JUEZ DE JUECES

Sin afanes de protagonismo y con un trabajo silencioso pero eficiente, la Corte Suprema de Justicia se ha erigido en uno de los grandes jugadores en el tablero del proceso 8.000. Y es que la Corte, conser-vando un bajo perfil y sin alianzas de ningún tipo, se ha convertido en el principal soporte de la Fiscalía en el desarrollo de las investigaciones. El primer espaldarazo se produjo tras las detenciones de congresistas a fines del año pasado, cuando la Corte avaló la teoría del enriquecimiento ilícito en favor de terceros propuesta por la Fiscalía como base para sacar adelante la investigación sobre la filtración de dineros del narcotráfico en la pasada campaña electoral. El segundo ocurrió la semana pasada cuando, en un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, la sala plena ordenó la destitución del procurador general, Orlando Vásquez Velásquez, acusado de extralimitarse en sus funciones y de obstaculizar la administración de justicia al preparar un montaje en aras de perjudicar al fiscal Alfonso Valdivieso.Para muchos el caso del Procurador no hizo sino reafirmar la seriedad con que ha venido trabajando la Corte desde que se inició el proceso 8.000. Detrás de esta actitud se esconde la figura de su presidente, el magistrado José Roberto Herrera Vergara, un hombre al que no le gusta figurar pero al que no le tiembla la mano a la hora de expresar sus opiniones e imponer sus decisiones. Callado y discreto en su trabajo, fue quien se encargó de llevar el proceso contra el Procurador en desarrollo de una investigación caracterizada por la prudencia. El caso fue manejado bajo el más estricto sigilo, apartado de presiones externas, libre de las especulaciones políticas y resguardado de cualquier filtración a los medios de comunicación, algo en lo que la Corte Suprema en general ha dado ejemplo.Herrera Vergara no sólo fue protagonista por encabezar la histórica decisión de la sala plena de la corporación contra el Procurador. La semana pasada, ante la comisión primera de Senado y Cámara, defendió a capa y espada las razones por las cuales la Corte considera inconveniente y hasta vergonzosa la rebaja de penas por enriquecimiento ilícito, al tiempo que respaldó la idea del aumento de penas para delitos como el narcotráfico y la introducción de ajustes a la política de sometimiento a la justicia. Inclusive el presidente de la Corte fue más lejos y no tuvo reparos en advertir la necesidad de revivir la extradición.Pero más allá de estas posiciones, que sin duda producen polémica, la figura del presidente de la Corte ha despertado respeto y credibilidad en tirios y troyanos, algo especialmente significativo después de varios años en los cuales la desconfianza en la Justicia llegó a tocar las puertas del más alto tribunal del país.