especial diversidad e inclusión

Esta es la ruta trazada para la inclusión laboral de las poblaciones más vulnerables

La inclusión social y laboral de la población afrodescendiente, campesina e indígena, de las víctimas del conflicto armado y personas en proceso de reintegración es decisiva para contribuir al desarrollo económico de las regiones y del país.


A lo largo de la historia, afrodescendientes, indígenas, campesinos, víctimas del conflicto armado y personas en proceso de reintegración conocen, de primera mano, lo que significa ser una minoría y lo que implica para las comunidades no tener acceso a educación, salud y recursos para emprender.

La inclusión productiva de esta población logra disminuir las brechas entre el campo y la ciudad, de acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Por eso, cuando se habla de inequidad y de falta de oportunidades, además del perjuicio a las personas, el sector económico pierde la oportunidad de crecer. Para combatir las necesidades de estos grupos, diversas entidades desarrollan iniciativas cuyo objetivo es hacer de los más vulnerables miembros activos de la economía.

Por medio de la Dirección de Emprendimiento Social, de iNNpulsa Colombia, se han intervenido más de 6.000 emprendimientos y 11.000 personas de zonas rurales y urbanas. Uno de los proyectos es Agro E, que promueve la comercialización de productos agropecuarios, agroindustriales y artesanales en comunidades afros e indígenas de Cauca, Chocó, La Guajira, Cesar y Tolima.

Por su parte, la Federación Nacional de Cafeteros, la Unidad de Restitución de Tierras y las compañías internacionales Ajinomoto y Mitsui lideran en el Valle del Cauca un proyecto con el que se financia y apoya a las familias víctimas de violencia. Con una inversión de más de 50.000 dólares, 55 familias de Bugalagrande, Trujillo y Tuluá recuperaron sus tierras y, además, recibieron capacitación sobre comercialización de café, cosecha asistida, prácticas de conservación y protección de las fuentes hídricas, y equipos para el mejoramiento de la infraestructura.

Otro es el caso de Recon Colombia, que busca posicionar el emprendimiento social como un modelo de negocio. Según Andrés Santamaría, director de Recon, “el emprendimiento social surge como un impulso liderado por la sociedad civil, que quiere vincularse activamente y posicionarse como un motor de desarrollo que permita solucionar los problemas sociales y ambientales más agudos”.

Uno de los 3.000 proyectos apoyados por Recon es Frutichar, que nació en El Charco, Nariño, con el fin de apostarle a la sustitución de cultivos de uso ilícito, en uno de los municipios más afectados por el narcotráfico en la costa pacífica, y comercializar frutos exóticos, como borojó y chontaduro.

El sector bancario también se ha involucrado. Por ejemplo, el BBVA, de la mano de la Universidad de los Andes y el Cesa, ofrece talleres gratuitos a pequeños empresarios. Mario Pardo, presidente ejecutivo de BBVA en Colombia, menciona que “se van a reservar el 50 por ciento de los cupos para mujeres y el 20 por ciento para minorías étnicas. Estamos comprometidos con el sector productivo, con la formación, las pymes, la sostenibilidad, la equidad y la diversidad”.

Por su parte, Javier Díaz, presidente de Bancóldex, explica que destinaron más de 69.000 millones de pesos para uso exclusivo de mujeres microempresarias víctimas del conflicto armado interno que ejercen su actividad empresarial en 292 municipios.

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