¿Para dónde va Colombia?

Me han pedido los amigos de SEMANA que haga una previsión de hacia dónde va Colombia en el próximo lustro. Es difícil decir donde vamos a estar con prescindencia de lo que hagan el gobierno y la sociedad toda. Voy a tratar de definir lo que debería ser una agenda a cumplir en un poco más de un cuatrenio de gobierno. Es lo que podríamos llamar una agenda reformista o de modernización que nos debe llevar a una era de crecimiento, a una mayor igualdad y a combatir la violencia de todos los orígenes. Para comenzar quisiera señalar que a mi juicio Colombia necesita cinco componentes para dar un paso firme adelante y volver a crecer con vigor. Ellos son una política de paz, una reforma política, una reforma del Estado, una eficaz política social y de empleo y una agenda de modernización de sus instituciones económicas. Para resumir, debe construirse una política que nos provea más Estado y más mercado. Pero eso demanda trabajar en varios frentes simultáneamente e implica no apostarle todo a la paz y a la seguridad, ni todo a la economía. Como lo hemos comprobado en los últimos años, los determinantes del crecimiento en Colombia no son solamente económicos. Ya no podemos vivir bajo el supuesto de que sin importar lo que suceda en el frente de seguridad, social o político el país va a crecer bien si tiene una buena política económica. En años recientes hemos aprendido tal lección de una manera difícil, a golpes. Sin duda hay que comenzar por hacer unas consideraciones sobre el orden público, un tema crucial para determinar el futuro de Colombia. Más allá de los resultados de la política de paz del presidente Pastrana el Estado necesita una política de paz permanente que no dependa de la voluntad de la guerrilla y asumir sus responsabilidades sociales; requiere un intenso cambio político por la vía del Congreso o por los otros mecanismos acordados en la Constitución; demanda presencia vigorosa tanto política como económica en toda la geografía nacional; un respaldo claro a las Fuerzas Armadas y a la Policía para hacerle frente a todas las expresiones de violencia armada, y una política de diálogo y negociación en circunstancias que tengan en cuenta que el diálogo no es una concesión que la guerrilla le hace al Estado, sino al contrario. Debe ser clara la finalidad del proceso: la paz es la reincorporación de la guerrilla a un sistema político democrático y la dejación de las armas. Y el gobierno y otros en nombre de la sociedad pueden buscar cambios de las instituciones y políticas por medios constitucionales. La guerrilla no puede esperar cambios mediante instrumentos no democráticos. Alguna vez el presidente López habló de que no es posible hacer la revolución por contrato y creo que esa sigue siendo una afirmación válida. Las negociaciones deberían tener una agenda limitada y unos procedimientos que tengan un itinerario flexible pero verificable. La agenda también tiene que ser clara sobre cuándo y cómo se deben cumplir los acuerdos, garantizados a través de una verificación internacional. Igualmente creo que se debería firmar al inicio un protocolo de comportamiento de las partes que limite las posibilidades de uso de la fuerza (secuestros, tomas, ejecuciones extrajudiciales, etc.). En cuanto a la reforma política el gobierno, los partidos y movimientos y otros sectores sociales deben impulsar una reforma de las instituciones políticas que regule con leyes estatutarias los derechos fundamentales plasmados en la Constitución y que busque fórmulas constitucionales para cubrir algunos de los temas de la reforma de la administración Pastrana en cuanto a la acción de los partidos y protección de las minorías. Esa reforma debe también buscar modificaciones al Congreso que aseguren la transparencia de las actuaciones de sus miembros; cambios que mejoren el grado de representación en las corporaciones públicas; una reforma que vaya más lejos en lo referente a la organización de los partidos políticos y en todo caso mejore el control ciudadano y haga a los funcionarios responsables de sus actos (accountability); que avance en el propósito de fortalecer la justicia; que estudie nuevas posibilidades de descentralización y que examine nuevas áreas donde sea necesario incrementar la capacidad de regulación del Estado y otras materias que presenten partidos, movimientos y organizaciones sociales. En cuanto a los temas de seguridad, en general tiendo a creer que en Colombia ellos son un asunto más estructural, esto es, que no dependen tanto de la paz o no sólo de la paz con la guerrilla, como de la gran inseguridad que hemos padecido tradicionalmente agravada por altísimas tasas de desempleo. No hay que ignorar la famosa decisión de extorsión generalizada de las Farc, que dio patente de corso a todos los hampones del país para darle tinte político a cada uno de sus crímenes. Debemos tener presente, además, que si logramos en algún momento de la próxima década traer a las Farc (doy por descontado que