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La detenida expresidenta de Bolivia denuncia una serie de irregularidades en el marco del juicio que se adelanta en su contra. La mujer advierte que no actuó en respuesta a un plan de golpe de Estado contra Evo.
La detenida expresidenta de Bolivia denuncia una serie de irregularidades en el marco del juicio que se adelanta en su contra. La mujer advierte que no actuó en respuesta a un plan de golpe de Estado contra Evo. - Foto: Twitter/ JeanineAnez

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Áñez niega haber adelantado un golpe de Estado contra Evo Morales y se declara inocente

La expresidenta interina de Bolivia, quien se encuentra actualmente en prisión, es señalada de orquestar un plan para sacar del poder a Evo Morales en 2019. La Fiscalía de su país ha solicitado que se dicte una condena de 15 años de cárcel.

En medio de una nueva audiencia celebrada en el marco del proceso en contra de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, la exfuncionaria se manifestó para declararse inocente en el juicio que se adelanta por supuesto golpe de Estado en contra del entonces presidente de su país, Evo Morales, quien abandonó el poder en 2019, en medio de un escándalo por presuntas irregularidades en el proceso democrático de su reelección presidencial.

En aquel entonces, Áñez asumió el cargo, en su calidad de presidente del Congreso de la República, tal y como lo dicta la Constitución de su país, plaza que ostentó hasta la realización de unos nuevos comicios, en los que resultó elegido Luis Arce como nuevo presidente.

En sus declaraciones, conocidas en el considerado período de recta final del proceso que se adelanta en su contra, la funcionaria aclaró que “hice lo que tenía que hacer, asumí la Presidencia por compromiso... Lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad”.

La mandataria de 54 años complementó afirmando que todos saben que soy inocente”.

La situación actual de Áñez

La expresidenta de Bolivia se encuentra privada de la libertad desde hace cerca de 15 meses, en el marco del proceso que también se libra en contra de un grupo de altos mandos militares, a los que también se les ha vinculado en la investigación por la ocurrencia de un presunto plan golpista, advirtiendo también que estos habrían incurrido en el incumplimiento de los deberes y las resoluciones que les dicta la carta magna de su país.

A Áñez se le ha señalado de haber asumido el poder en medio de un procedimiento tachado de inconstitucional, ocurrido en el mes de noviembre de 2019, luego de que Morales presentara su renuncia y decidiera salir del país, como resultado de la creciente ola de protestas que se desataron luego de que organismos internacionales acusaran la existencia de una serie de irregularidades y presunto fraude electoral en los comicios. En su momento, los observadores de la OEA acusaron la existencia de hechos turbios en el desarrollo de la jornada electoral, en la que las autoridades electorales daban el triunfo a Morales.

Mientras que para las autoridades la aprehensión de Áñez responde a su proceso por la comisión de actos presuntamente irregulares, para ella su detención responde a intereses políticos y a una reprimenda luego de que Luis Arce, partidarios de Morales, asumiera la Presidencia.

La expresidenta interina de Bolivia se autodenomina una ‘presa política’, según declaraciones recogidas por la AFP.

El juicio en contra de Áñez ha sido un proceso accidentado, lleno de interrupciones, pero retomó su curso el pasado lunes, 5 de junio de 2022, avizorando su pronta resolución.

Actualmente, los tribunales son escenarios de los últimos alegatos por parte de los acusados y los entes acusadores ante el Tribunal Primero de Sentencias de la ciudad de La Paz, del cual se espera que tras recabar en las pruebas y testimonios, próximamente dará a conocer su veredicto.

Desde la Fiscalía de Bolivia, en audiencia adelantada esta semana, se presentó una solicitud formal para que la condena que se emita en contra de la expresidenta contemple una sanción de 15 años de cárcel, pena que se estima la máxima en la legislación boliviana para los delitos que le han sido imputados.

Por su parte, desde la defensa de la expresidenta se ha advertido la existencia de un presunto plan para coartar a las autoridades, e incidir en el fallo, forzando la condena de la mujer.

Dichas presiones estarían siendo ejercidas por el sector oficialista, adscrito al MAS, movimiento político al que pertenecen Arce y Morales.

Recientemente la expresidenta también ha sufrido una serie de quebrantos de salud que le han afectado durante el desarrollo de las audiencias, situación a la que se suman las consecuencias de una huelga de hambre que desarrolló por espacio de dos semanas.

La política, durante su período de detención, también ha intentado atentar contra su integridad física a través de la realización de una serie de cortes en sus extremidades superiores, hechos ocurridos durante el año pasado.

En solidaridad con la política, este viernes se conoció una carta firmada por 23 expresidentes de la región que abogan ante la Organización de Naciones Unidas y la UE para que desde allí también se repudien los crímenes políticos que, según ellos, se adelantan en contra de la mujer.

A través de las redes sociales, la exmandataria también ha denunciado una serie de presuntos atropellos en su contra durante el desarrollo de la recta final del juicio. “Me han negado todo y tratado peor que a nadie, pero fui, soy y seré la presidenta constitucional que asumió su deber tras la huida del cobarde”, afirmó Áñez.