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Juez dictó orden de prisión preventiva contra líder estudiantil que lleva 33 años en la universidad

El escándalo había sido destapado la semana anterior por un miembro del Congreso boliviano, quien también dio a conocer que el señalado devenga un sueldo equivalente a 12 millones de pesos colombianos. El diputado denunciante advierte que esta investigación podría dar un importante giro.


Este lunes se conoció un nuevo capítulo en la historia del líder estudiantil boliviano Max Mendoza, presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia, cuyo caso fue denunciado la semana pasada por parte de un congresista de su país, quien reveló que el estudiante, de 52 años, lleva 33 años vinculado a una universidad pública en su país (sin graduarse), y además, por el cargo que ostenta, devenga desde hace algún tiempo un sueldo cercano a los 12 millones de pesos colombianos.

Tras la denuncia, este lunes, el juez que conoció la demanda dispuso la imposición de medida de prisión preventiva en contra de Mendoza, quien desde su vinculación a la universidad pública en Bolivia a finales de los años 80 del siglo pasado se ha inscrito en varias carreras para mantenerse vinculado a la universidad; no obstante, a la fecha no se ha graduado de ninguna, pudiendo mantenerse vinculado a los órganos de representación estudiantil.

Mendoza fue denunciado por el diputado Héctor Arce, a finales de la semana pasada, señalando que este había convertido la representación estudiantil en “un negocio”, acusándolo de defraudar al Estado, además de prácticas orientadas al enriquecimiento ilícito.

Tras conocer el caso, las autoridades bolivianas abrieron una investigación formal en contra de Mendoza, advirtiendo que este había logrado mantenerse en el cargo de presidente de Confederación Universitaria de Bolivia, amparado en la excusa de que la pandemia había obligado a las universidades a impartir clases virtuales durante dos años.

De igual modo, como parte de la investigación, también se descubrió que Mendoza actualmente no reúne los requisitos” para ejercer el cargo en el que se encuentra, advirtiendo que para ello debería haber aprobado una licenciatura, y pese a estar vinculado desde hace 25 años a la Facultad de Derecho, aún no logra titularse como abogado.

Por lo anterior, el juez del caso, identificado como Javier Vargas, dispuso su detención, añadiendo que se abrirán investigaciones contra otros líderes estudiantiles envueltos en el escándalo de “eternizarse” en cargos, con el objetivo de obtener ventajas derivadas de dichas designaciones y favorecerse de los presupuestos que el Estado entrega a las universidades públicas.

Tras la providencia judicial, se espera que el señor Max Mendoza, de 52 años, sea conducido a una de las cárceles más importantes de la ciudad de La Paz, según declaraciones del fiscal Alave a medios internacionales.

Dentro de la denuncia pública interpuesta por el diputado Arce, también se conoció que, dentro del recorrido universitario, comenzado hace más de 30 años, se destaca que Mendoza ha reprobado más de 200 materias, de las cuales cerca de 100 han sido con una calificación de cero.

En ese mismo sentido, se conoció que el ahora detenido comenzó su formación profesional en 1989, vinculándose a la carrera de administración de empresas, asignatura que abandonó para comenzar a cursar derecho; a esa facultad lleva vinculado al menos 25 años, un tiempo que traduce en cinco veces la duración total de la carrera para obtener el título como abogado en ese país.

El caso de Mendoza salió a la luz tras el escándalo presentado a inicios del mes de mayo en ese país tras la muerte de cuatro estudiantes, producto de una estampida surgida al interior de una asamblea de estudiantes universitarios, en la que uno de sus participantes, en medio de una álgida discusión, activó un dispositivo lacrimógeno, incitando el fin de la reunión, cuando decenas de estudiantes intentaban escapar de los efectos del químico liberado.

El hecho dejó a su vez varias personas heridas, no solo por el efecto de los golpes y afectaciones físicas producto de la estampida, sino también del ahogo derivado de la activación de la bomba lacrimógena.

Tras los incidentes, cuatro líderes estudiantiles resultaron detenidos. El hecho tenía relación con el líder estudiantil ahora detenido, en tanto este estuvo presente en aquella asamblea estudiantil, respaldando a uno de los candidatos que pretendían llegar al cargo de representación estudiantil de esa universidad, quien eventualmente apoyaría la continuidad de Mendoza frente a la institución que agremia a los representantes estudiantiles de todo Bolivia.

Giro en la investigación

Además de la no idoneidad para desempeñar el cargo que venía desarrollando el señor Mendoza, este lunes también se dio a conocer que, en el marco de la investigación que cursa en su contra, también se evidenció que el representante estudiantil había abandonado en múltiples ocasiones el país, en compañía de ‘grupos folclóricos’, con destino a Europa y Estados Unidos; no obstante, pocos de los integrantes de dichas delegaciones volvían a Bolivia, por lo que ahora el diputado Arce, quien inicialmente denunció las irregularidades, recaba pruebas para identificar si el señalado también estaría involucrado en un caso de trata de personas.

En rueda de prensa entregada este lunes por Arce, el diputado explicó que ha solicitado una información específica al departamento de Migración, y si se llegase a evidenciar la irregularidad descrita, también se presentaría la correspondiente denuncia.