ello se va a lograr con el ELN) a una negociación para darle fin a la lucha armada con algún tinte político, es muy probable que algunos sectores de esa agrupación que se han criminalizado casi por completo persistan en su actividad delictiva, particularmente en lo relacionado con actividades de narcotráfico. Habrá que seguir invirtiendo fuertemente para garantizar la seguridad ciudadana después de los acuerdos que se logren. No nos podemos engañar sobre la importancia que tiene para nuestro crecimiento económico ser eficaces en la lucha contra la guerrilla, los paramilitares y las bandas criminales armadas, aunque a veces sea difícil diferenciarlos. Ahora bien, ese crecimiento va a depender también de la recuperación de la economía mundial, sobre lo cual hay apenas indicios para el segundo semestre de este año que recién empieza. Ello expandirá nuestras exportaciones no tradicionales y los precios de los productos básicos que exportamos. En todo caso nuestras acciones nos deben llevar a que Colombia esté en un par de años con un crecimiento por encima del 4 por ciento para terminar alcanzando tasas de más del 5 por ciento antes de terminar el quinquenio. En lo que hace a los mercados internacionales, debemos aprender que la volatilidad de los capitales se volvió una característica permanente y no algo coyuntural. Ello tiene varias consecuencias sobre Colombia. La primera, y más obvia, es que si Colombia quiere disminuir su vulnerabilidad a tal volatilidad debe desarrollar una política económica bastante ortodoxa. No hay espacio ni para altos déficits fiscales, ni para altos déficits comerciales, ni para políticas monetarias expansivas. Yo creo que todos recordamos bien lo que nos ocurrió con la crisis de Rusia-Asia y la dramática caída de nuestra economía en el 99. Ahora es necesario corregir en días o semanas lo que antes se hacía en meses o años. Tal restricción también tiene otro condicionamiento: será necesario aumentar el ahorro nacional. Cuando en los años 80 ocurrió la crisis de la deuda quedó demostrado que la falta de ahorro interno nos hizo depender, en toda América Latina, de políticas de endeudamiento excesivas. De nuevo en los comienzos de los 2000 nuestra vulnerabilidad vuelve a ser falta de ahorro interno. Es por eso que, no habiendo encontrado muchos otros mecanismos para estimular el ahorro, debemos persistir en el más eficaz: el sistema de pensiones. Y si ese es nuestro objetivo, y no sólo reducir el déficit fiscal, debemos ir más lejos de lo que ha propuesto el ministro Santos en la actual coyuntura. En todo caso si logramos subir la tasa de ahorro será posible subir las tasas de inversión pública y privada, tan decaídas con la pérdida de dinamismo que ha tenido la economía colombiana en los últimos años. Y eso nos aseguraría el incremento en las tasas de crecimiento que estamos buscando. En materia de tributación, tan pronto comience la recuperación es necesario mirar si vamos a conservar toda la que hemos establecido para recuperar el balance fiscal. Hay algunos sesgos inconvenientes, bien porque llegamos a tasas demasiado elevadas o porque castigan a un solo sector. Puede llegar el momento de entregar tasas altas a cambio de más instrumentos eficaces de recaudación. En materia de comercio, Colombia debe apoyar vigorosamente los acuerdos de comercio y en particular el Area de Libre Comercio de las Américas. Este es el proyecto más ambicioso que se ha propuesto nuestro hemisferio y puede representar un paso gigantesco en nuestro desarrollo, como viene ocurriendo en México, cuyas exportaciones a Estados Unidos se han triplicado desde el 95. El comercio entre los países de las Américas se ha estado expandiendo a tasas que son el doble de las del resto del mundo en la última década y las negociaciones siguen avanzando con gran intensidad. Es hora de pensar en disminuir las altísimas tasas al empleo que existen en Colombia y que no están asociadas con la formación de la pensión o el servicio de salud. Una economía un poco más abierta, en un contexto de crecimiento de la economía mundial, nos llevará necesariamente a una expansión de las exportaciones no tradicionales altamente intensivas en mano de obra. Colombia necesita y puede desarrollar una política más agresiva de desarrollo de su capital humano. No hay justificación para no llevar el cubrimiento de la educación a niveles como los logrados en Antioquia o Bogotá. Allí se han usado mecanismos diferentes de los tradicionales y vale la pena ensayarlos en el resto de Colombia. La educación de calidad es el instrumento más importante para avanzar hacia una mayor igualdad y mejorar la distribución del ingreso, como lo es también para preparar nuestros trabajadores para los enormes desafíos que nos impone la globalización. Hay que conseguir, sobre todo en la educación pública, que se salven las grandes brechas que hacen de nuestra educación una que aumenta las disparidades sociales en lugar de disminuirlas. Hemos avanzado en materia de