Cerro Matoso, la ruta de la confianza

Desde que inició su operación en 1982, Cerro Matoso, empresa minero industrial que produce níquel contenido en ferroníquel, ha estado comprometida con el desarrollo del país y de la subregión del Alto San Jorge, en el departamento de Córdoba. La compañía se ha enfocado en construir una relación sólida con las comunidades vecinas, empleados y otros grupos de interés, fomentando una sociedad sostenible y generando sinergias con el sector público. Al país ya le ha aportado en 38 años más de 3 billones de pesos en regalías y solo en 2019 pagó 149 mil millones de pesos.

Además de generarle valor al Estado, la minera ha fortalecido su relación con las comunidades de la zona y desde 2013, no reporta incidentes con las mismas, lo que atribuye a su postura de promover el diálogo participativo. Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, explica que “la relación con la comunidad se ha transformado gracias al diálogo. Hace más de siete años plantamos la primera semilla para que las comunidades sean autónomas, crezcan culturalmente y emprendan procesos productivos sostenibles en el largo plazo”..

Cerro Matoso también ha brindado a las comunidades del Alto San Jorge oportunidades de desarrollo para emprender y transformar su territorio, mediante tres pilares fundamentales para hacerlo posible: ‘Diálogo Social’, ‘Alianzas Público-Privadas’ y ‘Legado: Región Sostenible’.

Pilares en acción

Desde 2013, la compañía adelanta un proceso de diálogo social en el que reconoce a las comunidades como gestoras de su propio desarrollo, respeta su cultura y autonomía y fomenta la concertación. Empresa y comunidades acuerdan prioridades conjuntamente y definen hacia dónde dirigir la inversión. Durante sus años de operación, Cerro Matoso ha invertido cerca de 154 mil millones de pesos en las comunidades del área de influencia. 

Entre las acciones más significativas de este proceso, la empresa ha construido, o mejorado, alrededor de 500 viviendas, desde 2014. También reporta la entrega de 105 becas de educación superior a jóvenes indígenas, campesinos y afrodescendientes. A la fecha, 31 jóvenes se han graduado y ahora son líderes comunitarios, empresarios o tienen acceso a empleos de calidad. 

Por su parte, la ‘Alianza por lo Social’ es una de las iniciativas público-privadas más importantes del sector minero en Colombia. La inversión ronda los 45.000 millones de pesos y participan Cerro Matoso, Prosperidad Social, la Agencia Nacional de Minería, el SENA, y las alcaldías del Alto San Jorge, con recursos destinados a proyectos de alto impacto en el área de influencia de la minera. El proyecto insignia fue la construcción y adecuación de las primeras dos fases del SENA para el Alto San Jorge, y la tercera, en construcción bajo la figura de obras por impuestos, será entregada en 2021. La sede, cuya inversión supera los 19.000 millones de pesos, beneficia a más de 230.000 personas de la subregión cordobesa.

Cerro Matoso y las comunidades vecinas a la operación reconocen los beneficios de la consulta previa, como claves para generar confianza. El proceso de consulta se protocolizó según los tiempos que ordenó la Corte Constitucional y los acuerdos ya comenzaron a implementarse.

Uno de los acuerdos más significativos es el acceso a la tierra. La minera donó 400 hectáreas para 8 comunidades indígenas y afrodescendientes y también financió la compra de 400 hectáreas adicionales para la comunidad de Pueblo Flecha, con recursos del Fondo para Compra o Arrendamiento de Tierras, pactado en la consulta. En menos de seis meses, la compañía entregó a las comunidades más de 800 hectáreas de tierra para su fortalecimiento cultural y autonomía social y productiva.

“Siento satisfacción de parte de toda mi organización. Creo que lo que ha hecho Cerro Matoso con los acuerdos que hicimos y la donación de estas tierras es lo más importante para asegurar el desarrollo de nuestras comunidades”, expresó el Gobernador del Cabildo Indígena de Centroamérica (Puerto Libertador), Joaquín Rojas.

La consulta contempla una inversión superior a los 168 mil millones de pesos en los próximos 25 años en materia social y ambiental: infraestructura en viviendas, acceso a tierra, proyectos sostenibles de generación de ingresos y un fondo educativo para acceso a becas.