, con el fin de que se enfrenten a las FARC en distintas regiones del país.
Sin embargo, el hecho de que no haya existido ni exista una alianza de los carteles y los guerrilleros, no implica que el término narcoguerrilla carezca totalmente de significado en Colombia. La verdad es que si bien no hay pruebas de esa conexión, si han ido apareciendo otras que tienen que ver con algo si se quiere aún más grave: que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia están dedicadas desde hace algunos años a financiar su funcionamiento con la siembra, producción e, incluso, exportación de cocaína. Consultando múltiples fuentes de la inteligencia militar, los organismos de seguridad, abogados generalmente bien informados sobre las actividades del narcotráfico e investigadores del gobierno y de fundaciones privadas de fenómenos como el del Guaviare, SEMANA ha recopilado toda la información disponible sobre este candente asunto, con el fin de establecer cómo surgió este fenómeno, cuáles son sus verdaderas dimensiones, cuáles sus implicaciones y, en pocas palabras, si las FARC son el tercer cartel de la cocaína y qué significa que esto sea cierto.

LAS NARCO- FARC
"FARC, dueña de laboratorio de cocaína descubierto en el Vichada", fue el título de una noticia aparecida el 14 de mayo de 1986 en el periódico El Tiempo, según la cual se ponía de presente una variante hasta ahora desconocida de la narcoguerrilla: la de la producción, pues hasta entonces se hablaba sólo de protección de la guerrilla a siembras y laboratorios de la mafia. La información afirmaba que, según averiguaciones adelantadas por la sección judicial de ese diario, "en fuentes de entera credibilidad" se daba cuenta de que "las FARC están tan comprometidas con los narcotraficantes que ya poseen cultivos de coca en plena selva y laboratorios procesadores en Meta Vichada, Guaviare, Caquetá y Vaupés".
Tal vez con la excepción de los habitantes de estas regiones, el resto de los colombianos le paró pocas bolas al asunto. Y a pesar de que este tipo de informaciones despertaba muchas dudas sobre su seriedad, cada vez se fueron haciendo más frecuentes las noticias sobre laboratorios y procesamiento de coca por parte de las FARC: "Se logró dar un positivo golpe contra elementos de la narcoguerrilla al ser dados de baja 6 subversivos del XI Frente de las FARC y al lograrse el decomiso de 25 arrobas de cocaína pura -aproximadamente 312 kilos-, 5 bultos con hojas de coca y 25 canecas con diferentes químicos para el procesamiento de la droga", informó El Espectador del 22 de mayo de 1988.
Un mes antes, el comandante de la IV Brigada del Ejército, el general Rafael Padilla Vergara, había dicho que "las FARC perdieron su principal fuente de ingresos al ser destruidos los laboratorios de coca en los Llanos Orientales", al referirse a las operaciones realizadas por la VII Brigada del Ejército en las regiones de la Sierra Nevada de La Macarena, el Bajo Ariari, el Meta y el Guaviare. Según el diario El Tiempo del 16 de abril del año pasado, en esos operativos se capturó a numerosos miembros de las FARC que manejaban 74 laboratorios o cocinas para procesar droga, y tenían en su poder 10 mil galones de gasolina, 71.400 libras de hoja de coca, además de abonos químicos, fumigadores, prensadoras y otros elementos asociados al procesamiento de la droga, como amoniaco, ácido sulfúrico y permanganato. El poco despliegue con que se presentaban estos hechos y la timidez de las informaciones hacían que la opinión pública las recibiera con beneficio de inventario y finalmente considerara que esto hacía parte de la guerra de la desinformación que se vive en el país desde hace algunos años. Pero tal vez el campanazo que alertó al país y que comenzó a poner en orden las piezas del rompecabezas en cuanto a las actividades "narcas" de las FARC, fue el asesinato del dirigente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. La investigación relámpago de las autoridades sobre los autores intelectuales del crimen de Pardo, dejó entrever que, aunque el asesinato demostraba que narcos y guerrilleros no estaban del mismo lado, algo oscuro se escondia en la relación de unos con otros.
Hasta ese momento el término narcoguerrilla parecía ser para los colombianos una exageración que, en el peor de los casos, hacía referencia al servicio de vigilancia que prestaban algunos frentes de las FARC a sembrados y laboratorios de varios narcotraficantes. Para los habitantes de las regiones donde se cultiva y se produce coca y para los entendidos en la materia, la relación de las FARC con el narcotráfico no se limitaba exclusivamente a la seguridad. Consideraban que el grupo guerrillero se estaba financiando mediante un impuesto a los coqueros, equivalente a la vacuna ganadera, el cual recibía el nombre de "gramaje". Este consistía en que tanto los productores como los cultivadores, grandes o pequeños, les deberían pagar un 10% de lo producido.