descentralización de la administración educativa pero nos falta, por ejemplo, darles a los directores de escuela más autoridad dentro de sus planteles, como también recoger el influjo que deben tener los padres de familia. Es también fundamental profundizar los esfuerzos para continuar aumentando la cobertura que generó la Ley 100 y que nos llevó a 25 millones de afiliados, entre ellos 10 millones de pobres. ¿Pero cómo solucionar las deficiencias del actual sistema de salud? ¿Cómo renunciar a la ambición de lograr un sistema universal y pluralista de seguridad social para toda la población? Los malos resultados de la economía y el desorden administrativo han amenazado con descarrilar el sistema. La falta de crecimiento económico le ha restado al sistema de salud recursos por dos billones de pesos, con obvios efectos para los hospitales, los médicos y muchos pacientes. Si la economía mejora las cargas financieras del sistema de salud pueden arreglarse. Con empleo, el sistema contributivo puede expandirse para llegar a más de 25 millones de afiliados. Sin duda el gran reto es institucional. Es cambiar la lógica de conseguir recursos cuando se hace déficit y escándalo a una que premie buenos resultados. Tenemos que consolidar el sistema plural de las EPS, incluyendo un Seguro Social que sea viable, y fortalecer su responsabilidad social. Tenemos que emprender una lucha frontal contra la corrupción, tanto en el régimen subsidiado como en los hospitales, y hay que lograr una profesionalización de la gerencia en todo el sistema. En fin, la agenda de modernización para la salud es grande y no se puede volver a atrás. Es muy importante continuar fortaleciendo nuestro sistema judicial. Es fundamental continuar la tarea de dignificación de los jueces, después de haber avanzado en mejorar los niveles salariales. Es tiempo de agilizar la justicia laboral y civil para hacerlas tan accesibles y eficaces como la tutela, en lugar de debilitar la tutela como lo proponen algunos. Hay que preservar mecanismos excepcionales para hacerle frente al terrorismo, al narcotráfico y a las bandas criminales organizadas sin prescindencia de los derechos de defensa. Colombia debe seguir aceptando, en términos que sean compatibles con su Estado de derecho, recibir cooperación internacional tanto en la lucha contra el narcotráfico como frente al terrorismo, tal como lo ha venido reclamando ya casi por dos décadas. En la reforma laboral del 90 fue posible avanzar en hacer más flexible la legislación laboral. Con tasas de desempleo como las que hemos alcanzado hay que desarrollar políticas que propicien y no impidan la creación de empleo. Allí puede estar abierta la posibilidad de una gran negociación tripartita, tal como ha ocurrido en otros países, aunque no se debe condicionar a ese resultado. Y tal vez la tarea más importante, la que nos permitirá desarrollar esta agenda, es el fortalecimiento del Estado sin que se presente un excesivo crecimiento del gasto público. Transformar el Estado y sus políticas es una tarea difícil y probablemente no muy popular. Es más difícil que privatizar y es un tema mucho más importante que implica enfrentar intereses, afectar personas y vencer a los cuantiosos opositores a cualquier cambio. Hay que luchar a brazo partido con quienes quieren como petrificar o embalsamar el Estado. Y para ello es esencial que el gobierno impida que se forme una opinión que signifique que todo esfuerzo de modernización, austeridad o disciplina es ‘neoliberalismo’ y por lo tanto no se puede realizar. Como es necesario evitar la idea según la cual la única manera de enfrentar los problemas públicos es arbitrando más recursos fiscales. No se trata de buscar un Estado más grande, ni más costoso, ni más autoritario, sino uno más eficaz, que sea capaz de producir los resultados que se buscan. La pobreza que nos agobia no es el resultado de unas pocas reformas económicas, sino la consecuencia de instituciones estatales y políticas ineficaces. Cuando una institución pública no cumple su labor, o la cumple a costos excesivos, no hay que tener temor de eliminarla o disminuir su planta, obviamente dándole una indemnización a los trabajadores, que usualmente la toman con gusto. Lo importante es que las políticas públicas lleguen hasta los ciudadanos más pobres y no que se garanticen los privilegios de sectores económicamente privilegiados y políticamente poderosos. Colombia ha ido recuperando lentamente la confianza en sí misma, ha ido avanzando despacio y a veces imperceptiblemente en mostrar a propios y extraños que nuestros problemas no son intratables. No tengo dudas de que avanzando en desarrollar una agenda como la que hemos descrito vamos a tener de nuevo una nación prospera, estrechamente vinculada a la economía mundial, preparada para hacerle frente a los desafíos de la globalización, capaz de repartir de manera más equitativa los beneficios del crecimiento y con la posibilidad de enfrentar los retos de la violencia y la criminalidad.