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Contaminación plástica. - Foto: Cortesía Dow / Enka

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¿Qué tanto ha avanzado Colombia en la lucha contra la contaminación plástica?

Por: Juan Carlos Lozada

Aunque el país se puso a la vanguardia con la aprobación de la Ley 2232 de 2022, que prohibió los plásticos de un solo uso, todavía queda un largo camino por recorrer. Definir cómo se implementará y se hará seguimiento al cumplimiento de esta medida es uno de los primeros pasos.

Juan Carlos Losada
Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara. - Foto: Juan Carlos Losada

Colombia es responsable de menos del uno por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el mundo. No obstante, y pese a la multiplicidad de compromisos asumidos de forma reiterada que buscan la reducción, sus emisiones han aumentado un 15 por ciento en los últimos 20 años. Si no adoptamos medidas urgentes, no solo no vamos a cumplir los compromisos internacionales adquiridos, sino que seguirá aumentando el aporte de nuestro país a la crisis climática que hace unos días convocó nuevamente al mundo en el marco de la COP27 en Egipto.

Sectores como el agropecuario y el de energías suelen ser señalados como los principales responsables de la debacle ambiental. Sin embargo, poco se habla de la responsabilidad de la industria de los plásticos con la emisión de gases de efecto invernadero, ni con el cumplimiento de las metas asumidas por los países durante las Conferencias de las Partes. Año tras año vemos como se firman nuevos compromisos, se incrementan las metas individuales, pero no se establecen derroteros claros para su cumplimiento.

A finales del año 2020, el gobierno colombiano dio un anuncio trascendental en materia ambiental: se comprometió a reducir en un 51 por ciento las emisiones de GEI para el año 2030. Esta es, tal vez, la meta más alta trazada en América Latina y el Caribe. Para lograrlo, Colombia anunció que profundizará en la transición energética y en reducir la deforestación, pero nada se mencionó sobre los plásticos y su contribución a la crisis climática.

El 99 por ciento de los plásticos provienen de combustibles fósiles. En los procesos de extracción de los materiales, así como la elaboración y posterior desecho de estos productos, se emiten una gran cantidad de emisiones. De hecho, un reporte reciente del Center for Intenational Environmental Law (CIEL, 2022) mostró que la producción de plásticos es el mayor consumidor industrial de petróleo, gas y electricidad de la Unión Europea, erigiéndose como una de las actividades más intensivas en cuanto a consumo de energía y materias primas se refiere.

Por ello, es urgente reconocer el vínculo estrecho que existe entre la contaminación plástica y la lucha contra el cambio climático. Disminuir significativamente la producción de plásticos puede ayudar con el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como también acelerar la transición energética, bandera que ha defendido el actual Gobierno. Se deben fijar metas relativas a la reducción de su producción, junto con el aprovechamiento y reincorporación, tanto de los materiales que se encuentran en el mercado, como de aquellos que hoy en día constituyen desechos.

Es hora de enfocarnos en el recorrido, antes que en el destino final, para asegurar que el país se ajuste y cumpla con las demandas ambientales del orden global.

Lucha contra la contaminación

Un avance se dio este año, cuando en el Congreso se logró la aprobación de la Ley 2232 de 2022 que prohibió los plásticos de un solo uso en el país. Después de cuatro años de audiencias públicas, mesas de trabajo y negociaciones con la industria, Colombia se puso a la vanguardia de la lucha contra la contaminación plástica en el mundo.

Pero aunque la aprobación de esta ley es un insumo importante, aún queda un largo camino por recorrer que demanda reconocer la contaminación plástica como un problema inherente a la crisis climática, que debe ser abordado de manera integral. Para alcanzar los objetivos de esta ambiciosa norma, se debe reglamentar, implementar y hacer seguimiento de manera efectiva a los lineamientos técnicos y jurídicos que han comenzado a regir.

A pocas semanas de terminar el año no existe claridad sobre la reglamentación de la Ley 2232 por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Llama la atención que esta cartera, liderada por una reconocida y respetada ambientalista, mantiene la constitución de la “Mesa Nacional para la gestión sostenible del plástico y de apoyo técnico” del Gobierno anterior, en la que participan de forma prevalente los gremios de la industria del plástico y únicamente dos organizaciones ambientales. Los integrantes de esta mesa actualmente están buscando salidas a las prohibiciones consagradas en la norma, con el objetivo de evitar el debilitamiento de su industria, dejando de lado las consideraciones ambientales y sociales que motivaron la aprobación del proyecto.

Compromiso global

Actualmente la ONU está impulsando el primer tratado internacional para frenar la contaminación por plásticos, el cual debería estar listo para el 2024. Este instrumento internacional reconoce la magnitud del problema de los plásticos a nivel global, partiendo de la base que se requiere algo más que disposiciones locales para ser atendido de forma efectiva. La contaminación plástica viaja por las fuentes hídricas sin reparar en fronteras y, al igual que el cambio climático, amenaza indistintamente a nuestro planeta.

El Congreso de la República no entendió la magnitud de esta problemática en su momento, y torpemente eliminó la prohibición de fabricación de plásticos de un solo uso para exportar de la Ley 2232. Sin embargo, la construcción y negociación de este tratado ha demostrado que este es un problema global, y Colombia, con un Gobierno más progresista y comprometido con la protección del ambiente, debe reconocerlo y jugar un rol fundamental en el desarrollo de este instrumento.

Las naciones del mundo están obligadas a adoptar posturas más estrictas con aquellas industrias que, irresponsablemente, están acabando con nuestro planeta. No obstante, mientras los compromisos se firman y los acuerdos llegan a buen término, debemos insistir en que las industrias, el Gobierno y los tomadores de decisiones adopten medidas provisionales de forma urgente. La Ley 2232 de 2022 debe ser reglamentada sin mayores dilaciones y los consumidores debemos exigir su implementación inmediata. El planeta no da plazos adicionales y el tiempo se nos está acabando.

*Representante a la Cámara