A partir de la investigación sobre el asesinato de Pardo Leal comenzaron a circular rumores de que las FARC le habían robado entre 2 mil y 3 mil kilos de cocaína a Gonzalo Rodríguez Gacha y que el crimen de Pardo Leal no era otra cosa que una retaliación contra lo que "El mexicano" y su gente consideraban la cabeza del brazo legal de las FARC. Pero este no era el primer episodio que dejaba entrever un enfrentamiento entre narcos y FARC. Cuando asesinaron a Pedro Nel Jiménez, senador de la UP por el Meta, en ese departamento circuló una versión en el mismo sentido. Al parecer, el enfrentamiento entre quienes antes habían coexistido en relativa paz, habría surgido de un suceso que "mojó" prensa y que fue conocido por los organismos de seguridad y por funcionarios de la Consejería de Rehabilitación de la Presidencia. Se trataba del robo de diez millones de pesos en efectivo a hombres de un hacendado de apellido Plata, lugarteniente de "El mexicano", en una zona del sur del Meta controlada por las FARC, robo que el señor Plata habría atribuido a gentes de ese grupo guerrillero. Después de la muerte del senador Jiménez, las FARC habrían llegado hasta la hacienda de Plata y la habrían quemado. Los campesinos de la región aseguran que desde entonces comenzó una especie de guerra "ojo por ojo", en la que ambos bandos pusieron numerosos muertos.
De cualquier modo, ya fuera por el robo de cocaína o de dinero, por el no pago del "gramaje", o por algo relacionado con boleteo, extorsión o secuestro, lo cierto es que se fueron encendiendo en distintas zonas del país sangrientos enfrentamientos entre las FARC y los narcotraficantes. Hasta tal punto que organismos de seguridad, habitantes de esas regiones y algunos violentólogos consideran que ese puede ser el origen del engendro del narcoparamilitarismo. Y así como para algunos narcos estafados, extorsionados o amenazados permanentemente por las FARC, no podía haber mejor solución que fomentar los grupos paramilitares, para las FARC, una guerrilla con gran influencia entre los campesinos cultivadores de coca, la mejor manera de financiar su doble guerra contra el Ejército y los paramilitares no podia ser otra que la de hacerse al control de la siembra y producción de la coca.
Numerosos frentes de las FARC tenían conocimiento del negocio. En zonas como el Guaviare, el Caguán, el Putumayo, los frentes I, XIV, XV y XXXIII, respectivamente, eran respetados por los cultivadores de coca, porque habían llegado a poner orden en el mercado. Ejercían una especie de veeduría entre comerciantes y campesinos. De acuerdo con estudios realizados por Planeación Nacional sobre sustitución de cultivos en estas zonas, las FARC llegaron a comienzos de la década de los 80 y comenzaron a ejercer funciones paraestatales. "Establecen normas tendientes a hacer desaparecer el robo, el abigeato, a prohibir la venta y consumo de bazuco, a reservar la tercera parte de la tierra para cultivos de pancoger,a practicar normas sobre el manejo ecológico y finalmente terminan protegiendo a la parte más débil entre compradores y cultivadores", dice el estudio en uno de sus apartes.
Este modus operandi contaba con la bendición del Estado Mayor de las FARC, que consideraba como "un deber revolucionario" la defensa de los cultivadores frente a los comerciantes que, en la mayoría de los casos, se aprovechan de los campesinos. En una entrevista concedida por Jacobo Arenas a SEMANA en 1987 a propósito de la acusación de Carlos Lehder en el sentido de que el jefe de las FARC era el principal narcotraficante del país, Arenas dijo: "Tenemos muchos frentes en las áreas de cultivo de coca, por lo menos diez o más. Pero hacemos una diferenciación entre el cultivador, que es también una persona explotada, el platero, que es el que da el dinero, el dueño de las matas que recoge la cosecha y medio la procesa, o vende las hojas por kilos o por arrobas, y (...) comerciantes de mayor cuantía, que llevan el producto a los laboratorios ".
Poco a poco iba quedando en claro que las FARC se estaban metiendo en el negocio. La pregunta era hasta dónde. En una columna sobre el asesinato de Pardo Leal, el comentarista de El Tiempo Enrique Santos Calderón afirmó el 5 de noviembre del 87: "Se sabe que las FARC están más involucradas con la narcoproducción de lo que dan a entender. Se ha dicho inclusive que en ciertas zonas selváticas tienen laboratorios de procesamiento. He aquí un punto de posible conflicto con la mafia". Y María Jimena Duzán en su columna de El Espectador del 15 de noviembre del 88, apuntó:"... en muchas zonas, el Estado sigue siendo configurado por las FARC. Mientras en regiones de la Costa los narcotraficantes, comprando tierras, consolidan grandes latifundios, las FARC están imponiendo minifundios de cultivos de coca". Y en enero del mismo año, la columnista habia escrito refiriéndose a la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta: "... la mafia que busca ampliar las fronteras con el cultivo de coca, sumada al surgimiento del foco guerrillero que también está metido en el negocio, han convertido a este territorio en una de las zonas más sangrientas del país".

