Las torres de energía que amenazan varias zonas de reserva forestal

Garantizar el servicio de energía en el país es una de las apuestas del gobierno. Hace cinco años la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) realizó la convocatoria 03 del plan de Expansión 2010 para el proyecto Chivor - Chivor ll - Norte - Bacatá 230 kV.

Este consiste en diseñar, construir, operar y mantener, durante mínimo 25 años, unas torres de energía que soporten el paso de líneas de 230 kV desde San Luis de Gaceno, Boyacá, hasta Tenjo, Cundinamarca. La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) presentó la oferta más económica, la siguiente propuesta era tres veces más costosa, y ganó el contrato para dicho proyecto, el cual estima en 101 millones de dólares para 160 kilómetros de recorrido. Sin embargo, los habitantes de ocho municipios de Cundinamarca (Tabio, Zipaquirá, Gachancipá, Suesca, Sesquilé, Subachoque, Cogua y Nemocón) se encuentran preocupados por las zonas de sus municipios donde se ubicarán las torres.

El proyecto pasaría por zonas de reserva de la cuenca alta del río Bogotá. El Ministerio de Ambiente redelimitó esta zona el año pasado, reduciéndola de 245.147 hectáreas a 94.161. La decisión causó polémica ya que además de quitarle terreno a la reserva, en lo que quedó protegido se permiten actividades agrícolas y de infraestructura. Ese detalle permite que la EEB no quebrante la ley al pretender pasar por esa zona, pero ha hecho que las comunidades se asocien en diversos grupos, todos con una misma premisa: oponerse a la fragmentación de las reservas forestales.

En primer lugar aseguran que en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) presentado por la EEB a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para el trazado que va desde Chocontá hasta Tenjo, se presentó solo una alternativa, según ellos la de mayor impacto ambiental y que ni siquiera estaba entre las rutas de referencia propuestas por la Upme para el proyecto. Aun así, Anla aprobó el diagnóstico propuesto por la compañía.

La Corporación Autónoma regional de Cundinamarca (CAR), en informe técnico de octubre de 2014 afirmó que “se puede observar que esta ruta es la que afecta en mayor proporción el área de la reserva forestal protectora Cuenca Alta del Río Bogotá (46 por ciento)... Si bien es cierto en cuanto a los aspectos socioeconómicos esta ruta representa los menores valores, no se constituye la ruta más apropiada en términos ambientales”. Por otro lado, hace poco se conoció que Anla rechazó la solicitud hecha por la Alcaldía de Subachoque en un recurso de reposición para pedir conceptos de la CAR, Ministerio de Ambiente, Instituto Humboldt y las universidades: Andes, Javeriana, Distrital y Tolima.

La desvalorización de los predios sería otra posible afectación. “Quién va a querer comprar un lote por donde pasan unas torres y unas líneas de alta tensión. Además, muchos de esos predios pertenecen a pequeños campesinos”, afirma Marcela Granados, vocera del grupo Red de Municipios Afectados. Para la comunidad la elección del trazado por zonas de reserva obedece a razones económicas ya que según le dijeron algunos voceros a Semana Sostenible sale más barato pagarle al campesino que a urbanizadores o industrias.

El impacto ambiental y la desvalorización de los predios no serían los únicos problemas. La afectación paisajística sería evidente y a largo plazo se perturbarían las fuentes de agua y los ecosistemas. Hugo López, biólogo magister en Conservación y manejo de vida silvestre, doctor en Ciencias y profesor de la Universidad Nacional, asegura que existen estudios donde se evidencia que las zonas fragmentadas son propensas a incendios forestales y que eso afectaría los ecosistemas estratégicos y por ende las reservas.

Semana Sostenible presenta el panorama de lo que se vive en dos de los municipios que se verán afectados.

Tabio

Este municipio del noroccidente de la sabana es uno de los pocos de Cundinamarca que se autoabastece de agua. Su preocupación es que el trazado propuesto pasaría cerca de 17 nacederos y quebradas que surgen de sus cerros occidentales. La comunidad ya ha marchado en contra del proyecto y el año pasado enviaron una carta de advertencia a la Anla y a la EEB.

El 55 por ciento del municipio es catalogado dentro del POT como reserva forestal y hay privados que tienen inscritos sus predios como Reserva de la Sociedad Civil. “¿Cómo es posible que a la Anla, que debe velar por lo ambiental, le importen más las variables socioeconómicas y nos castigue por proteger?”, dice Patricia de Bedout, veedora del municipio.

Además, algunos trabajos de la Universidad Nacional identificaron especies amenazadas y endémicas en los cerros de Tabio y Tenjo y la Bird Life International declaró la relevancia ambiental de estos cerros para la conservación y la protección de aves.

Así mismo, Óscar Rodríguez, alcalde del municipio, afirma que Tabio no tiene por qué ser el afectado. “Esos municipios que han permitido un desarrollo industrial y urbanístico desbordado y necesitan aumentar su capacidad eléctrica, son los que deben acarrear con el paso de las redes de alta tensión”.