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Amenazan con prohibir las manifestaciones en contra de Daniel Ortega en Nicaragua

La vicepresidenta de Nicaragua avisa de que “nunca” se repetirán las protestas de 2018.


La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha advertido de que la “explosión infernal” que se vivió hace cuatro años con el estallido de las protestas sociales “nunca más se dará”, acusando tanto a opositores políticos como a la Iglesia católica de promover “actos de terrorismo”.

Murillo, esposa también del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha cargado en un discurso contra quienes quisieron “sembrar el terror” en abril de 2018, al aludir a una ola de protestas sin precedentes que concluyó con más de 300 muertos, según la ONU.

Las movilizaciones estallaron por el malestar ciudadano sobre la reforma de la seguridad social, pero a ojos del régimen nicaragüense fueron un intento de golpe de Estado del que responsabilizan a “terroristas cómplices del régimen yanqui”.

Murillo ha extendido sus críticas hacia la Iglesia, hacia “quienes se llamaban pastores” y que supuestamente también promovían la violencia. “¿Cómo vamos a perdonar eso, ni perdón ni olvido para los masacradores de la paz, de la concordia, de la vida tranquila y del pueblo? Ni olvido ni perdón”, ha proclamado, según el diario La Prensa.

La vicepresidenta ha insistido en que su Gobierno trabaja para que “nunca” más vuelva a repetirse lo ocurrido entonces: “Si hay algo que cuidamos con celo es la paz y es un derecho y un deber cuidar la paz”. Bajo esta premisa ha justificado la ola de arrestos de opositores emprendida en el último año.

En Nicaragua “se inventan leyes” para cerrar universidades, denuncian estudiantes

El Congreso de Nicaragua cerró este 3 de febrero 14 asociaciones y universidades, entre ellas la Politécnica de Managua, símbolo de las protestas que pusieron en jaque al gobierno del presidente Daniel Ortega en 2018, una medida considerada por sus críticos como una “estrategia de exterminio”.

Durante la sesión del Parlamento, de mayoría oficialista, se les retiró la personalidad jurídica a estas instituciones, ligadas a la Iglesia católica y a la educación superior, a petición del Ministerio de Gobernación, que las acusa de incumplir normas de transparencia. La medida implica el cierre de funciones.

Entre las casas de estudio suspendidas figura la Universidad Politécnica de Managua (Upoli), donde cientos de estudiantes se atrincheraron durante masivas protestas contra una reforma a la seguridad social en abril de 2018, detonante de una crisis política que aún persiste.

Las otras instituciones educativas cerradas son la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico (Ucatse), la Popular Nicaragüense (Uponic), la Paulo Freire (UPF) y la Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH). También otras nueve asociaciones privadas.

Según el Ministerio de Gobernación, estas entidades, entre las que figuran varias organizaciones no gubernamentales (ONG), han incumplido y obstaculizado la ley que rige el control y la vigilancia de las asociaciones civiles sin fines de lucro, lo que promueve una falta de transparencia de los fondos que reciben.

Sin los reportes correspondientes, asegura el Ministerio, la autoridad no puede identificar quién es su representante y sus asociados, lo que viola la ley.

El cierre de estas cinco universidades, tres de Managua, una en Estelí (norte) y otra en Carazo (suroeste), provocó la condena de estudiantes que “quedan en un limbo” para continuar su formación, le dijo a la AFP la dirigente estudiantil Dolly Mora.

Todo esto ocurre mientras en Nicaragua son sometidos a juicio más de 40 opositores presos, a quienes el Gobierno acusa de conspirar contra el país y promover un golpe de Estado contra Ortega, auspiciados por Washington.

*Con información de AFP y Europa Press.