Familia Carrizosa revivió pelea por Granahorrar en Estados Unidos

Astrid Benita Carrizosa interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi) una demanda en contra de la República de Colombia por el proceso de estatización del banco Granahorrar en los años 90.

Según conoció El Tiempo, para la familia Carrizosa, principal accionista del banco, la estatización de Granahorrar y la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó el fallo del Consejo de Estado violaron la protección a los inversionistas de Estados Unidos en Colombia establecida en el TLC entre ambos países.

El caso en Ciadi, que se remonta a marzo 9 de 2018, ha tenido ya varias audiencias entre ambas partes y tanto los demandantes como los demandados han presentado los documentos correspondientes para exponer su caso.

Según El Tiempo, la semana del 9 de noviembre habrá una nueva audiencia entre las partes, y se decidirá si los tribunales internacionales tienen la competencia para dirimir el conflicto.

En caso de que el fallo del Ciadi sea adverso para la familia Carrizosa, esta agotó las instancias para resolver el pleito, pues en Colombia tras la decisión de la Corte Constitucional en 2014 no tiene más opciones.

El caso, que podría llegar hasta los $1,4 billones, se remonta hasta 1998 cuando el Gobierno Nacional tomó el control de Granahorrar tras no poder cumplir con sus obligaciones con otras entidades financieras y el Banco de la República.

Luego de la crisis financiera de los 90, Granahorrar fue una de las instituciones más afectadas y quedó ilíquida, lo que llevó a la Superintendencia Bancaria a ordenar a sus accionistas (la familia Carrizosa) a una capitalización de la entidad, algo que finalmente no sucedió.

De esta forma, el Gobierno de Andrés Pastrana, a través de la Superintendencia Bancaria, tomó el control del banco, algo que para los Carrizosa siempre ha sido injusto, por lo que recurrieron a los tribunales nacionales.

Esto se resolvió, en teoría, en el 2007 cuando el Consejo de Estado falló a favor de los Carrizosa por considerar que las decisiones del Gobierno “fueron tomadas sin un sustento serio sobre la situación patrimonial de Granahorrar”, y ordenó pagar $227.000 millones a los demandantes.

Sin embargo, Fogafín y la Superintendencia Bancaria apelaron el fallo ante la Corte Constitucional, que en 2014 dejó sin fundamento lo dicho por el Consejo de Estado por incurrir en vía de hecho por defecto sustantivo y defecto procedimental.

El Gobierno fue dueño de Granahorrar hasta 2005 cuando fue subastado y comprado por BBVA, para convertirse en BBVA Colombia.

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