HASTA DONDE
Para los organismos de seguridad no importa tanto establecer el grado de vinculación de las FARC en el negocio, si están procesando o si la narcoguerrilla se halla en una fase superior, la del comercio y la exportación, y si las FARC se han convertido en el tercer cartel después de los de Medellín y Cali. "No podemos afirmar con certeza que las FARC se desempeñen en tal o cual papel del narcotráfico, pero lo que si hemos establecido es que de acuerdo con la región tienen comportamientos diferentes.
En unas son cultivadores, en otras procesadores, en otras comerciantes, y no podemos descartar que hoy por hoy sean exportadores. Lo único que descartamos es que sigan dedicados a servir de cuidanderos de plantaciones y laboratorios, pues ellos sólo se interesan ahora en ese negocio, en aquello que les pertenece", dijo a SEMANA una fuente de inteligencia militar.
Pero, ¿en que momento se decidieron las FARC a dejar de ser simples cuidanderas y cobradoras de "gramaje"? Los organismos de seguridad afirman que establecer a ciencia cierta la fecha puede ser cosa de poner la bola de cristal, pero consideran que de lo que no hay duda es que la propia dinámica de un negocio como el del narcotráfico no permite que una persona se ponga limitaciones: "Si uno tiene algún nexo con el narcotráfico, no tiene por qué pensar que cultivar es bueno y procesar no, o cultivar y procesar bueno y comercializar malo", afirma uno de los agentes de seguridad que ha investigado el asunto.
Lo que parece una realidad es que en la paulatina vinculación de las FARC al negocio de la coca está presente el refrán popular según el cual "untado el dedo, untada toda la mano". Según un ex dirigente del Partido Comunista, que pidió mantener su nombre bajo reserva, los argumentos con que el Estado Mayor de las FARC se ha defendido de las acusaciones de que la organización está "untada" en el negocio de la coca, "son una muestra del más vulgar oportunismo, pues no se puede decir que el problema se reduce a defender a los cultivadores pobres de los traficantes ricos, porque los traficantes ricos de hoy fueron los cultivadores pobres de ayer. Y si llegaron allí fue por la capacidad criminal que es inherente al narcotráfico".

DON DINERO
Lo cierto es que si las FARC se quedan cortas en las justificaciones y explicaciones sobre su participación en el negocio, en lo que sí se van largo es en el rendimiento económico que obtienen. "Cuando se producía un cuestionamiento de tipo político o moral en un debate interno, siempre aparecía un costal de billetes que enterraba la discusión", afirma un ex guerrillero de las FARC que habló con SEMANA.
En épocas de agudización de la guerra, como es la actual, las finanzas de una organización armada son un factor que se coloca por encima de cualquier tipo de consideración. Y para las FARC, que a principios de los 80 habían visto disminuir sus fuentes tradicionales de ingreso -como quedó consignado en los documentos de la VII conferencia de esa agrupación en mayo del 84-, era entonces urgente buscar nuevas opciones, diferentes al secuestro, el boleteo, el asalto bancario y la piratería terrestre. El fin justificaba los medios, era la conclusión estalinista de esa reunión.
Y el fin, según sostiene la inteligencia militar, es hacerse a un presupuesto de 16 mil millones de pesos para el año 92 y de 32 mil para el 96, necesarios para sostener una organización de 30 mil hombres en armas, dentro de un plan que fue parcialmente revelado a la televisión francesa por el propio Manuel Marulanda Vélez, "Tirofijo", legendario líder de las FARC, curiosamente cuando en el país más se hablaba de tregua y paz.
Dentro de esta estrategia de economía de guerra, el Estado Mayor de las FARC ha ordenado -según documentos incautados por las autoridades- a siete de sus frentes cumplir mensualmente con una cuota de 200 millones de pesos, mientras que al resto se le asigna una de 10 millones. Los frentes que deben aportar más son precisamente los que se encuentran en las zonas coqueras del país. Es decir, el I del Guaviare, el V de Urabá, el IX del Magdalena Medio, el XIV y el XV del Caquetá, Bajo Caguán, Medio Caguán y Llanos del Yarí, el XVIII de Córdoba y el XXXII del Putumayo. Aun cuando la inteligencia militar afirma que no se han encontrado documentos en los que se indique expresamente que estas contribuciones se deriven del negocio de la coca, es ingenuo creer que la ubicación geográfica de los frentes más rentables sea una simple coincidencia.

