Durante las últimas seis semanas el municipio de Buriticá en Antioquia no ha registrado ningún delito. Esto no siempre fue así. De hecho, por cuenta de la minería los cerca de 6.000 habitantes de esa población vieron transformar dramáticamente la vida en los últimos siete años. El rumor de que ese pueblo estaba asentado sobre el yacimiento de oro más grande del continente hizo que a lo largo de la última década más de 5.000 personas de poblaciones como Segovia, Remedios y Zaragoza, entre otras, llegaran a buscar suerte en alguno de los más de 100 túneles y socavones en las montañas de Buriticá.Con ellos también aparecieron las bandas criminales, especialmente los Úsuga, y el caos se desató. La violencia se disparó y los hurtos, las riñas y más de 500 prostitutas de todos los rincones del país, que podían ganar hasta 3 millones de pesos por noche, también inundaron las calles del pueblo.A mediados de abril pasado la Policía de Antioquia, el Ejército y otras autoridades de ese departamento realizaron una gigantesca operación contra la minería informal e ilegal y se tomaron el municipio. Sellaron minas, decomisaron maquinaria y elementos avaluados en 95.000 millones de pesos y arrestaron a algunos de los promotores de la minería ilegal, entre ellos alias el Doctor, que trabajaba para la bacrim de los Úsuga. La operación causó descontento entre algunos mineros informales de la zona. Pero el medio millar de prostitutas y otras 2.600 personas que no eran del lugar se vieron obligadas a salir, con lo que retornó la normalidad a esta convulsionada región.En el nombre del PadreQuienes tuvieron que abandonar el sitio instauraron más de 20 tutelas y otra avalancha de acciones judiciales. Argumentaban el derecho al trabajo, entre otras cosas. No obstante, ninguna de esas acciones legales prosperó. Las autoridades esperaban esa ofensiva jurídica, lo mismo que posibles acciones armadas por lo cual Buriticá cuenta con un fuerte dispositivo policial y militar para impedirlo. Pero no contaban con que aquellos mineros que se vieron afectados con las medidas encontraran un aliado religioso.Desde que se realizó la intervención en abril pasado, la Fiscalía y otras autoridades empezaron a notar las duras declaraciones que realizaba Hernán Darío Ortiz López, miembro de la Iglesia Católica Anglicana. Como representante de la misión anglicana social en Buriticá se convirtió en el más férreo abanderado de una causa que reclamaba el derecho a trabajar de todos los que tuvieron que salir de esa población, incluidas las prostitutas.Con 48 años de edad, Ortiz se ordenó en noviembre del año pasado, según aparece en los registros de la página oficial de la Iglesia Anglicana. Sus posiciones a favor de los mineros informales, que prácticamente destruyeron Buriticá, llamó la atención de los investigadores de la Fiscalía. Para su sorpresa, al verificar en sus bases de datos encontraron que a su nombre existían seis registros de investigaciones penales. En 2009 por hurto agravado y abuso de confianza. En 2010 otra denuncia por abuso de confianza. En 2012 y 2013 dos anotaciones por estafa. En ese año también le aparece otra investigación por el delito de amenazas. Y la más reciente, de comienzos de este año, por lesiones culposas. La mayoría de estas investigaciones están activas y en proceso en la Fiscalía. Las autoridades desconocen si los miembros de su comunidad religiosa o sus feligreses están enterados de esos hechos.Sin embargo, más allá de los líos judiciales, a los investigadores les despierta graves sospechas el activo papel de Ortiz frente al problema minero. El miércoles de la semana pasada el religioso pasó de simples declaraciones a acciones de hecho. Ese día, la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) emitió un comunicado en el que convocaba una marcha para el día siguiente “contra la xenofobia promovida por el gobierno, contra la farsa y la mentira y expulsión de nacionales de su propio territorio”. Denominada ‘Gran retorno al municipio de Buriticá’, era una convocatoria para que aquellos que salieron tras la operación de abril se tomaran de nuevo la población.Sorprendentemente, mediante mensajes de voz difundidos por redes sociales se escucha a Ortiz que alienta y promueve la toma por parte de esos mineros. “Acabamos de confirmar la salida para la marcha desde Santa Fe de Antioquia a las doce del día y pretendemos continuar hacia Buriticá. Invitamos de manera oficial a todos para que me difundan. Es la marcha para demostrar que, como nos fuimos, entre comillas voluntariamente, según el gobernador, regresamos a nuestra tierra”, dice uno de sus mensajes (escuchar audio 1 y audio 2).Poco antes del mediodía del pasado jueves 9 de junio, Ortiz y los representantes de Conalminercol se encontraron en la terminal de transporte de Santa Fe de Antioquia en donde comenzaron a organizar la caravana y a quienes iban a participar en la protesta. Con un grupo de aproximadamente 150 personas, el sacerdote y su comitiva partieron rumbo a Buriticá, ubicada a 40 minutos.Al llegar a un sitio conocido como Pinguro, cerca de su destino, Ortiz y su comitiva se encontraron con un dispositivo de las autoridades que impidió el ingreso de vehículos a la población para evitar alteraciones de orden público. La gran mayoría de quienes estaban en la protesta eran personas de poblaciones distintas a Buriticá que hasta hace tres meses habían invadido ese municipio.Los marchantes, liderados por Ortiz, optaron por usar el platón de una camioneta para lanzar arengas contra el gobierno departamental y nacional. En la imágenes que obtuvo SEMANA se observa cómo minutos antes el religioso conversa animadamente con Rubén Gómez, secretario de Conalminercol y representante de la mesa minera de Segovia. Este hombre y Ortiz subieron a la camioneta y con micrófono en mano pronunciaron discursos por el derecho al trabajo y contra la intervención.SEMANA intentó en repetidas oportunidades comunicarse con Ortiz pero no fue posible contactarlo. No obstante, lo cierto de ese episodio es que fuera de los problemas judiciales que ya tiene del pasado, las autoridades, especialmente la Fiscalía, consideran extremadamente inusuales y sospechosos las recientes actuaciones del religioso. Funcionarios de ese ente investigador afirmaron a SEMANA que si bien comprenden que pueda realizar una labor de apoyo y acompañamiento, no es fácil entender por qué respalda medidas de facto, como una protesta que por fortuna no terminó en enfrentamientos con la fuerza pública.Tampoco entienden por qué el empeño en que retornen a Buriticá personas ajenas a ese pueblo que, como lo demuestran las estadísticas, no solo generaron una catástrofe ambiental por la minería informal, sino violencia e inseguridad. Por todo lo anterior, es muy posible que pase de responder solo a la autoridad celestial a dar explicaciones a las autoridades terrenales, las que están muy interesadas en él.