Llamado al orden

Basta transitar por las calles de Bogotá para darse cuenta de la cantidad de pancartas que ofrecen desde programas de capacitación para asegurar el futuro profesional hasta maestrías y doctorados de todo tipo. Según analistas de educación consultados por SEMANA la proliferación de estos programas obedece principalmente a tres factores: débil presencia y control del Estado, altísimos costos de los programas de posgrado en instituciones tradicionales y un desempleo creciente que cobija cada vez a más personas recién egresadas.

Consciente de que la calidad de la oferta de posgrados es bastante dispareja y con la intención de colocarla al nivel de los estándares internacionales, el gobierno nacional expidió el decreto 916 el pasado 22 de mayo. Este decreto, que pasó sin mucho bombo, puede ser el comienzo de una verdadera depuración del mercado que pondría a temblar a más de una ‘universidad de garaje’ e incluso a instituciones reconocidas.

En caso de que el gobierno lograra aplicar hoy los estándares de calidad que ordena la ley serían muy pocas las instituciones que pasarían la prueba. En materia de investigación “sólo 41 de las 290 universidades que existen en todo el país cuentan con grupos permanentes de investigación acreditados por Colciencias”, afirmó Hernán Jaramillo, decano de la facultad de economía de la Universidad del Rosario y antiguo miembro de la Comisión Nacional de Educación Superior. El grado de cumplimiento de las otras dos exigencias que menciona el decreto —docentes con títulos de doctorado y programas de tiempo completo— es aún un dato que le falta conseguir al Estado.

Lo anterior pone en evidencia la necesidad de revisar la calidad y el control que se ejerce sobre las instituciones y los programas de posgrado que ofrecen. Según Myriam Ochoa, decana de la facultad de educación de la Universidad Externado de Colombia, “el decreto es excelente pues estábamos en mora de ejercer una mayor presión para darle la seguridad al estudiante de que la inversión que está haciendo en educación está garantizada y respaldada”.

Desde 1992 y gracias a la Ley 30, conocida como la ley de educación, se comenzó a ejercer un control directo sobre los 8.000 programas de posgrado que existen en el país, según cifras estimadas del Ministerio de Educación. Entre los 8.000 programas están especializaciones, maestrías y doctorados. Sin embargo el número exacto de programas acreditados se encuentra lejos del total estimado. Sólo 77 de ellos han logrado la calificación de excelencia que otorga la Comisión Nacional de Maestría y Doctorados. De todas maneras las cifras del Sistema Nacional de Información de Educación Superior “son confiables en un 60 por ciento”, según William Ponce, coordinador de la Comisión, que afirma que esta institución tuvo que contratar expertos para obtener datos exactos sobre la materia.

“Algunos han creído que la autonomía se puede desligar de la responsabilidad”, afirma un profesor universitario, para quien el abuso de la autonomía que otorga la Ley General de Educación sirve para explicar la mala calidad de los programas y la falta de compromiso social que se adquiere al hacerse educador. “Esto ha desviado la función educativa a dinámicas de mercado, con el objetivo de hacer negocio”, afirma Luis Enrique Orozco, decano del magister en educación superior de la Universidad de los Andes. Los programas más criticados han sido las especializaciones por tener la mayor participación en el crecimiento de la oferta de posgrados. Para ejercer un mejor control sobre estos programas y para aclarar si siguen siendo considerados como posgrados o si pasan a ser programas de educación continuada el Ministerio espera que el Icfes presente un decreto antes de tres meses.

La Ley de Educación hizo énfasis en las maestrías y doctorados como programas basados en la investigación y en la creación de conocimiento, acabando así con las maestrías profesionalizantes o programas de actualización profesional. Este vacío se llenó al parecer con un simple cambio de nombre: de maestrías profesionalizantes pasaron a ser especializaciones. La diferencia no parece mucha según la definición dada por Leonardo Villa, quien está al frente de la Dirección de Educación Superior, “las especializaciones son programas que buscan actualizar la información de los profesionales, a diferencia de las maestrías y doctorados, que buscan desarrollar nuevas habilidades profesionales con un grado más profundo de competencias”. Así el problema terminó siendo que muchas de las maestrías profesionalizantes no dejaron de ser vendidas como maestrías, el gobierno no las cerró y hoy ofrecen una educación sin cumplir con los requisitos de calidad que exige la ley.

El mayor perjudicado es el estudiante, que hace un esfuerzo grande, de tiempo y dinero, por un programa supuestamente reconocido y que lo hará mejor profesional a la hora de buscar trabajo. Pero termina con diplomas que no son reconocidos por sistemas de educación extranjeros o inclusive por empresas que laboran en Colombia. Según la directora de recursos humanos de una multinacional, “el afán de doctoritis en el que vive el país obliga a preocuparse mucho por el número de cartones y poco por la calidad y credibilidad de la educación que reciben”.



No todo lo que brilla…

Con el decreto 916 y con el decreto que regulará las especializaciones los profesionales que buscan un posgrado pueden sentirse mejor respaldados. Sin embargo es importante que antes de matricularse en cualquier programa los aspirantes dediquen tiempo para corroborar lo que les ofrece la universidad.

Esta labor de ‘autocontrol’ no es muy complicada y puede evitar una mala inversión educativa. Lo primero que debe hacer quien quiera verificar la institución y el programa al que desee matricularse es acudir a cualquiera de los entes que regulan la educación superior en el país a los que ni siquiera tendría que ir. El Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados tienen cada uno una página en Internet con el listado de programas que se han sometido ya a la acreditación voluntaria y de los que recibieron del Icfes la autorización inicial de funcionamiento.

Saber que un programa fue acreditado no es suficiente. Es importante revisar la fecha de la acreditiación y si ésta ha sido renovada. La acreditación tiene una validez de cinco años, así que las instituciones que venden programas con el argumento de haber sido los primeros acreditados por la ley están disfrazando la situación actual.

En un principio, y aunque parezca exagerado, es mejor dudar de todo, hasta de los programas respaldados por instituciones extranjeras. Es importante verificar si esa institución es tan buena como parece y si el convenio que establecieron las dos universidades es válido y está vigente. Internet es un buen aliado a la hora de buscar esta información.

Los estudiantes deben asumir una posición más crítica para cuestionar la oferta de las universidades públicas y privadas. Así podrán exigir que se cumplan los requisitos de calidad y aspirar a que las universidades del Estado ofrezcan más programas de posgrado, que en últimas servirían de freno a la proliferación de universidades de garaje y programas baratos pero de dudosa calidad. Por lo pronto, el decreto 916 es un buen comienzo en el propósito de vigilar y mejorar los posgrados en Colombia. Antes que oferta en cantidad el país necesita programas de calidad que satisfagan plenamente las expectativas de sus estudiantes.