LOS INTERROGANTES
Aunque hoy en día casi nadie pone en duda el hecho de que las FARC estén metidas en el negocio del narcotráfico y lo menos que se piensa es que "el que entre la miel anda algo se le pega", lo concreto es que en materia de pruebas sobre las narco-FARC, no es mucho lo que existe. Un oficial de antinarcoticos de la Policía dijo a SEMANA: "En el narcotráfico las pruebas son el cuello de botella. Si no le hemos podido probar nada a Pablo Escobar o a Rodríguez Gacha, tampoco nos queda muy fácil probárselo a don Jacobo". Lo que si existen son muchos indicios que han llevado a la autoridades a deducir que las FARC si no son el tercer cartel, por lo meno si están a punto de serlo. "Más que pruebas lo que tenemos son interrogantes -afirma un miembro de la inteligencia militar. ¿De dónde sacaron las FARC la plata para comprar las armas que cayeron en Jamaica? ¿De dónde sacan plata para tener aviones y barcos? ¿ Con qué negocian internacionalmente las armas? ¿ Qué hacen la coca que roban, decomisan o que reciben en pago en especie como impuesto? ¿ Cómo comercializan la coca que tienen si los narcotraficantes colombianos están en guerra con ellos? Con qué dineros se nutren las jugosas cuentas que, sabemos, tienen en Panamá, Suiza y París? ¿Para qué necesitan pistas clandestinas, y aviones como los que tienen en el Magdalena Medio y los Llanos Orientales? ¿Qué hacen los emisarios de las FARC, que tenemos conocimiento, se han desplazado a Europa?".
Por fortuna, la inteligencia militar y la Policía Antinarcóticos no sólo tienen interrogantes. También han encontrado algunas respuestas. Según ellos, en diferentes zonas del país han descubierto pistas de aterrizaje clandestinas, laboratorios para el procesamiento de cocaína de enormes proporciones, y aviones incendiados de propiedad de las FARC. En el último allanamiento de Antinarcóticos, realizado en el Araracuara (Putumayo), "encontramos una pista de aterrizaje de 1. 700 metros de longitud por 41 metros de ancho, con instalación para iluminación nocturna y que estaba camuflada en el día con sembrados de árboles en medias canecas de gasolina de 55 galones. En esta pista podían aterrizar DC-6, C-130 o aviones más grandes. En esta área no tenían un gran laboratorio sino 25 regados por toda la zona. Aun cuando nunca se encuentra gente cuando se llega a hacer el allanamiento, en esta oportunidad y en otras hemos hallado libros de contabilidad pertenecientes al frente de las FARC que opera en la zona", dijo a SEMANA otra fuente militar.
Sea como fuere y aunque es evidente que al rompecabezas de las narco-FARC todavía le faltan muchas piezas, está claro que la más importante organización guerrillera del pais ha decidido centrar su financiación en el negocio de la cocaína. Sus dirigentes aceptan que tienen relaciones con los cultivadores. Hay evidencia de que, en algunas regiones, sus frentes han comenzado a procesar la hoja en laboratorios manejados por las FARC. Hay indicios de que están construyendo pistas y comprando aviones de carga. La gran duda entre las muchas que quedan es a quién y cómo están vendiéndole la droga. Hay que suponer que a compradores de Europa y Estados Unidos, porque es allí donde se concentra el mayor consumo mundial y donde se hallan los únicos mercados en capacidad de comprar las cantidades que producen los numerosos laboratorios que las FARC parecen haber entrado a manejar. Pero, ¿esas ventas se están haciendo a través de intermediarios o con una red controlada por las FARC? Quizá sólo el tiempo permita aclarar estas incógnitas. Mientras tanto lo que ya se sabe es suficiente para inquietarse. Si las FARC entraron definitivamente en el negocio internacional de la droga, incluso si sólo están controlando una pequeña porción de las exportaciones de coca que salen del país, el Estado y la sociedad colombianos están frente a un problema de gigantescas proporciones. Las FARC han resuelto el principal problema que tiene cualquier organización armada: el del dinero. Y con ello deben estar mucho menos interesadas que antes en hablar de paz.

LO QUE SE SABE
.Las FARC protegen cultivadores de coca.
.Han comenzado a administrar laboratorios.
.Hay indicios de que tienen pistas y aviones.

LO QUE NO SE SABE
.A quién le están vendiendo la droga.
.Cómo la están sacando del país y comercializando.
.Qué porcentaje del negocio están controlando.