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Perú: Niegan petición de la Fiscalía de devolver a Keiko Fujimori a prisión

La excandidata presidencial por Fuerza Popular, e hija del expresidente Alberto Fujimori, fue condenada a un año y tres meses de prisión preventiva en enero de 2020.


La Sala Penal Permanente del Tribunal Supremo de Perú rechazó el recurso de casación presentado por la Fiscalía para dejar sin efecto la resolución que anuló la prisión preventiva de quince meses para la opositora Keiko Fujimori.

La excandidata presidencial por Fuerza Popular, e hija del expresidente Alberto Fujimori, fue condenada a un año y tres meses de prisión preventiva en enero de 2020 por blanqueo de capitales y otros presuntos delitos, si bien en mayo de ese mismo año la Justicia anuló la sentencia.

Tras la supresión de la pena, el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía apeló el fallo para dejar sin efecto la resolución alegando que la defensa de Fujimori presentó fuera de plazo el recurso de apelación, por lo que no debió ser admitida, según informó la emisora RPP.

Al respecto, la procuradora para casos de blanqueo de capitales, María Camus Dávila, respaldó en su día la posición de la Fiscalía y señaló que la defensa de Fujimori no presentó la apelación a tiempo, con lo que se debía desandar los pasos dados hacia la anulación de la pena.

Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo argumentó que la resolución de prisión preventiva fue dictada de forma oral en audiencia y apelada en ese mismo momento por los abogados de la opositora; sin embargo, en aquel instante no se hizo entrega de los documentos de notificación de la resolución.

Keiko Fujimori fue acusada de haber cometido blanqueo de capitales y otros presuntos delitos, así como de haber recibido contribuciones por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht en los años 2011 y 2016.

Eligen nueva fiscal general de Perú que comandará investigación al presidente Castillo

Entre tanto, la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público eligió a la procuradora Patricia Benavides en el cargo de fiscal general de Perú, convirtiéndose así en la encargada de dirigir la investigación en contra del presidente Pedro Castillo por un caso de presunta corrupción.

“En una sesión extraordinaria, la Junta de Fiscales Supremos eligió por unanimidad a Patricia Benavides Vargas como nueva fiscal de la Nación”, anunció la institución en su cuenta de la red social Twitter.

La nueva fiscal jefe ejercerá el cargo por tres años y reemplaza a Pablo Sánchez, que desempeñó esa función en forma interina los dos últimos meses.

Pedro Castillo, anunciando en un comunicado televisado su decisión de "reorganizar" su gabinete ministerial, lo que implica la salida del repudiado nuevo primer ministro, Héctor Valer Pinto
La Fiscalía de Perú investiga al presidente Pedro Castillo, en el poder desde hace 11 meses, por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar. (Photo by ALDAIR MEJIA / Peruvian Presidency / AFP) - Foto: AFP

Entre las principales causas que deberá atender Benavides se encuentra la investigación a Castillo, iniciada a fines de mayo. Dicho caso marca un precedente en la justicia porque es la primera vez que un presidente es sometido a indagación durante su mandato.

La Fiscalía investiga al mandatario izquierdista, en el poder desde hace 11 meses, por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.

En la legislación peruana se impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, pero no avanzar en las indagaciones en su contra, sostiene la Fiscalía. El mandato de Castillo, un exmaestro rural de 52 años, culmina en julio de 2026.

Castillo acudió el viernes pasado a la Fiscalía, en Lima, por vez primera, donde declaró durante cuatro horas en presencia del entonces fiscal general Pablo Sánchez.

“Nos hemos dado todo el tiempo y toda la predisposición para responder todas las preguntas” de la Fiscalía, dijo el mandatario tras responder las preguntas.

Añadió que “estamos dispuestos a seguir respondiendo, porque el Perú necesita que aclaremos las cosas y lo vamos a seguir haciendo”.

Se trata de la investigación sobre el consorcio “Puente Tarata III”, la cual busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas.

Cuatro investigados del entorno del presidente están prófugos tras dictarse una orden de prisión preventiva contra ellos. La Policía ofrece recompensas de entre 4.000 y 13.300 dólares por su detención.

* Con información de Europa Press y AFP