LA BATALLA DEL ABORTO

La aprobación por el gobierno de Felipe González de una reforma parcial del código penal, en la que se incluye la despenalización del aborto en determinados casos, ha desatado en España un intenso debate entre detractores y defensores del proyecto de ley. Dado que esa propuesta de despenalización del aborto figuró en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la resolución de la nueva mayoría parlamentaria de llevar a cabo semejante reforma legal no sorprendió demasiado.
La sorpresa, si acaso, ha venido dada por la premura con que el gobierno decidió su presentación ante el parlamento: a un mes largo del comienzo de su mandato. Es muy probable que dos sentencias sobre casos de aborto en Barcelona hayan aconsejado al gabinete no retrasar más tiempo una medida prometida a los electores.
En esencia, el texto aprobado por el ejecutivo dice que el aborto no será punible cuando exista peligro grave para la vida o la salud de la embarazada. De ser así, el aborto puede realizarse en cualquier momento del embarazo. El segundo supuesto es el de que el embarazo haya sido consecuencia de una violación, en cuyo caso se exigirá que el aborto se practique dentro de los tres primeros meses de gestación y previa denuncia ante la autoridad. Por último el aborto voluntario no será punible cuando exista probabilidad de que el feto nazca con graves taras físicas o psíquicas. En tal caso, el aborto podrá practicarse entre las veinte y veintidós semanas de embarazo, previo dictamen favorable de dos médicos distintos del que practique la intervención .
Curiosamente, un hecho de crónica policial es el que parece haber precipitado las cosas. La policía de Barcelona había recibido la denuncia de un presunto desfalco cometido en una empresa hace varios años, hasta que las pesquisas desembocaron en la detención de un joven y su compañera, quienes confesaron haber cometido la apropiación para poder pagar un médico que practicase el aborto en la muchacha. Este fue el principio de una larga investigación que finalizó meses más tarde con la detención de siete personas por prácticas abortivas. El proceso se cerró con duras penas para los culpables, pero en la sentencia se criticaba al gobierno por no adoptar medidas para regular el aborto.
Los magistrados, así, pusieron de manifiesto la distancia existente entre la legislación española y las normas vigentes en la mayoría de los países occidentales.
Las primeras reacciones de protesta contra la medida anunciada mostraron que la decisión del gobierno iba a encontrar seria resistencia dentro y fuera del parlamento. Manuel Fraga, jefe de la oposición, fue de los primeros en manifestarse en contra y pronosticó una dura batalla en las Cortes. Pero, dada la mayoría absoluta de los socialistas en el parlamento, la única esperanza para la oposición, una vez aprobada la ley, es un recurso de inconstitucionalidad.
La reacción de la Iglesia tampoco se hizo esperar. A los pocos días de conocerse la decisión del gobierno, la Conferencia Episcopal española dio a conocer un documento con críticas contundentes hacia el ejecutivo socialista en el que se invitaba a los católicos a expresar su desacuerdo con el proyecto de ley. Los obispos españoles, conocedores de que en las Cortes existe una amplia mayoría socialista y que la aprobación de la ley no parece difícil, propusieron además, realizar movilizaciones "con el respeto que imponen el espíritu cívico y la ley del evangelio" y rogaron a los gobernantes y legisladores que ponderasen en conciencia sus decisiones.
Pero si la Iglesia Católica, que aún conserva en España enorme poder e influencia social, ha llamado a la protesta dentro de la legalidad constitucional, hay otros sectores que parecen más interesados en el desgaste que para el gobierno puede significar este debate. Así, mientras los obispos de forma más prudente afirman que "no podrá escapar a la calificación moral de homicidio lo que hoy se llama aborto provocado", los ideólogos de la derecha más fanática lo definen como "asesinato" y las calles de las principales ciudades españolas han aparecido de pronto llenas de pintadas del tipo "aborto asesino", "mamá no me mates", "no al aborto, si a la vida", etc.
La prensa de derecha ha sacado su artillería pesada contra el gobierno sin importarle siquiera la tergiversación: a pesar de las afirmaciones del ministro de Sanidad, Ernest Lluch, según las cuales no se ha planteado que el aborto se realice a través de la Seguridad Social, un diario monárquico anunció en sus titulares que el aborto sería "libre y gratuito ".
Las feministas, por su parte, se lanzaron a las calles desafiando incluso los rigores de un tiempo excepcionalmente frío para pedir al gobierno, en la primera manifestación callejera tras la llegada de los socialistas al poder, una legislación más amplia.
Además algunos sectores del catolicismo han sido críticos, no ya sólo con la postura de la derecha más reaccionaria sino incluso con la reacción de la jerarquía católica española.
"Lo que más me escandaliza --escribía en un periódico madrileño el teólogo Enrique Miret- es que nuestros obispos no hayan tenido hasta ahora ninguna palabra de condena para esta práctica de las familias pudientes (abortar libremente en el extranjero) y, en cambio, se escandalizan y luchan contra la despenalización tan moderada que ha decidido el gobierno actual, la cual afectaría principalmente a las familias económicamente más débiles".
Esta afirmación pone de manifiesto uno de los hechos más evidentes del problema: más del 80% de las mujeres europeas no británicas que abortan en Inglaterra son españolas. Unas 22.000 el año pasado. Son en su mayor parte madres de dos o más hijos a quienes la economía doméstica no permite llevar adelante una familia más numerosa.
Los contactos para estos viajes se realizan a traves de conocidas agencias y existen algunos vuelos a Londres desde varias capitales españolas, en los que es fácil distinguir el rostro preocupado de unas mujeres que, al término de un fin de semana, regresarán al país tras haberse sometido a un aborto en condiciones terapéuticas adecuadas.
El resto de las 300.000 españolas que, según datos de la fiscalía del Tribunal Supremo abortan anualmente, lo hacen como buenamente pueden.
Juan González Restrepo