¿Algo se mueve en Venezuela? Estos son los acuerdos entre el régimen de Maduro y la oposición de cara a 2024

La reciente suspensión de algunas de las sanciones que pesaban sobre Venezuela ha levantado expectativas positivas para la economía del país.

No obstante, para el aprovechamiento pleno y eficiente de los recursos que generarán las operaciones autorizadas ahora por la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros, Office of Foreign Assets Control) se exigen, además del cumplimiento de una serie de compromisos políticos, algunos cambios en la dirección económica del país.

Gobierno y oposición

En la reunión entre representantes del Gobierno y de los partidos de oposición de Venezuela celebrada el 17 de octubre de 2023 en Bridgetown (Barbados) se suscribieron dos acuerdos sobre:

• La promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para el próximo proceso comicial presidencial de 2024.
• La protección de los intereses vitales de la nación en relación con los activos de la república en el exterior (activos de Citgo) y la defensa de la integridad territorial venezolana y la soberanía nacional (disputa del Esequibo).

Estos acuerdos constituyen avances sobre las negociaciones iniciadas en Ciudad de México en agosto de 2021. Las operaciones autorizadas en los ámbitos de la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) brindan una oportunidad al país para incrementar los flujos externos de recursos. No obstante, esta autorización es temporal y su renovación está sujeta a si Venezuela cumple los compromisos respecto a la hoja de ruta electoral y las personas detenidas de manera indebida.

La concreción de un aumento significativo en la factura petrolera y en los niveles de producción de crudo y de gas depende, en gran medida, del mejoramiento de la oferta de servicios públicos esenciales (como electricidad y agua) y de la infraestructura física de PDVSA. La importancia de esto se ha evidenciado en las dificultades de Chevron Corporation –que reinició actividades petroleras en diciembre de 2022 por autorización de la Ofac– para alcanzar las metas de producción inicialmente establecidas.

En este contexto de restricciones, algunos expertos estiman que el alivio de las sanciones petroleras agregaría a los niveles de producción de crudo, como mucho, entre 200 y 300 mil barriles diarios en los próximos dos años, incluyendo los de Chevron. De hecho, las proyecciones del Informe de Coyuntura Venezuela de octubre de 2023 contemplan un crecimiento de los niveles de producción petrolera de un promedio de 145 mil barriles diarios entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.

Un impacto positivo que, sin embargo, debe destacarse es el que surge de la posibilidad de que el crudo de Venezuela se coloque sin los importantes descuentos de precios en los mercados asiáticos, como ha venido ocurriendo hasta ahora, y que han representado un sacrificio anual en 2022 y 2023 de, aproximadamente, 4.000 millones de dólares.

Oro y bonos del Estado

Otros aspectos positivos de las licencias extendidas por la Ofac están relacionados con la autorización de las exportaciones de oro y del comercio secundario de ciertos bonos soberanos venezolanos y títulos de deuda y acciones de la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA). Se mantiene la prohibición de operar bonos en el mercado primario.

En el primer caso, porque la Ofac considera que con esta autorización se podría reducir el comercio de oro en el mercado negro. Esos recursos podrían visualizarse en la balanza de pagos de Venezuela y contar como una fuente de ingresos fiscales a ser percibidas efectivamente por el Gobierno. De acuerdo con Transparencia Venezuela, el 30 % de las ganancias producidas por la extracción aurífera iría a manos de redes criminales que participan en la explotación ilegal de la riqueza aurífera del país.

En el segundo caso, porque se espera la recuperación de los precios de los bonos soberanos y de PDVSA, hecho que ya se evidencia en el aumento inmediato en los precios que se ha venido experimentando tras el acuerdo. Esto supone mejores condiciones para el proceso de reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela, actualmente en situación de suspensión de pagos, y para el restablecimiento del acceso al financiamiento internacional.

En general, que tales resultados se materialicen depende de la existencia de un entorno propicio para la inversión privada en el país, fundamentado en el incremento de la credibilidad y confianza en el Gobierno y sus políticas públicas y en la reorientación de las políticas macroeconómicas vigentes que, en su diseño actual, no garantizan una senda de sostenibilidad fiscal y de las finanzas públicas, ni la transición hacia condiciones más estables de crecimiento equilibrado, sostenido y creíble.

Por María Antonia Moreno

Profesora Investigadora Asociada, Universidad Católica Andrés Bello

Artículo publicado originalmente en The Conversation.